Sin rodeos quiero decir que me parece acertada la designación de Iris Varela como ministra para el Servicio Penitenciario, porque la parlamentaria tachirense podrá tener todos los defectos del mundo, pero es una mujer guerrera y estoy seguro de que no querrá pasar por ese cargo sin asumir el riesgo de tomar las decisiones que conduzcan a desmantelar el sistema de mafias que en la cuarta y la quinta han hecho de las suyas.

La designación de Iris Varela como ministra para el Servicio Penitenciario indica que el Gobierno quiere entrarle en serio a este problema que se ha convertido en un verdadero karma para el cual no ha habido soluciones en los últimos treinta años.

Tenemos un sistema penitenciario enfermo desde hace mucho tiempo, y sometido a los caprichos y designios de mafias que han sabido sobrevivir y mantener como exitosa empresa el negocio de compra y venta de armas, tráfico y consumo de drogas, traslado a los tribunales, preservación de la integridad física de los reclusos y otras prebendas y privilegios.

Las cárceles venezolanas están privatizadas de hecho. Hay que pagar para sobrevivir, para no ser violado, para recibir la comida que envían los familiares, para tener un celular, para ser llevado a tribunales, para dormir, para salir en libertad aunque sea un derecho y para que las decisiones de los jueces salgan sin demora. Por supuesto, también hay que bajarse de la mula para tener un arma que permita defenderse.

Esa es la realidad con la cual se encontrará Iris Varela.

Ella es abogado penalista, ha sido parlamentaria durante ya varios períodos, y ha formado parte de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, con lo cual queda claro que ha estado vinculada al tema penitenciario. La clave de su éxito o su fracaso será su capacidad o incapacidad para escuchar las opiniones más diversas y autorizadas que hay en el país en torno al tratamiento que debe darse a la problemática penitenciaria.

Y hablando de opiniones, le diría a Iris Varela que lo primero que debería impulsar su gestión es el cumplimiento de lo establecido por la Constitución de 1991, en cuyo articulado se ordena sin medias tintas la descentralización de las cárceles en el territorio nacional.

Está más que demostrado que el Gobierno central no está en capacidad de ganar en solitario esta batalla, y que los gobiernos regionales y municipales serían un valioso apoyo para lograr erradicar la violencia, el trato inhumano y la ausencia de justicia en nuestras cárceles.

La otra sugerencia es lograr que la Guardia Nacional no se encargue más de la custodia externa de las cárceles. Y hay razones de sobra. La primera de ellas es que la Guardia Nacional no ha impedido el ingreso de armas de alto calibre ni de drogas. La segunda es que el asunto penitenciario es meramente civil. Nada militar.

Es resultante de un problema social que no se resuelve manu militari ni en Venezuela ni en otros lugares del mundo. La rotación de guardias nacionales cada tres meses en los centros penitenciarios es una medida efectista que no resolverá el problema del tráfico de armas y drogas. Es poco creíble la tesis de que los responsables de esas actividades ilícitas son funcionarios de rango menor.

Y si la ministra Varela está en onda de escuchar, pues le recomiendo entonces que llame a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Se trata de un venezolano ejemplar, que pasó por la cárcel y supo salir de ella con la voluntad de cambiar para ser útil a la sociedad, y lo ha demostrado con creces.

Por lo pronto, Iris Varela debe contar con el beneficio de la duda. Debemos apostar por el éxito de su gestión, aunque por principio creemos que no debemos tener un ministerio para el Servicio Penitenciario sino de Justicia. Esperemos que los resultados de su actuación hablen por ella.

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