Cuando en septiembre de 1830, el Congreso de Valencia aprobó la nueva Constitución de Venezuela, ratificando la separación definitiva de la Gran Colombia

y se constituye la nueva República de Venezuela bajo la presidencia del general José Antonio Páez, se exacerban los ánimos y crece aceleradamente el descontento de líderes militares a favor del sueño del Libertador Simón Bolívar.

Veían aquel movimiento como una traición imperdonable, pues se desmoronaba frente a ellos el sacrificio de décadas de luchas contra el dominio español, para que unos cuantos impusieran sus intereses y dominaran el escenario político y los destinos de vasto territorio que Bolívar, junto a un puñado de valientes, había libertado para construir el territorio más poderoso del planeta.

En 1834, el general Carlos Soublette es derrotado en un polémico proceso electoral frente al Dr. José María Vargas, y muy a pesar de que Soublette era el candidato a la Presidencia de Venezuela apoyado por Páez, el caudillo llanero siguió ostentando el poder de las armas en el país, garantizando la estabilidad y el respeto de la Constitución. 

El 9 de febrero de 1835 fue proclamado el Dr. Vargas como presidente de la República, y desde aquel preciso momento se iniciará en Venezuela una corriente de oposición y un clima de conspiración permanente.

La historiadora Catalina Banko refiere que desde el momento mismo de la separación de Colombia la grande, se estructura un movimiento revolucionario integrado por figuras que habían militado anteriormente en bandos políticos enfrentados. Algunos pertenecían al grupo bolivariano, mientras otros habían sido voceros de la línea antibolivariana (aunque todos, de una manera u otra, habían participado en la Guerra de Independencia). Entre los principales jefes del movimiento destacaban: Santiago Mariño, Diego Ibarra, Pedro Briceño Méndez, Justo Briceño, Luis Perú de Lacroix, Pedro Carujo y José Tadeo Monagas, entre las figuras más prominentes, pero el movimiento creció en cada rincón del país.

Banko revela que muchos de estos líderes militares inconformes con las políticas del presidente Vargas, eran reconocidos terratenientes, siendo los casos más resaltantes los de Diego Ibarra, Santiago Mariño, José Tadeo Monagas y Pedro Briceño Méndez, quien en 1828 le había planteado a Simón Bolívar la creación de un Instituto de Crédito, con capital del Estado, para hacer préstamos a bajo interés y largo plazo a los productores agrarios.

Los terratenientes que junto con los militares habían conformado en 1830 el bloque social dominante, habían sido desplazados progresivamente del poder gracias a la acción de la burguesía comercial y de los sectores ligados a ella.

Para estos líderes militares, Vargas y el Congreso representaban la alianza entre godos, llamados así porque apoyaron la dominación española y pertenecieron al bando realista durante la Guerra de Independencia.

Estalla la insurrección

El 7 de junio de 1835, estalla la insurrección denominada Revolución de las Reformas en Maracaibo, proclamando el sistema federal y al general Santiago Mariño como jefe supremo del nuevo gobierno. La sublevación muestra poca efectividad en Maracaibo, pero se desarrolla rápidamente en otras partes de Venezuela.

Un mes después, el 8 de julio, en Caracas, Pedro Carujo, jefe del batallón Anzoátegui y el capitán Julián Castro, aprehenden al presidente Vargas y someten a todos sus colaboradores.  Al día siguiente, Vargas y el vicepresidente Andrés Narvarte, son obligados a salir al exilio desde el puerto de La Guaira hasta la isla de Saint Thomas.

En esa oportunidad ocurre el célebre diálogo entre Carujo y Vargas que la historiografía ha recogido para la posteridad: «El mundo es de los valientes», le dice Carujo a Vargas. A lo cual contesta el mandatario: «No, el mundo es del hombre justo; es el hombre de bien, y no el valiente, el que siempre ha vivido y vivirá feliz sobre la tierra y seguro sobre su conciencia». 

Después que los rebeldes tomaron el poder definitivo en Caracas, Pedro Briceño Méndez, jefe máximo del movimiento armado en Caracas, leyó un manifiesto donde se condenó a la Constitución nacional y el conjunto de leyes promulgadas a partir de 1830. El manifiesto esgrimía un conjunto de reformas a cargo de los patriotas que habían luchado en la Guerra de Independencia.

Acusaron al gobierno de Vargas de haber violado las libertades ciudadanas, por lo cual, los responsables de la revolución se consideraban asistidos por el «sagrado derecho a la insurrección» contra las autoridades. 

El nuevo gobierno fue constituido con el general Mariño, como jefe superior; el general Briceño Méndez, como secretario general; el general Diego Ibarra, como comandante de armas de Caracas; y el comandante Pedro Carujo, promovido a general, como jefe de las tropas.

Restituyen el hilo Constitucional

El general Páez, quien estaba alejado del gobierno, tras la derrota de Carlos Soublette en las elecciones presidenciales de 1834, al enterarse del infausto suceso, sale el 15 de julio de 1835 desde su hacienda en San Pablo hasta Caracas, en auxilio de las autoridades destituidas.

Su alto prestigio militar y su gran popularidad le permiten, al pasar por Valencia, Maracay y La Victoria, reclutar milicianos armados. Igualmente incorpora parte de las tropas que, al mando del general José Laurencio Silva, habían sido despachadas desde Caracas para combatirlo y reducirlo.

Cuando las tropas al mando de Silva, hombre fiel a Bolívar, vieron a Páez, se formaron, se pusieron firmes y al unísono lo reverenciaron con el saludo marcial. El viejo caudillo llanero, adversario de Vargas, no tuvo que disparar un solo tiro, y aceptando la reverencia, invitó a los soldados a seguirlo para restablecer el gobierno legítimamente electo.

Entró en Caracas el 28 de julio luego de más de 200 kilómetros de recorrido. La ciudad se mostraba desértica, había sido desalojada por los rebeldes. Páez Reunió entonces al Consejo de Gobierno, y le encarga el Poder Ejecutivo al general José María Carreño, mientras una comisión es enviada a Saint Thomas para traer de vuelta al presidente José María Vargas y al vicepresidente Narvarte. El 20 de agosto de 1835, Vargas recuperó la primera magistratura de la República.

Derrotada la conjura

El general Santiago Mariño y sus compañeros se refugiaron en el oriente del país, amparados por Monagas. No obstante, la capacidad militar de los reformistas se fue debilitando. En noviembre, la región oriental quedó pacificada.

Mediante un decreto dictado por Páez en el sitio de la Laguna de Pirital, el 3 de noviembre de 1835, los principales jefes de la revolución quedaron indultados.

El patíbulo no perdonó la demora

Los conspiradores reducidos en Barquisimeto fueron sentenciados a la pena capital en un juicio sumario. El 28 de diciembre de 1835, fueron conducidos al muro sur de la iglesia frente a la antigua Plaza Altagracia para ser fusilados por traición y sedición.

Eran ocho en total: Los comandantes Lorenzo Álvarez Mosquera, Juan Santiago Torrealba y Pedro Hurtado Anzoátegui; Antonio Díaz, Félix Linares, José María Vásquez y los hermanos Mármol, todos habían servido en casi todas las campañas de la Guerra de Independencia suramericana.

El presidente Vargas había firmado, por intermedio de la Corte de Justicia, la suspensión de las ejecuciones para los conspiradores, la cual fue aprobada en Caracas el día 26 de diciembre, pero debido a la distancia, el perdón llegó el 31 de ese mes, cuando ya el castigo había sido perpetrado. Las crónicas atestiguan, que este correo había sido retenido en Cabudare “por personajes influyentes de esta ciudad” hasta días posteriores a la ejecución.

Un grupo de irreductibles, bajo el mando de Pedro Carujo, ocupó la plaza de Puerto Cabello, declarándolo en estado de sitio para diciembre de aquel año. Páez se colocó al frente de los combates y, durante una salida, Carujo fue herido y tras ser capturado fue enviado a Valencia, en donde falleció poco después a consecuencia de la herida que había recibido.

Fuente: Fuente: Eliseo Soteldo. Anotaciones históricas de la ciudad de Barquisimeto. 1801–1854. Tipografía Aguilera. Barquisimeto, 1901.

Boletín 41 de la Academia Nacional de la Historia. pág. 147, año 1958.

Catalina Banko. Poder político y conflictos sociales en la República Oligárquica, 1830-1848. Caracas: Universidad Santa María. 1986

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