Las últimas declaraciones del ministro Ramírez dan pie para hacer dos afirmaciones y deslindar de una vez y para siempre el terreno de la ética y de la acción política. La primera afirmación es que no podemos seguir siendo tolerantes frente a los desplantes de intolerancia de este gobierno. La segunda afirmación es concomitante con la primera: no tenemos que enmarcarnos dentro de la decencia política cuando sabemos sin lugar a dudas que los que nos adversan nos consideran sus enemigos, nos odian y están dispuestos y son capaces de cometer contra la sociedad democrática cualquier tipo de tropelías, que justifican con la consigna maquiavélica de que el fin justifica los medios.

La intolerancia es incompatible con el Estado de Derecho y con las reglas más elementales de la democracia. Significa la negación del otro y la anulación automática de la dignidad y la libertad de aquel que piensa o actúa diferente. La intolerancia es la implementación práctica del odio, sentimiento sin el cual es emocionalmente imposible negar a los otros la posibilidad de ser iguales en dignidad y capacidades. El intolerante es decimonónico y nunca podrá ser la expresión de la modernidad que parió derechos y libertades para todos los hombres, pero que sobre todo consagró la posibilidad de todos los seres humanos a ser considerados y respetados en su singularidad, como individuos capaces de pensar, sentir y hacer cosas aun a costa de parecer impertinentes a los poderosos. Por estas razones es que resulta inconveniente, inadecuado e insoportable tolerar a aquel que no está dispuesto a reciprocar de la misma forma. Esa es la razón ética para combatirlos con todas las armas que proveen la razón y la audacia.

Este gobierno ha abusado de la decencia nacional y de la vocación indoblegable de los venezolanos de no agudizar el conflicto social. El régimen ha venido incrementando el abuso y la desfachatez con la que aplasta cualquier expresión disonante porque sabe que la sociedad democrática ha sido hasta ahora incapaz de contrarrestar las agresiones autoritarias del gobierno con la misma violencia y desparpajo que el chavismo ha exhibido contra cualquier expresión de disidencia. Ramírez y Diosdado por eso creen que tienen licencia para decir y exhibir el odioso talante de guardianes de la revolución y de sumos sacerdotes del culto a Chávez que resulta tan repugnante a las reservas de decencia del país. Uno se ha ufanado de odiar por igual a trabajadores y oligarcas bajo la premisa de ser culpables de oponerse a los designios del líder esclarecido de la revolución. El otro anda mostrándose como el guapo y apoyado del presidente, pero en el fondo lo que está haciendo es desempeñar el triste papel de sicario de la libertad de expresión. Contra la ignominia la decencia resulta insuficiente y tal vez incapaz de darle un parao. Contra  la infamia no queda otra cosa que ejercer el legítimo derecho a la defensa y articular desde ya una respuesta nacional del tamaño de nuestra indignación y de la vergüenza que ellos nos provocan.

Estamos a punto de perder la República a manos de la intolerancia y del odio. Ramírez lo dijo con claridad, y Diosdado se ha  comportado como el plenipotenciario de un campo de concentración en el que han colocado a buena parte del país. Sabemos que el resentimiento que el régimen profesa por el país moderno y competitivo necesita como víctimas propiciatorias al régimen de propiedad, que tiene su mejor expresión en las casi quinientas mil empresas que forman parte del patrimonio productivo del país, y a la libertad de expresión que solamente se garantiza con la propiedad plural de los medios de comunicación social. El odio solo se calma con el exterminio del ser aborrecido. Por eso no cabe ninguna duda que el régimen tiene claro cuáles son las  batallas que quiere dar y cuál es la intensidad con las que piensa dar la pelea. Lo han planteado como un juego de guerra en el que lo que ellos ganen lo tenemos que perder nosotros. Lo tienen previsto como una limpieza étnica en el que todos aquellos que no estemos dispuestos a afiliarnos al proyecto revolucionario no tenemos ninguna oportunidad. Una declaración como esa resulta moralmente inaceptable e intolerable para todos aquellos señalados por el odio como sus enemigos.  De allí que no tengamos ninguna otra opción decente que encarar con coraje el reto y organizar desde ahora la resistencia social contra la barbarie que se nos quiere imponer por la fuerza.