A propósito de lo que este prolegómeno busca exaltar, luce interesante y propio del actual momento crítico que atraviesa Venezuela, discutir algunas razones que animan este tipo de contrariedades. Sin embargo, la ocasión es válida para enfatizar algunas consideraciones sobre las cuales se asientan las razones que han generado los problemas que (por ahora) tienen ahogada a Venezuela. 

Afirmar que el país necesita coherencia, más aún cuando se viven tiempos de la verdad, no significa otra cosa que plegarse al respeto que compromete el trazado de su Carta Magna. Siempre que ésta se reconozca y sea aceptada como el pacto social cuyo articulado refiere el modo jurídico, administrativo y organizacional de asegurar la soberanía, la ciudadanía, las libertades, derechos y deberes que cimientan la funcionalidad de una sociedad cuya forma política es el Estado, en toda su rigurosidad y extensión. 

Sin embargo, debajo de lo que estos postulados de convivencia política, social y económica pueden alentar, calzan tentaciones, hechos y apegos que ocurren al margen de los que las leyes pueden dirimir. Sobre todo, de la ley fundamental. O sea, de la Constitución. 

El problema se hace sentir cuando dicha Ley Suprema, ocultándose en la penumbra de lo que su manto puede exhortar en cuanto al resguardo, defensa y preservación de principios y valores, se dan transgresiones y desviaciones de los caminos de la legalidad y legitimidad que destaca el referido texto. 

Así que en el marco de estas intenciones, hay quienes hurgan entre las inmundicias de la inmoralidad todo lo que lleve al encuentro con oportunidades, en cuyos atajos pueden obtener o hallar provechos, ganancias o privilegios propios de la corrupción o de la rapacería más grosera. 

Es precisamente lo que la politiquería disfraza cuando forzosamente se arroga atribuciones para hablar en nombre de la democracia y del Estado de Derecho. Condiciones éstas que la politiquería no atina a desempeñar y a hacer respetar.

Es el momento en que los “paladines del mal gobierno” trazan rutas en contravía a manera de buscar salidas que les permita continuar imponiendo medidas de salvación a sus aberraciones. Todas ellas, dictadas al amparo de la corrupción y fraude al Estado venezolano.

Justo ahí, estos gobernantes buscan degradar el sistema político con el único propósito de enredar las cuentas del fisco nacional y atropellar la dignidad del gobernado. Saben que en la confusión  encuentran el escape, aunque en retroceso, a sus tropelías y abusos cometidos. De ahí el interés de estos rufianes, enquistados en el poder, en acentuar el debilitamiento de la cohesión del ideario constitucional. 

Y esto ocurre cuando quienes investidos de gobernantes y funcionarios de nivel, insisten en seguir cometiendo los mismos desbarros de siempre. Sobre todo, cuando presumen ordenar las realidades arrogándose la autoridad que le confiere ser politiquero “mandamás”.