El socialismo del siglo XXI terminó siendo –como todos los colectivismos- un modelo salvaje de empobrecimiento de los trabajadores del sector público,

y un aparato represivo e intimidatorio de  sindicatos, gremios y partidos en los que se organiza la clase laboral. Maestros, profesores, trabajadores del sector salud y de las empresas básicas de Guayana, y, en general, empleados activos o jubilados que reciben sus ingresos del Estado, han sido conminados a ganar salarios miserables y, por añadidura, sus líderes –esos que dirigen las luchas reivindicativas- han sido perseguidos y encarcelados. Algunos cuadros del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de Bandera Roja (BR), agrupaciones ubicadas sin ningún matiz en el campo de la izquierda, son amenazados y llevados a prisión. Al PCV se le tendió un cerco tan estrecho, que su propia existencia legal se encuentra amenazada. El refrán popular dice que no hay peor astilla que la del propio palo. Los camaradas están sufriendo esta verdad en carne propia.  

Debido al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y servicios –asociado principalmente  a la devaluación del bolívar- el deterioro del poder adquisitivo de los empleados del Estado  ha venido en picada desde el último trimestre de 2022. De acuerdo con  el último boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el salario mínimo –que en enero del año pasado era de $30- ha perdido 80% de su valor. En la actualidad apenas supera los $5, aplicándole la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Como se sabe, el salario mínimo sirve de referencia para el pago de las pensiones, beneficio (aunque es difícil llamarlo de ese modo) que reciben más de tres millones y medio de venezolanos. 

Los ingresos de quienes laboran para el Estado han mermado tanto, que la agrupación Control Ciudadano le exigió al general Padrino López, el eterno ministro de la Defensa de Nicolás Maduro,  que confirme el rumor según el cual él les pidió a los militares promover emprendimientos para ‘rebuscarse’, de modo de que obtengan recursos monetarios fuera de la institución castrense, pues para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resulta imposible darles un aumento salarial. El ministro aún no ha respondido y es posible que no se moleste en hacerlo. Sin embargo, el siseo  debe de tener una base real. Los militares –a quienes se les han entregado rutas de distribución de alimentos, aduanas, alcabalas fronterizas, empresas del Estado, peajes, estaciones de gasolina, cárceles, entre otros espacios para el ‘rebusque’- no viven en Marte, sino en este azotado territorio que es Venezuela. Muchos de los oficiales y tropa  que conforman ese amplio estamento, deben padecer los mismos rigores económicos que confrontan la inmensa mayoría de los ciudadanos. La inflación no discrimina entre militares y civiles.

Mientras los defensores del socialismo del siglo XXI han permitido que los ingresos se envilezcan y la pobreza  entre los trabajadores del Estado haya escalado hasta por encima de 80%, el sector privado, en medio de las adversidades que lo rodea, ha logrado remunerar la fuerza laboral con un salario mínimo superior a los $100 mensuales. Esta cifra, comparada con el resto de América Latina, resulta baja. Pero, contrastada con la del sector público nacional, tenemos que los trabajadores de área privada son significativamente mejor retribuidos que los del Estado. Este dato no sería tan significativo si el Gobierno no se lo pasase –a través de los numerosos medios de comunicación que controla- denigrando de la economía de mercado (llamada por ellos con desprecio capitalismo) y de los empresarios particulares. 

Como consecuencia de todas las políticas desacertadas del régimen –destrucción de Pdvsa, expropiaciones, confiscaciones, controles y la larga lista que sigue- se produjo la contracción económica y la hiperinflación. Ambos procesos  socavaron el salario y las posibilidades de que el Gobierno aplique una política de remuneración que amortigüe  de forma significativa la espiral inflacionaria. En ese estadio se encuentra ahora el país: la inflación y la devaluación son indetenibles de forma  permanente, al tiempo que el régimen carece de recursos suficientes para compensar de manera importante la erosión de los ingresos. 

Colocado en este trance, Maduro y su gente optaron por dejar que los precios de los bienes y servicios vayan creciendo de acuerdo con los imperativos del mercado, mientras los sueldos permanecen rezagados por el peligro de que el acoplamiento entre la subida de los precios y el incremento de las remuneraciones dispare aún más la inflación, siempre atada a la devaluación. Para romper este círculo vicioso, el Gobierno debería acceder al financiamiento internacional. Debería obtener un volumen de divisas  que haga posible que el aumento de las remuneraciones en bolívares no se traduzca en mayor devaluación e inflación. Pero, ya se sabe que ese financiamiento pasa por el levantamiento de las sanciones y, previamente, por un compromiso del régimen a realizar elecciones libres, sin inhabilitados, ni presos políticos, y en las cuales los venezolanos en el exterior puedan votar. 

Debido a que la claque dominante se niega a contraer ese compromiso, mientras Maduro esté en Miraflores, habrá ajuste de precios sin ajuste de salarios.