Mucha tinta ha corrido en torno al poder tras bastidores, siendo uno de los casos más notables el ya consabido (y de la no menos venezolana), Blanca Ibáñez.   Acaso irreductible, el problema reside en los medios efectivos que puedan limitar el fenómeno, incluyendo su posterior y calculada prolongación.

Aceptemos que la conducta de la referida, condenada moral y abiertamente después de vencer el mandato presidencial de su protector, Jaime Lusinchi, no guarda mucha distancia de la que normalmente  se ofrece en otros ámbitos. Acaso, agudizados  los (anti) valores de la sociedad ultrarrentista que somos, nos habituamos a lanzar piedras sobre el techo ajeno, olvidando el vidrio que hace al nuestro.

El historiador que intente el período de los ochenta, tendrá que verificar la existencia y eficacia de los recursos institucionales que se dispusieron para frenar el fenómeno. Recordemos al  parlamento que luchó por reivindicar sus misiones fundamentales, aunque tardíamente la prensa defendió  sus naturales y convenientes fueros.

La comisión permanente de Medios de Comunicación Social del Congreso de la República, presidida por el diputado Julio Moreno, por ejemplo, hizo muchísimo  en defensa de la (s) libertad (es) de expresión  severamente amenazadas, por lo menos, más que la Acción Democrática que redujo la celebérrima Comisión de Etica a Carlos Andrés Pérez, festejando los ascensos sobrevenidos que imponía Miraflores.  De una pluralidad aceptada y hoy desconocida, las comisiones de Defensa que convocaban a los senadores y diputados, supieron de las prendas militares que la secretaria privada exhibió en El Limón, pero – más allá – pudieron ventilar y cuestionar la influencia ejercida en los cuadros profesionales de la institución armada.

Tamaña lucha no fue fácil, como nunca lo será sincerar el propósito de dividir los órganos del Poder Público. Arista que resulta incómoda para los moralistas de ocasión, aquellos que tiene la superficie por profundidad.

Importa insistir en torno al respeto y promoción de la libertad de investigación e información que permite, incluso, prevenir el fenómeno. Y es que, por el ejercicio de esa libertad, nadie podrá negar que el caso Ibáñez  fue suficientemente advertido en una sociedad que no quiso oír, capaz de presionar las correcciones que no acarreaban necesariamente   el sacrificio de una candidatura presidencial.

A modo de ilustración, hallamos la precursora observación de un semanario político que, por cierto, añadiendo una portada etílica de Lusinchi, trató el caso. Jorge Olavarría, al reportar el proceso de negociación entre el buró sindical de AD que le reportaba la secretaría general para Manuel Peñalver, a cambio del apoyo a las aspiraciones presidenciales de don Jaime, deslizó tempranamente un anónimo comentario dirigencial que resultó a la postre lapidario: "La (Cecilia) Matos de Jaime Lusinchi se llama Blanca Ibáñez (...) El caso de Blanca Ibáñez es mucho, pero mucho más grave que el de Cecilia Matos" (Resumen, Caracas, nr. 405 del 09/08/81). En la siguiente edición abundaron los comentarios, agregadas sendas fotografías de la otrora desconocida funcionaria del parlamento, aunque muy después se dijo de un ventajoso crédito silenciador que le fuese otorgado al editor por el sucesor de Luis Herrera Campíns en Miraflores.

Mayor curiosidad hay en el empleo obstinadamente utilitario del caso, porque el chavezato nunca ha cesado de emblematizar también a la llamada IV República con el caso Ibáñez. Y es que tal satanización resulta eficaz para ocultar todo lo que se ha hecho en más de una década, agregados los inmensos obstáculos que sufre el ejercicio de la (s) libertad (es) de expresión y el reducido papel de la Asamblea Nacional, que no permiten conocer situaciones presuntamente parecidas o más graves. Huelga comentar el monopolio presidencial de los ascensos militares, condenada la correspondiente comisión o la de Medios de Comunicación Social a roles muy secundarios.

Ahora, hay una prensa nominalmente libre que intenta serlo, frente a una del pasado que realmente lo fue. Y cuando no existe posibilidad de indagar, toda presunción es válida.

Fotografía: Portada. Resumen, Caracas, nr. 405 del 09/08/81.

@luisbarraganj