Parece mentira, pero mientras atravesamos en el país una situación inclemente para todos los ciudadanos, denominada

por la Organización de Naciones Unidas (ONU), con justa razón, Emergencia Humanitaria Compleja; mientras reducen los sueldos que aun no alcanzan para la supervivencia;  mientras no terminan de superarse el Coravid-19 y sus derivaciones; mientras las condiciones laborales, físicas en general y materiales siguen siendo paupérrimas: planta física, laboratorios, servicios - agua, internet, electricidad, aseo, seguridad, transporte; mientras la desprotección social llega a que los universitarios tengamos que acudir, al igual que la inmensa mayoría de  los venezolanos, a la caridad pública para sobrevivir por motivos de salud, se ahonda el hostigamiento, el acoso laboral y la persecución despiadada en las universidades. 

En la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), por ejemplo, le suspendieron muy injustamente, si nos atenemos a todo lo anterior mencionado, el sueldo a varios profesores. Peor se portan en las universidades tomadas más directamente por el régimen. Se vuelven más y más retaliativos. Especialmente ahora, cuando existe en la calle un reclamo permanente por la reducción de sueldos, por el desconocimiento supino de una Convención Colectiva que impusieron con los propios sindicatos creados por el régimen, en asunción de una representación de la que carecen abiertamente. Así, en procura de una presencialidad que está por demás negada por la realidad en estos momentos, algunas autoridades se han dado a la tarea de perseguir al personal. Como ocurre en la Universidad Simón Bolívar (USB), donde se ha llegado a afectar la libertad académica y la libertad de cátedra. 

Un correo, circular, emanado de Capital Humano, dirigido a toda la comunidad da cuenta de la persecución emprendida al personal técnico, administrativo y obrero en procura de información acerca de asistencia y actividades realizadas. La amenaza encabeza la lapidaria comunicación: "en el marco de una gestión apegada a los procedimientos legales y administrativos", luego expresa lo que se requiere producir con la amenaza legal y administrativa: "el cumplimiento del llamado de retorno a la presencialidad en la USB". Y piden datos del trabajador, días que ha laborado, plan de trabajo, y actividades cumplidas. La información debe entregarse antes del 14 de junio y debe recabar la data desde el 29 de noviembre del año pasado. Una universidad que no paga un sueldo ni siquiera atenido a la CCU que impusieron para el sector sino muy por debajo de los requerimientos de los DDHH, la Constitución, las leyes y la supervivencia, que ha hecho caso omiso a la protección social en salud y todas las múltiples áreas que incluye, en la que falla el transporte, el agua, el comedor, la electricidad, que debe una quincena de marzo, se atreve a exigir actividades, y en  presencialidad, actividades cumplidas, planes de trabajo y otras minucias al personal. Pero ocurre que, como con el acoso a los profesores por la vía legal, con expedientes y averiguaciones, el mensaje no es solo para los trabajadores, se extiende a toda la comunidad. 

Lograrán profundizar la huida en estampida del personal. De un personal, académico, administrativo y obrero que trabaja por entrega material humana y espiritual, por nada más, porque eso ni es sueldo ni alcanza para vivir. Así se dan las aperturas y procesamientos como si todo fuera normal en universidades como la Carabobo. Tratando de cumplir con las órdenes del régimen del terror que impone la presencialidad en educación como su norte, a pesar de que no resuelve ni siquiera la paga del personal al que no puede darle respuesta en sus requerimientos de respetar las leyes y la constitución a la par de los acuerdos internacionales. La paz laboral está muy lejos de volver a las universidades, así como la presencialidad. El reclamo por los derechos laborales continuará hasta que se reconozca su violación continua por el Estado, por el régimen apropiado del Estado. 

La sugerencia, si se quieren evitar males mayores en las universidades, a las autoridades menos afectas al régimen y menos cumplidoras de sus designios es que impidan de cualquier manera el acoso laboral, que procuren evitar la pérdida mayor de personal académico y no académico arrollado permanentemente por la realidad impuesta desde el poder. Porque sino será mucho más difícil, sin ese personal, pensar siquiera en planes para una reelaboración de la idea de universidad. El acoso, del modo que sea, es  absolutamente despreciable.