La Constitución nacional lo dice muy claro en su artículo 2, en el cual taxativamente se establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Propugna, como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

En tal sentido y contrario a esos señalamientos, el Gobierno pretende ahora, con la nueva y perversa Ley de Educación, convertir las escuelas al servicio de un proyecto político determinado para desarrollar el concepto de un Estado socialista, lo cual es inaceptable desde todo punto de vista, toda vez el que socialismo no aparece por ningún lado en la Constitución. Los docentes pueden tener sus inclinaciones partidistas, pero no se puede tolerar que el Gobierno utilice las aulas de clases para desarrollar una política de ideologización de los muchachos, un auténtico lavado cerebral, porque ello atenta contra los más elementales derechos humanos de esos mismos estudiantes.

En este grave caso, tiene la palabra el pueblo venezolano, el cual debe estar organizado, y esto no puede interpretarse como guarimba, porque la guarimba la están haciendo los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional. De manera responsable, denuncio ante la comunidad democrática de Venezuela y ante los organismos internacionales que deben velar por el cuido de las democracias, que en el llamado Parlamento venezolano se pretende aprobar, de forma amañada y violando todos los procedimientos legislativos, otra ley inconstitucional.

Ya aprobaron la ley para crear este aparato del Distrito Capital y designar a dedo a una jefa de gobierno, ya crearon una ley inconstitucional para arrebatar competencias que son exclusivas de gobernadores, y llevarse por delante arbitrariamente el principio de la descentralización. Ahora, no conformes con atropellar la libertad de expresión y amenazar el derecho de propiedad privada, aparecen en un marco tenebroso con una Ley de Educación que es atentatoria contra el derecho de tener una educación libre, una educación que merece un pueblo democrático, como siempre lo ha aspirado nuestra sociedad.