Todas las instancias del Estado bolivarista marchan al unísono en su guerra declarada al periodismo crítico y a los medios independientes. Y todas siguen la misma batuta.
Aunque el Estado democrático esté destruido por no existir separación efectiva de poderes en el dominio nacional, vale la pena revisar cómo las agencias parlamentarias, judiciales, administrativas y fiscalizadoras de Miraflores se acoplan en un mismo engranaje para reforzar la cayapa en contra de la libertad de expresión, derecho inseparable de la libertad de prensa.

La Fiscalía General de la República, nada menos, anuncia la próxima presentación de un proyecto de Ley sobre Delitos Mediáticos. Un título en verdad siniestro que, muy probablemente, será maquillado por los expertos en simulación política, acaso discípulos del curtido maestro José Vicente Rangel. ¿Qué podría decir la OEA sobre el particular?

Acto seguido, unos diputados oficialistas replantean que se reforme el Código Penal para combatir el “terrorismo mediático”, léase que se amplíe el elenco de los llamados delitos de opinión y se recarguen las penas. Y además, en lo que concierne al parlamentarismo levantamanos, ya están en trámite las modificaciones legales para aumentar las regulaciones sobre la televisión por cable, con el fin de sacar de la grilla a Globovisión.

Mientras tanto, Conatel anuncia que retirará decenas de concesiones televisivas y centenares de concesiones radiales, a fin de “derrotar al latifundio comunicacional”; cuando en realidad la razón de todo esto es intimidar para controlar, instigar la autocensura o, finalmente, bajarle la santamaría a medios incómodos y, de paso, reasignar las frecuencias a los empoderados del entorno.

Así mismo, continúan los procedimientos administrativos, las sanciones tributarias, las causas judiciales y el acoso policial a conocidos periodistas y a directivos o propietarios de medios, y los victimarios gubernativos se ufanan de su mandonería como si el poder del que abusan fuera a durar para siempre.

Y por si fuera poco, las agresiones de las patotas de boinacolorá a las instalaciones de medios de comunicación están siendo encabezadas por funcionarios públicos como los alcaldes de Valencia y Puerto Cabello, sin que nada de ello reciba respuestas prácticas de las “autoridades” encargadas de impedir o condenar hechos de esta naturaleza delictiva. Sólo falta que la Defensora del Pueblo intervenga públicamente para darles plena razón...

En la guerra de la “revolución bolivarista” contra la prensa libre, el Estado de Derecho no cuenta sino para amparar los desmanes que sean menester. Y aunque se trate de un modo de operar que viene caracterizando al régimen de Chávez desde sus albores, el actual acelerón da suficiente cuenta de que esa guerra es la verdadera prioridad para estos fariseos de la democracia.