En la esfera política, Álvaro Uribe es una de las dos figuras con mayor poder en Colombia.

La otra es su antagonista, el presidente Gustavo Petro. Uribe –quien gobernó el país entre 2002 y 2010- representa el líder de la centroderecha, principal responsable de los éxitos militares y políticos contra la narcoguerrilla de las FARC y el ELN, entre otros grupos rebeldes de la izquierda insurreccional, luego del débil gobierno de Andrés Pastrana.

Contra ese poderoso personaje dictó un veredicto condenatorio Sandra Heredia, jueza de un tribunal de primera instancia en la ciudad de Bogotá. Las acusaciones son por soborno de testigos en la actuación penal y fraude procesal, delitos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.

Las reacciones de los sectores que apoyan a Uribe tanto dentro como fuera de Colombia fueron inmediatas. El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió que "la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un preocupante precedente". Numerosos dirigentes del Centro Democrático han descalificado a la jueza Heredia de estar ‘parcializada’.

¿Existen evidencias que indiquen que Heredia está sesgada y prejuiciada contra el expresidente Uribe?  Yo no lo veo de esa manera.       

El juicio contra Álvaro Uribe constituye una oportunidad excepcional para analizar, desde distintas perspectivas teóricas, las complejidades que envuelven el trabajo judicial en una democracia rodeada de tantas turbulencias como la colombiana. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay refleja ese ambiente de crispación. En América Latina, las dificultades de ejercer la magistratura se extienden por toda la región.

El fallo de la jueza Sandra Heredia no debe considerarse como resultado de un proceso apresurado, acelerado en un microondas. Desde los orígenes de la querella entre el senador de izquierda Iván Cepeda y Álvaro Uribe hasta la actualidad, han transcurrido casi trece años. Fue el 2012 cuando Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, de manipular exparamilitares para que testificaran en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo. En 2018, la CSJ archivó el caso contra Cepeda y, en cambio, ordenó abrir una investigación contra Uribe por manipulación de testigos. Al parecer, Juan Guillermo Monsalve –un paramilitar que era testigo clave en la disputa entre Uribe y Cepeda- había grabado, utilizando un reloj espía, a Diego Cadena, abogado defensor de Álvaro Uribe. En la conversación, Cadena, hablando en nombre del expresidente, le prometió a Monsalve beneficios judiciales a cambio de que modificara la versión contra Uribe.  

El expresidente –quien en ese momento era Senador- renunció a su investidura para afrontar, como cualquier ciudadano normal, el juicio abierto por la CSJ. La jueza Heredia ha reconocido su valentía. El proceso hasta 2024 había marchado con enorme lentitud, existiendo el riesgo de que llegara el 8 de octubre de 2025, día de la expiración del caso, y, como ha ocurrido en otras ocasiones, el proceso caducase sin ninguna consecuencia para el acusado.

Podría admitirse que la jueza Heredia, a quien le fue remitido el expediente por azar en abril de 2024, viese la oportunidad de transformar su modesto cargo y su situación laboral, en una oportunidad excepcional de convertirse en una figura de rango nacional. Algo muy humano. A partir de ese momento, según sus propias palabras, trabajó afanosamente entrevistando testigos, al menos 90, y elaborando un expediente de mil páginas, que sustancian el dictamen anunciado el lunes 28 de julio.

Se sabe que el Poder Judicial actúa en medio del contexto sociopolítico que lo rodea. Los jueces no pueden abstraerse de ese ambiente. Colombia se prepara para la jornada electoral del año que viene. Gustavo Petro es un gobernante que fomenta la confrontación con los factores que lo adversan. La pugna es implacable entre el Pacto Histórico, en el gobierno, y las fuerzas opositoras, especialmente el Centro Democrático, del cual Álvaro Uribe es el jefe. Sin embargo, de allí a acusar de subordinación y servilismo al Poder Judicial colombiano frente a las directrices emitidas por el Palacio de Nariño, existe una gran distancia. Colombia ha demostrado poseer una sólida fortaleza institucional, evidenciada en numerosas oportunidades. El Senado de la República ha enfrentado algunas decisiones del presidente de la República. La CSJ en más de una ocasión ha cuestionado acuerdos del Ejecutivo Nacional. No es la primera vez, y esperemos que no sea la última, que una instancia del Poder Judicial toma decisiones independientes.

Por la consistencia de la intervención de la Heredia  y por lo que se sabe de la forma como elaboró el expediente, se intuye que su decisión no estuvo subordinada a un encono particular o a una deriva ideológica contra el expresidente Uribe, sino que se fundamentó en los datos obtenidos a lo largo de la investigación en torno a delitos tipificados en las leyes colombianas. 

A pesar de que todavía falta mucho tiempo para saber qué pasará con el expresidente Álvaro Uribe, celebro que en Colombia existan esta clase de demostraciones de autonomía del Poder Judicial. Ya quisieran otros países del continente contar con expresiones de independencia como esa.