Quienes militamos en las filas del progreso social, la equidad y la democracia como fórmula de gobierno, tenemos profundas críticas al modelo de Estado que el gobierno de Hugo Chávez está configurando en Venezuela. Inexplicablemente Hugo Chávez tiene metido en la cabeza que el socialismo es sinónimo de propiedad estatal de los medios de producción y es esa creencia, anclada en el pasado lo que lo está llevando a Venezuela a convertirse dentro de poco tiempo en una especie de parque jurásico donde van a quedar los despojos del amasijo de empresas públicas quebradas, como ya se vislumbra en la región de Guayana, en lo que una vez fueran catalogadas como empresas básicas. En el mundo moderno no existe el concepto de empresa básica: lo básico es el talento humano y ese se adquiere con educación de calidad.

Desde 2003, Chávez ha emprendido una carrera alocada de expropiaciones y confiscaciones de empresas, fincas, edificaciones y terrenos y ahora acumula una deuda que la estrechez fiscal producto del despilfarro de ingentes recursos petroleros, no le permite pagar. Le debe a medio mundo y corre el riesgo cierto de perder los juicios con las compañías petroleras estatizadas. Venezuela tiene un Estado que se ha transformado en el principal propietario de los medios de producción, tanto los producidos como las fábricas como lo no producidos como la tierra.

El ámbito empresarial del Estado no cesa de crecer y con ello las obligaciones financieras de ese conglomerado de empresas que consecutivamente arrastra pérdidas que alguien  debe financiar. Debe advertirse que parejo a la expansión de las empresas públicas se ha estructurado una burocracia sumamente ineficiente con elevados sueldos que actúa como sanguijuela pegada del presupuesto nacional. A partir de 2007, tras las estatizaciones de la Electricidad de Caracas, la CANTV, Lácteos Los Andes y una cadena de frigoríficos, a las que siguió Sidor y las empresas del cemento, el gobierno decidió recientemente confiscar las empresas que prestaban servicios a PDVSA en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo al igual que las compañías de almacenamiento en los puertos de Venezuela para crear Bolipuertos, en una asociación paritaria con el gobierno de Cuba, que de administración y gerencia de puertos debe saber lo mismo que el gobierno de Burundi de energía atómica. A quién se le ocurre que una economía cerrada como la cubana, que exporta poco e importa menos de lo que exporta, pueda tener personal capacitado para manejar los puertos de Venezuela. Si Chávez quiere seguir con la fiesta de darle plata a Cuba que lo haga directamente y no mediante actos simulados de empresas mixtas de maletín.

El caso es que la ampliación del Estado empresarial está arrastrando a las finanzas públicas de Venezuela a situaciones deficitarias con lo cual lo se está a endeudando masivamente. En el primer semestre de 2009, la deuda pública aumentó más de US$ 8.000 millones y se estima que va a seguir creciendo. Lo peor de todo está en el sacrificio de lo social. En tanto que el Estado trata de producir acero, aluminio, hierro, cemento, vehículos, mantener flotas de aviones comerciales, líneas de trasporte público, elaborar harina de maíz, aceites, franelas y camisas, empacar arroz y granos, montar areperas, administrar hoteles, teleféricos entre otras actividades, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad personal están abandonados. El drama de las parturientas a las puertas de los hospitales es un hecho cotidiano y tuvo que atreverse una señora a señalarle al Presidente de la República la tragedia de un familiar el domingo 9 de agosto de 2009 para que se ordenara el clásico operativo en los hospitales. Mientras la gente humilde tiene que sufrir en los hospitales públicos, los funcionarios disfrutan de sus pólizas privadas de cirugía, hospitalización y maternidad, comenzando por el mismo presidente cuya familia acude a las mejores clínicas de Caracas.

En lo relativo a la educación, es verdaderamente una tragedia la situación de los colegios públicos: la planta física presenta deterioros apreciables, la dotación de materiales, incluyendo computadores es nula y los sueldos de los maestros y profesores es vergonzoso. Con razón los hijos de los altos jerarcas del gobierno estudian en colegios privados. La seguridad social en Venezuela es inexistente porque después de siete años de aprobada la Ley Marco, todavía el subsistema de pensiones no ha sido sancionado por la Asamblea Nacional y sin pensiones no hay seguridad social.  En cuanto a la infraestructura del país, básicamente se cuenta con la misma red de autopistas que hace quince años y gracias a la continuidad de las obras de los metros en algunas ciudades, la situación no es peor. No hay correspondencia entre los ingresos recibidos y la obra realizada.   

Un nuevo proyecto político en Venezuela tiene que tomar como referencia al Estado social como sustituto superior de este mamotreto en que ha degenerado el Estado empresarial. Se sirve mejor al pueblo con educación, salud y seguridad social que con empresas industriales y comerciales que solo han servido para enriquecer a unos pocos.



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