Casetel aspira una flexibilización de las tarifas de telefonía celular en 2022.

Así lo dieron a conocer medios especializados en economía, los que informaron que la cámara que agrupa a las empresas del sector telecomunicaciones, por medio de su principal vocero, estiman que el año 2022 podría representar uno en el cual las autoridades gubernamentales y regulatorias puedan haber comprendido la necesidad de que las empresas puedan ajustar sus ofertas de valor en favor de los usuarios, mientras las viabiliza y se posibilita las inversiones necesarias en el sector.

El sector telecomunicaciones y de las tecnologías de la información presenta una serie de características que determinan la dinámica como se prestan los servicios en dicho sector.

El hecho de resultar intensivo en capital e infraestructura exige una fuente de financiamiento suficiente que haga viable la prestación de los servicios. Por excelencia, evitándose utilizar fuentes externas y distorsionantes sobre el consumo en otros sectores, y basados en primera instancia en un principio de prestación eficiente de los servicios; el financiamiento debería ser fundamentalmente tarifario -es decir provenir dentro del propio sector-. Lo anterior implica corresponsabilidad de costos por parte de los usuarios. 

En este sentido, cualquier autoridad regulatoria sectorial debe poseer como principio la necesidad de la sostenibilidad de los operadores si desea que existan los incentivos para que se presten los servicios y se invierta en renovación y el despliegue de infraestructura.

Más allá de constituir un sector de servicio de red, en el que los servicios que prestan los operadores se encuentran fundamentalmente basados y asociados al despliegue e inversión en infraestructura para garantizar la conectividad, el sector TIC posee características propias que lo diferencian del resto de los sectores de servicios públicos de red -electricidad, agua, gas, etc.-.

Una de estas características la constituye la innovación no solo en servicios, sino incluso en la tecnología por medio de la cual se prestan los servicios e incluso la necesidad de desplegar y renovar la infraestructura y las redes por unas de nueva generación. Esta característica dificulta extrapolar principios y presunciones de regulación y controles de precios que suelen aplicarse en otros sectores públicos de red.

En sectores intensivos en capital los requerimientos de inversión y recursos resultan cuantiosos y en consecuencia los esquemas de tarificación deben ser eficientes, sin que se sacrifique equidad y acceso a los servicios por parte de los ciudadanos y hogares con menores recursos.

Sin embargo, el control tarifario -controles de precios- no constituye una alternativa única ni eficiente a las necesidades de sostenibilidad del servicio y acceso al mismo. De hecho, los controles de precios dificultan ajustes y restan flexibilidad a los esquemas de Menu que los operadores podrían ofrecer, en competencia, que facilitarían el financiamiento de costos comunes y conjuntos, así como las inversiones requeridas en infraestructura, mientras puede ofrecerse planes a los usuarios de menor capacidad de pago para que realicen aportes marginales, cuando menos cubriendo sus costos incrementales y/o evitables.

La tendencia hacia el consumo de datos, por medio de internet fijo y móvil, han coadyuvado a que la provisión de conectividad constituya un commodity competido. El consumo de voz móvil y sus ingresos asociados se han estancado e incluso colapsado a la baja -especialmente cuando el consumo de Apps como Whatsapp y VoIP ha sustituido a la voz móvil-. Lo anterior hace que el aumento en el consumo de datos móviles esté, en el mejor de los casos, compesando parcialmente el estancamiento o la caída de los otrora ingresos asociados a la voz móvil.

Si el regulador en Venezuela ha visto con buenos ojos cierta dinamización y apertura respecto a la oferta y prestación de servicios de Internet fijo, no tendría porque tener una postura tan distinta en lo que al internet y telefonía móvil se refiere.

Finalmente, podría contribuir a la modernización, dinámica y eficiencia del sector, revisar lo que se ha estado haciendo en otros países. Para ello reguladores, el sector privado y la academia, deberían constantemente estar analizando el estado del arte de la teoría económica referida al sector TIC y seguir la práctica regulatoria a nivel mundial.