Resulta un ejercicio realmente interesante revisar, uno a uno, los despachos que las agencias internacionales envían a sus suscriptores en el exterior. La razón es muy sencilla: el Gobierno no se cansa de insultar y menospreciar el trabajo profesional de los periodistas venezolanos, y ha llegado incluso a imponer un apartheid en sus ruedas de prensa, a las cuales sólo pueden acudir, afortunadamente, los corresponsales extranjeros en Caracas. Gracias a ellos, a su tesón, a su rectitud y objetividad, podemos informarnos sobre los planes del Presidente y de algunos de sus ministros.

Pero al Gobierno chavista no le basta con insultar diariamente por los canales de televisión oficiales a los periodistas que no le son afectos, de golpearlos en la calle cuando están cumpliendo sus labores o de insultar e interferir en su trabajo cuando van a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía o al Tribunal Supremo. No contento, pues, con esas bajezas y esas cobardías, ahora le ha dado por inventar una ley sobre delitos mediáticos.

A la fiscal Luisa Ortega sólo le faltaba esa medalla para coronarse como la peor jefe del ministerio público de Venezuela, incluso por encima del engañado Isaías Rodríguez, alias el desmemoriado, porque ahora no quiere acordarse de su íntimo y joven héroe, Danilo Anderson, y su maquinita de contar billetes. Ahora Isaías va de tendido en tendido por las plazas de España.

Ese es el modelo de periodismo que le gusta al Presidente, ese que le limpia las botas, que le ríe las gracias, que aprueba y aplaude sus iniciativas de leyes. El Presidente tiene esas capacidad maligna de agarrar a periodistas veteranos, con un largo historial de dirigentes en el Sindicato de la Prensa o en el Colegio de Periodistas y barrer el piso con ellos, regañarlos en público y poner en duda su capacidad profesional.

Todo esto ha provocado en Venezuela una novísima corriente periodística, sindical y gremial que tiene como meta rescatar la dignidad de la profesión y su libre ejercicio. Por fortuna, se trata de profesionales jóvenes sin compromisos extremos con corrientes políticas o partidistas que vulneren o sojuzguen su trabajo sindical o gremial. Pero tampoco son alérgicos a las luchas y a las batallas por la verdad y la independencia de criterio cuando deben informar con precisión y coraje.

Esto le infunde miedo no sólo a la Presidencia sino a la gavilla de corruptos que florecen en ministerios y empresas del Estado.

Aquellos corruptos de la cuarta república que Chávez deseaba combatir cuando dio el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, han resultado niños de pecho ante los gigantes rojo rojitos que le han caído a golpes a la piñata de Pdvsa, a los contratos para comprar de armas y a los militares chavistas que controlan puertos y aeropuertos.

Ahora, la fiscal Ortega quiere cuidar la "salud mental" de los venezolanos con un proyecto de ley contra los "delitos mediáticos". ¿Por qué no manda a callar a Chávez y protege nuestra salud mental?