No es fácil, para quienes siempre hemos tratado de hacer las cosas bien y en función

de los intereses de la nación venezolana, enfrentar el reto de seguir haciéndolo en el caso de la convocatoria reciente de un referendo consultivo, sobre nuestra reclamación del territorio Esequibo. Personalmente no creo que haya ninguna razón para la convocatoria de ese referendo, pues todo lo allí consultado se puede perfectamente responder con el texto constitucional. Son otras, entonces, las causas involucradas en esta decisión, y son fundamentalmente de carácter interno, atinentes a la lucha política que depreda al país entre el gobierno y la oposición, cada uno con su comparsa de rufianes. Los factores externos a tener en cuenta obedecen a los intereses del gran capital transnacional y a la lucha entre las grandes potencias mundiales por el control y dominio del planeta, pero son de tal magnitud que difícilmente se verán influenciados por los resultados del referendo.

Es claro, además, que el reclamo del Esequibo no ha estado entre las principales preocupaciones de nuestros gobernantes, lo cual particularmente incluye a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, que curiosamente sólo ahora parece ocuparse del asunto. El Acuerdo de Ginebra es quizás de los pocos éxitos en el espinoso camino de reclamaciones y despojos que hemos sufrido históricamente, en los cuales hemos perdido unos 800 mil kilómetros cuadrados a manos de nuestros vecinos. A nadie engaña la convocatoria hoy de un referendo, que se sabe obedece a intereses nada patrióticos pese al “emotivo” discurso utilizado. Las extensas preguntas, hechas con premura, inducen a la confusión, pues cada una tiene varios condicionantes, aclaratorias y llegan incluso a incluir varias interrogantes, que pudieran ser respondidas con un “Sí” en unos casos y en otros con un “No”. Sin aludir en este momento a la naturaleza inconstitucional del referendo.

Algo grotesco es que se haga un referendo, en el que se legalice que una parte de los votantes pueda manifestarse contraria a la defensa integral del territorio, la cual es vital para toda nación. Dicho en la forma que a algunos les gusta: se estimula y legaliza que los “traidores” a la patria se expresen con absoluta impunidad. La pregunta 1 es ejemplo claro de lo que se señala, pues induce a que cualquiera pueda decir que no rechaza el Laudo de París de 1899, que legalizó el despojo de 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, ejecutado por la mayor potencia colonial del mundo de todos los tiempos: la Gran Bretaña.

La reclamación del Esequibo, en virtud de las inmensas riquezas energéticas del mismo y el interés de grandes transnacionales en su explotación, es de interés mundial y deja de ser sólo un problema entre dos naciones soberanas, algo que se debe tomar en cuenta en nuestras consideraciones sobre el referendo.   

Es entonces el interés de Venezuela el que debemos priorizar, así tengamos que aceptar hechos cumplidos que en otras situaciones habríamos desechado en forma contundente. El referendo es una realidad tangible, al igual que lo es la decisión de la Corte Internacional de Justicia de declarar su competencia en esta materia. Ambos procesos se llevarán a cabo y darán resultados independientemente de nuestra opinión y decisiones. De hecho, el gobierno y quienes lo siguen ya arrancaron su campaña de votar “Sí” en cada pregunta, como si se tratara de una encuesta para escoger un producto cosmético. También es cierto, que los resultados de la consulta no liberan al gobierno de Maduro de su responsabilidad de defender de la mejor forma posible la integridad de nuestro territorio. Debemos valorar también, como un ejercicio democrático, que los venezolanos se puedan expresar libre y contundentemente sobre esta delicada materia.

Llamamos entonces a votar el 3 de diciembre en el referéndum. Demostremos unidad ante el atropello guyanés. Votemos afirmativamente la pregunta 1, condenando de nuevo el despojo del Laudo de París de 1899. Votaremos “Sí” la segunda pregunta, pues el Acuerdo de Ginebra de 1966 fue la concreción exitosa de un reclamo histórico que derogó el Laudo parisino, y porque incluye todas las formas para llegar a un acuerdo, incluso la del arbitraje. Voten “Sí” las preguntas 4, que ratifica la defensa de nuestra integridad territorial y la obligación de enfrentar las pretensiones de Guyana de disponer de una plataforma marítima que no les pertenece y de bloquear nuestra salida al Atlántico, y 5, para ser coherentes sobre la venezolanidad del Esequibo y de sus habitantes.  

Sobre la pregunta 3, entendemos que el propio Acuerdo de Ginebra incluye, como uno de los últimos pasos, el arbitraje ante la CIJ, luego del fracaso de las otras formas para un acuerdo. El Secretario de la ONU escogió esta vía una vez fracasadas las otras. La corte es el máximo organismo de la ONU en esta materia, ya se declaró competente para actuar y sus sentencias son vinculantes. Es muy peligroso abandonar un escenario que nos permite exponer y presentar ante el mundo todos nuestros argumentos, títulos y pruebas. No asistir llevará casi con toda seguridad a un fallo favorable a Guyana y puede incluso llevarnos a perder nuestra salida atlántica, que no esta en este momento en discusión, pero que sin nuestra presencia puede ser incluida por Guyana en el establecimiento de los nuevos límites geográficos. Aconsejamos al gobierno no quedar en indefensión en esta sensible materia.

Debe quedar claro, que sólo nos motiva el interés sublime de Venezuela, por lo que adicionalmente llamamos a votar con conciencia y conocimiento de la materia, y no tomar la elección como si se tratara de algo insubstancial. Recomendamos de la mejor forma al gobierno de constituir una comisión de altísimo nivel, con los mejores expertos nacionales en el tema, sin importar sus creencias ideológicas, ni posiciones o trayectorias políticas, que asesore a los venezolanos sobre la mejor forma de proceder en este difícil caso. Y le recordamos que la unidad nacional es necesaria en casos como éste, pero que la misma debe dejar de ser sólo palabras que no generan ningún cambio de conducta gubernamental.