La Ley de Costos y Precios Justos  mostró, de nuevo, el talante policial del régimen. De los 88 artículos que la integran, 44 fueron dedicados a establecer las sanciones, la mayoría desmedidas y arbitrarias, que se les aplicarán a los supuestos infractores, y los recursos que estos podrán interponer frente a la burocracia soberbia e indolente que se encargará de garantizar la aplicación de semejante adefesio.

El artículo 60, enfocado en las “medidas preventivas”, señala que “si durante la inspección o fiscalización el funcionario actuante detectara indicios del incumplimiento de las obligaciones del presente Decreto ..., podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto medidas preventivas …” que podrían consistir en: suspensión del intercambio, distribución o venta de los productos, o de la prestación de los servicios; requisición u ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad o para el transporte o almacenamiento de los bienes comisados; cierre temporal preventivo del establecimiento, suspensión temporal de las licencias, permisos o autorizaciones …”

Imaginen el poder de ese funcionario a quien, en la fase “preventiva”, y sin que el afectado haya tenido la oportunidad de defenderse, la ley le enviste de la autoridad para requisar, suspender, ocupar, cerrar establecimientos o suspender licencias, permisos y autorizaciones para suministrar determinados servicios, digamos, médicos, odontológicos o psiquiátricos.  Los exrojos rojitos –ahora tornasoles- piensan según la vieja pedagogía: la ley (no la letra), con sangre entra.

El comandante  despoja a los gobernadores y alcaldes de las competencias que la Constitución les confiere, sin embargo, a los funcionarios designados por él les asigna numerosas facultades. La ley crea –Art. 28-  la Superintendencia Nacional de Costos y Precios con 20 atribuciones –Art. 31- la mayoría sancionatorias. Su cumplimiento debe ser garantizado por el Superintendente Nacional de Costos y Precios –Art.34- quien es nombrado, no cabe dudas, por Chávez. A ese subalterno, además de las obligaciones que la Superintendencia debe cumplir, se le confieren ocho atribuciones específicas –Art.36- que lo convierten en una especie de superministro. ¿Qué hace falta para convertirse en Superintendente, Art. 35?: ser venezolano por nacimiento; mayor de 30 años; estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y no haber cometido ningún delito que lo inhabilite. En resumen: ni siquiera se requiere saber leer y escribir, o poseer algún tipo de título o experiencia en el campo. Basta con ser incondicional de Chávez y manifestar una sólida vocación de comisario en el sentido bolchevique del término; es decir, de caporal.

La ley monta una estructura burocrática engorrosa y costosa: el Sistema Integrado de Costos y Precios, el Registro Nacional de Bienes y Servicios, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Automatizado de Administración de Precios. Este inmenso parapeto con el fin de  supervisar todos los costos y, a partir de allí, establecer cuál es el precio “justo” y la ganancia “justa” que deben obtener los empresarios o quienes suministren determinado servicio. Esos datos  los manejaban los administradores de las areperas socialistas. ¿Cuál fue el resultado?: quebraron. Lo mismo sucede con las empresas estatizadas. Ninguna funciona. La inmensa mayoría da pérdidas. A las empresas de Guayana las arruinaron. Los mismos chavistas han verificado que esos controles compulsivos no funcionan porque los precios y las ganancias se establecen en un complejo proceso en el que intervienen la oferta, la demanda y la escasez relativa.

La ley es sádica porque las palabras que más aparecen son: requisición, multas, inhabilitaciones, cierre temporal, ocupación temporal, suspensión temporal, cierre definitivo. Es un texto que se regodea con la sanción. Busca controlar la inflación, lograr “precios justos”, proteger a los consumidores y evitar la especulación, solo que lo hace apelando al peor de los procedimientos: el castigo inmisericorde. La ruta punitiva siempre ha conducido a la escasez, al desabastecimiento, al incremento constante de precios y, por añadidura, al desempleo porque la inversión se estanca o decrece.

Allí hierve el caldo de cultivo para la extorsión, el chantaje, la corrupción.

Ellos mismos han constatado que el estatismo, los controles y las regulaciones desmedidas llevan al fracaso, pero se niegan a reconocerlo y a rectificar. El marxismo los intoxicó.

@tmarquezc