Para que se pueda decir, con propiedad, que en un país determinado funciona una democracia, debemos asegurarnos

de que en ese país que analicemos brille la luz de la seguridad jurídica. Ese principio que en derecho reclama que las leyes en vigencia sean estables en el tiempo, lo cual permitirá a todos los actores de una sociedad saber a qué atenerse a la hora de proyectar y cumplir cualquier asunto que pudiera dar lugar a un conflicto que será resuelto en los tribunales de ese país.

Permítanme lectores que ponga como caso la situación de Venezuela, en donde las leyes no son accesibles para los ciudadanos, tampoco esas leyes o normas tienen claridad y no son inteligibles, lo cual conlleva a concluir que tampoco pueden ser predecibles, en virtud de que los ciudadanos no tienen certeza de que sus respectivas familias, sus bienes y derechos estén protegidos por esas normativas que las autoridades gubernamentales aplican antojadizamente. El ejemplo de Venezuela lo asomo como un espejo en el que pudieran mirarse los ciudadanos de cualquier otro país del mundo, como por ejemplo España o Colombia, en donde se dan actualmente debates relacionados con pretensiones de modificar su estructura judicial.

En Venezuela el régimen actual pasó a controlar indebidamente el sistema judicial por lo que los tribunales se usan para judicializar la política. Para que se tenga una idea más clara de esto que narro, se ha dado el hecho de que el dictador Maduro ordenó, a su tribunal de justicia, arrebatarle los símbolos a varios partidos políticos para entregárselos a unos dirigentes, previamente acordados con él. Es como si el presidente Gustavo Petro en Colombia le quita los símbolos al Partido Conservador para ponerlos en custodia de un colombiano que obedezca sus órdenes, o como si en España, el presidente Pedro Sánchez le ordena a un tribunal de Madrid arrancarle los símbolos del Partido Popular para cederlos a un grupo avenido con su PSOE.

El criterio del jurista español Elías Díaz, expuesto magistralmente en su libro Estado de Derecho y Democracia, es que “el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por ley…Las ideas de control jurídico, de regulación desde el Derecho de la actividad estatal, de limitación del poder del Estado por sometimiento a la ley, aparecen, pues, como centrales en el concepto del Estrado de Derecho en relación siempre con el respeto al hombre, a la persona humana y a sus derechos fundamentales”.

Nada de lo resumido en la anterior reflexión atribuida al jurista Díaz, es posible que se cumpla en un país en donde, además de manipular los tribunales que dictan sentencias para privar irregularmente de la libertad a sus ciudadanos, también tienen maniatadas instituciones claves como la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Por eso es que en Venezuela es moneda corriente que el régimen viole los derechos humanos más elementales y esos fiscales no digan nada que contraríe los designios del dictador. En Venezuela la libertad de expresión está vedada y si se protesta son capaces de usar de forma excesiva la fuerza para arremeter contra los ciudadanos. A los disidentes, si los apresan de manera arbitraria, no les permitirán ser juzgados en el marco del debido proceso y seguramente terminarán torturados. Está el escandaloso caso que afectó al diario El Nacional, cuyo editor, Miguel Henrique Otero fue acusado de difamación por publicar una noticia que circuló por todo el mundo y terminó un tribunal asaltando su edificio, su rotativa y demás equipos. Imagínense, amigos lectores, que en Colombia el presidente Petro hiciera lo mismo con el diario El Tiempo o en España, el presidente Sánchez con el diario ABC, por ejemplo.

Todo cuanto escribo tiene fundamento en expedientes correctamente elaborados, en los cuales también constan las miles de ejecuciones extrajudiciales en las que aparece como principal responsable Nicolás Maduro. 
Otro fenómeno que aflora y se acrecienta, tanto y en cuanto no exista seguridad jurídica en un país, es el de la corrupción, tal como acontece en Venezuela en donde los entes llamados a exigir rendiciones de cuenta y a controlar a los funcionarios gubernamentales son también marionetas de la dictadura.

En Venezuela existen decenas de obras inconclusas para las que se asignaron montos que suman más de 48.000 millones de dólares. Veamos algunos casos emblemáticos: Para concluir la represa de Tocoma, en el estado Bolívar, se asignaron 9.000 millones de dólares, se los robaron. Para edificar el Tren Tinaco, en el estado Cojedes, se reservaron 7.500 millones de dólares, aún no se sabe el destino de esos dineros. Lo mismo ocurrió con los 4.904 millones de dólares que se reservaron para financiar el Tren de Guarenas, una población cercana a Caracas. Para construir dos puentes, el segundo sobre el lago de Maracaibo y el segundo sobre el río Orinoco, se aportaron 4.500 millones de dólares, no hicieron esos puentes y el dinero se lo embolsillaron los amigos de la revolución. Tampoco se concluyó el proyecto de Gas Anaco, en una zona oriental de Venezuela y los 3.876 millones de dólares están en el limbo. Como los 1.290 millones de dólares que se estipularon para el proyecto de Astilleros del ALBA, y los 2.200 millones de dólares adjudicados a la empresa Pulpaca, y los 4.000 millones de dólares que han debido invertirse en la Siderúrgica Abreu de Lima.
Pudiera seguir enumerando casos que revelan la manera cómo se han robado los recursos con el amparo de una dictadura que usa a su fiscal para dictar “orden de captura” a las tres diputadas que conforman la nueva directiva de la Asamblea Nacional del país, pero prefiero cerrar este escrito destacando esa aberración y mascarada que pone de manifiesto cómo se pierden los valores y se desdibujan los más nobles principios que deben observarse, siempre, en un verdadero sistema democrático.