La renovación del Tribunal Supremo de Justicia es un paso determinante en el camino hacia la democracia y las libertades.

El TSJ ha sido una pieza fundamental del autoritarismo chavista. Sus decisiones sirvieron para restringir derechos políticos, perseguir a opositores y burlar la voluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias de 2015. Más de setenta sentencias neutralizaron progresivamente a la Asamblea Nacional. Su actuación frente a los acontecimientos del 28 de julio de 2024 confirmó hasta dónde podía llegar la utilización política de la justicia. El Tribunal es uno de los instrumentos del deterioro institucional que hoy vivimos.

Por eso, se necesita reconstruir un sistema de garantías políticas que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos y decidir nuevamente mediante el voto. Un nuevo Consejo Nacional Electoral será indispensable, pero no suficiente. Antes, durante y después de una elección deben existir jueces independientes capaces de proteger los derechos políticos y garantizar que ninguna instancia del Estado pueda desconocer la voluntad expresada por los ciudadanos. No basta con votar si después una sentencia puede privar al voto de sus consecuencias. Es una idea que ha desarrollado Juan Miguel Matheus al vincular la independencia judicial con la integridad electoral (El Mundo, 21 de agosto de 2026). Y las garantías políticas tienen que extenderse, más allá de las elecciones.

En este contexto, la liberación de los presos políticos es una exigencia inmediata. No puede esperar a que concluya la renovación del Tribunal Supremo de Justicia ni el proceso más amplio de reinstitucionalización del país, que debe culminar a la brevedad con una elección presidencial. Para comprender la magnitud del problema, vale la pena escuchar una reciente entrevista de César Miguel Rondón al periodista Luis Carlos Díaz, quien fue preso político y estuvo recluido en El Helicoide. Díaz explica que la capacidad de producir presos políticos se extendió dentro de la estructura chavista. Un dirigente político, un funcionario local o hasta un concejal de un pueblo remoto puede tener suficiente influencia para activar los mecanismos capaces de convertir a una persona en preso político. Esa capacidad no está reservada exclusivamente a la nomenklatura.

La explicación de Díaz demuestra un problema más profundo. Durante años no solamente hubo presos políticos. Se desarrolló una estructura capaz de producirlos. Los organismos de seguridad detenían, los servicios de inteligencia investigaban, el Ministerio Público acusaba y los tribunales daban apariencia jurídica a la persecución. Esta no funcionó solamente de arriba hacia abajo. También podía hacerlo de abajo hacia arriba. De allí la dificultad para liberar ahora a todos los detenidos. Detrás de cada expediente pueden existir altos jerarcas, funcionarios, líderes locales e intereses empeñados en mantenerlo abierto.

Aquí cabe preguntar: ¿por qué, después de tantos anuncios y pese a la presión del gobierno de Estados Unidos, los presos políticos continúan siendo excarcelados por cuentagotas? Las negociaciones anteriores dejaron demasiadas promesas incumplidas. Jorge Rodríguez ha participado en prácticamente todos esos procesos y conoce, con sus mañas y artimañas, cómo desenvolverse en una negociación. Esta vez, sin embargo, el tutelaje de Estados Unidos reduce su margen de maniobra.

Es razonable interrogarse si la resistencia a liberar a todos los presos políticos no responde también a la dificultad del chavismo para abandonar uno de los instrumentos que le ha permitido conservar el poder. La persecución ha servido para intimidar, neutralizar adversarios y elevar el costo de la disidencia. Su utilización después del 28 de julio de 2024 contribuyó, además, a impedir que la controversia sobre los resultados electorales pudiera desenvolverse dentro de cauces democráticos.

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana han tenido una participación vigorosa en la denuncia de estas prácticas. Han documentado detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos, acompañado a las víctimas y reclamado reiteradamente la libertad de los presos políticos. Esa participación resulta determinante en este momento.

La persecución presenta otra dimensión. Las excarcelaciones han sido parciales y algunas personas que han salido de prisión continúan sometidas a medidas cautelares que restringen su libertad. Determinados abusos de poder han estado acompañados, además, por despojo de bienes, como señaló el Bloque Constitucional en su pronunciamiento del 22 de agosto de 2026. La recuperación del Estado de derecho exige revisar esas situaciones y restituir los bienes arbitrariamente despojados. La reparación debe alcanzar todos los derechos lesionados.

Ahora conviene detenerse en las palabras excarcelar y liberar, las cuales no significan lo mismo. Excarcelar significa sacar a alguien de la cárcel. Describe un hecho concreto: el cese del encarcelamiento. Liberar, en cambio, significa poner en libertad. No se refiere al lugar donde se encuentra la persona, sino a su condición jurídica. Una persona puede ser excarcelada y continuar presa. Es lo que ocurre cuando sale de un establecimiento penitenciario, pero queda sometida a arresto domiciliario, a un grillete o a otras medidas que mantienen una restricción sustancial de su libertad. Perkins Rocha es un buen ejemplo. Salió de El Helicoide, pero continúa bajo arresto domiciliario y sometido a un régimen de grillete. Cambió el lugar de reclusión; pero no recuperó la libertad. El lenguaje importa porque presentar como “liberaciones” simples excarcelaciones puede crear —ante quien ejerce el tutelaje— la apariencia de que se ha cumplido una exigencia que sigue pendiente.

Por otra parte, la experiencia internacional permite comprender el significado político de estas decisiones. La liberación de Nelson Mandela en febrero de 1990 no fue un hecho aislado. Formó parte de un proceso que incluyó la legalización de organizaciones políticas proscritas, la liberación de otros presos políticos, el regreso de exiliados y la revisión de la legislación represiva. Aquellos pasos contribuyeron a crear las condiciones para la transición democrática sudafricana. La enseñanza es sencilla: la libertad no puede meterse con calzador en una estructura que conserva intactos los mecanismos de persecución.

La reconstrucción institucional exige, por eso, signos inequívocos de ruptura con la cultura de la represión. Sus símbolos deben ser desterrados de las instituciones y quienes estén asociados con prácticas de persecución e intolerancia no pueden formar parte del gobierno interino. Su capacidad para ejercer la fuerza no puede convertirse en una razón para perpetuar su presencia. La estabilidad debe descansar sobre instituciones y no sobre las figuras y los mecanismos que hicieron posible el autoritarismo. El gobierno de Estados Unidos, como garante y supervisor del proceso político en curso, debe tenerlo presente.

Para generar confianza en el proceso de negociación bajo el tutelaje de Estados Unidos, hay que liberar a todos los presos políticos y desmontar la estructura que permitió convertir la persecución en una política de Estado.