¡Qué manera de destruir la imagen de nuestro país¡ De nuevo el presidente Chávez mete la pata hasta el fondo. Es una fuente inagotable de  desaguisados. Una vez más yerra, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también, y peor, desde el ángulo de la política internacional.

Su última ocurrencia es insólita. El presidente se reafirma en su deriva irracional de dañar la imagen y credibilidad del país cuando declara frente a la controversia que provocó innecesariamente con la EXXON-MOBIL, que no reconocerá decisión alguna del Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones (CIADI o ICSID), ente éste que forma parte del Banco Mundial.

En su ignorancia, cree  Chávez que con amenazar o con salirse de la CIADI, los procedimientos que ya están en curso, como es el de la referida empresa, quedarían sin  efecto y/o liberarían al Estado venezolano de sus compromisos internacionales. Como si la inseguridad jurídica que él ha implantado en Venezuela pudiera ser trasladada al ámbito mundial, sin que tenga tal conducta impropia alguna consecuencia jurídica y patrimonial para nuestro país.

Desde 2007 viene diciendo que denunciará el Convenio CIADI, pero hasta la fecha no lo ha concretado.
"Nos amenazan, tenemos que salirnos, y no reconoceremos decisión alguna del CIADI, pretenden lo imposible", truena el gamonal. Para los venezolanos, nada nuevo en lo dicho; ya estamos habituados a sus arbitrariedades y violaciones al Estado de derecho, y las empresas nacionales y extranjeras, al acoso y a las “expropiaciones” caprichosas.

¿Se le habrá ocurrido a Chávez reflexionar apenas un momento ante tamaño desatino? ¿Calibraría al menos un poco las graves consecuencias que tal declaración tendría, no sólo para el caso en cuestión, sino también para el resto de los convenios y contrataciones vigentes y futuras  de la República y sus empresas?
Pues claro que no. Es demasiado pedir a un gobernante irresponsable y descocado, que no mide el daño que inflige a la Nación con su conducta torpe y abusiva.

Como se sabe, el CIADI está regulado por un convenio en vigor desde 1966, del cual Venezuela es parte. El Banco Mundial promovió este instrumento con el propósito de facilitar el sometimiento de las diferencias relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de los otros estados contratantes, a un procedimiento de conciliación y arbitraje. En la actualidad, 157 países son miembros de este convenio.
Los árbitros de este centro son personas escogidas porque gozan “de amplia consideración moral”, tienen “reconocida competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas” e inspiran “plena confianza en su imparcialidad de juicio”.

Los países que se han sometido a este procedimiento están comprometidos a acatar los laudos que se dicten.
Ahora bien, el hecho de pertenecer al convenio no obliga a los países miembros a someterse a ese arbitraje siempre. Cada país tiene la potestad de excluir sus contratos de este mecanismo. Pero una vez que una cláusula contractual lo contemple, las partes deben acatar la decisión tomada en tal jurisdicción en la eventualidad que se recurra a ella.

Ahora bien, el presidente Chávez ha anunciado que nos saldremos del CIADI y señalado que no acatará una decisión de él, a pesar de que aún somos miembros. Al respecto, debemos recordarle que el artículo 71 establece que “Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación”.
Es decir, que independientemente de que denunciemos el convenio, éste permanecerá vigente el tiempo señalado.

Por otro lado, el artículo 72 expresa que la notificación de la denuncia “no afectará a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio” que hayan nacido con anterioridad a aquella.  O lo que es lo mismo, el gobierno venezolano o sus empresas no podrán desconocer los derechos y obligaciones asumidas en contrataciones previas a esa fecha.

Por tanto, la amenaza que profiere Chávez podrá ejecutarla “a la machimberra”, pero desde el punto de vista jurídico no tendrá ningún asidero. Los laudos del CIADI tienen carácter vinculante. De modo que los bienes venezolanos en el extranjero serán potencialmente susceptibles de cualquier medida judicial en caso de que se desconozcan tales decisiones, todo gracias a la conducta absurda, inepta y lesiva a los intereses nacionales que ha mostrado el presidente al despojar a empresas de sus bienes sin pagar las justas indemnizaciones.

Pero el problema no se queda en el asunto de la EXXON-MOBIL. Resulta que en los convenios bilaterales de protección y promoción de las inversiones suscritos con varios países, se incluye una cláusula de arbitraje  que remite expresamente al CIADI. Estos acuerdos son reconocidos en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.

Sólo unos ejemplos. En los acuerdos con Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Holanda, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Uruguay y Suiza, se incluye el arbitraje del CIADI como alternativa.  Incluso, en el de Brasil, que a pesar de  no ser miembro de ese convenio, lo ha utilizado también (casos Finlandia, Chile y Holanda).
¿Chávez va a desconocer los compromisos con los inversionistas de todos estos países que confiaron en Venezuela?

Por otro lado, y en relación con el tema del valor de indemnización de las inversiones, en los acuerdos con Rusia y Bielorrusia (2008), se contempla también la posibilidad de arbitraje y establece que en caso de expropiaciones o nacionalizaciones, las indemnizaciones se pagarán de acuerdo con el valor de mercado de las inversiones que se vean afectadas por esas medidas.

¿Va a alegar el gobierno venezolano que el valor de compensación de las inversiones expropiadas es el de libros cuando reconoce el de mercado en los últimos convenios (cláusula de la nación más favorecida)?

Si es enorme el daño que a lo interno está haciendo el déspota de Miraflores a nuestro país, mucho mayor es el que genera con su conducta internacional atrabiliaria y desconocedora de la legalidad. Ésta ha convertido a Venezuela en territorio inseguro para la inversión extranjera, causándole así un gran perjuicio a la economía. Y denunciar el convenio de CIADI reducirá aún más la credibilidad en el país. Con esto espantaríamos a la inversión, pues ésta no tendría garantías en la materia de solución de las controversias que pudieren presentarse.

No faltará alguien por allí que por decir uno estas cosas se nos acuse de traidor a la Patria o qué se yo, como si en tanto que venezolano deba obligatoriamente solidarizarme con los disparates de un gobierno irresponsable. Vendepatria es el que expone los bienes de la República en riesgo de perderlos, como lo ha estado haciendo el presidente Chávez, no sólo dilapidando el patrimonio colectivo con países extranjeros para sostenerse en el poder, sino también tomando acciones  perniciosas que luego se revierten contra los intereses nacionales, verbigracia, los casos de EXXON-MOBIL y otras empresas.

Enderezar estos entuertos es parte de la gran tarea que habrá de acometer el próximo gobierno. Afortunadamente, el tiempo se acorta para que llegue.