Deseo comenzar, de manera expresa, con un enunciado que encierra suficiente sabiduría; me refiero al contenido aleccionador en estas palabras

del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau: "Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos".

Conforme con lo anteriormente dicho, que asumimos como autocrítica, no podemos negar que hemos cometido errores y desaciertos; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.

Hemos sido implacables, cierto, por cuanto nos asiste la razón.

Sin embargo, tengamos en cuenta también que no es el momento de resentirse o cuestionar dónde estuvieron las impropiedades y/o torpezas en el manejo de nuestro justo reclamo al imperio inglés y a la excolonia británica.

Considero que, por la importancia y trascendencia de la reivindicación histórica que perseguimos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados -como país- a “hablar el mismo idioma”.

No nos está permitido cometer más deslices. Este asunto litigioso debemos encararlo con seriedad y contundencia. El próximo reto es prepararnos para comparecer el 11 de agosto por ante la Corte Internacional de Justicia a consignar las pruebas.

Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito de que se trate se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.
Cuando estamos concernidos en un proceso en la citada Sala Sentenciadora de la ONU, referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899 (porque tal es la pretensión de la Parte demandante) aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios para enfrentar esta lucha. Nada de protagonismos odiosos. Por el contrario, debemos sostener criterios firmes y unánimes, para desmontar la mencionada tratativa perversa.

Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.
Ya sabemos y no nos amedrenta que dentro de las estrategias que han diseñado y acometido los coagentes de la excolonia británica se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que --como es fácil advertir- tienen señaladamente fuertes intereses en el área en controversia, en la cual han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan --sobre todo—en la proyección atlántica en la “Zona en Reclamación”, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso; quienes tienen meses residenciados y haciendo lobby en La Haya.
Reflexionemos que frente a tamaño desafío –esencialmente-- jurídico no hay que divagar o perder el tiempo que nos hará falta más adelante; mucho menos entablar discusiones estériles, que no cooperarán a la exigida mancomunidad de ideas fértiles y sostenidos esfuerzos.

De tal manera que la primera demostración debe ser de unidad venezolanista; emblema que estamos obligados a exhibir ante el mundo, por encima de nuestras divergencias ideológicas. La unidad para reclamar nuestra Guayana Esequiba debe sensibilizarnos.

No nos cansaremos de seguir invocando la plena solidaridad de todos los sectores y ámbitos del país, con un invariable y exclusivo propósito:  demostrar que la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido. Nuestro comportamiento compacto coadyuva en la fortaleza probatoria.

Que quede claro que hemos sido desde siempre dignos herederos de las glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores.

Así como se ha logrado hasta hoy, debemos seguir teniendo identidad y conciencia frente al arrebato que nos perpetraron; además, es imprescindible el involucramiento de civiles, militares, estudiantes, académicos, políticos, empresarios, obreros. Compatriotas de los distintos cuerpos sociales; de todos quienes llevamos suficientemente acendrada la venezolanidad.

Nada de voltear la mirada o actuar con displicencia, como que el problema no fuera con nosotros. Nada de pretender sembrar sal entre las piedras.

En el Recurso interpuesto por Guyana contra Venezuela no hay en sus anexos documentos históricos, cartográficos y menos jurídicos que demuestren o prueben nada.

En la Corte Internacional de Justicia, al día de hoy, Guyana no ha consignado el más mínimo escrito de probanza de la “propiedad” de esa nación sobre la extensión de la Guayana Esequiba.

Nunca han tenido con qué ni cómo. Lo que sí les aterra es que Venezuela comparezca en la Corte y desmonte todo el ardid tramposo que se urdió en nuestra contra. La comparecencia nuestra –todo el país lo sabe—es una   determinación exclusiva del jefe de Estado.

Otro aspecto que deseo destacar es el siguiente: interesadamente y de mala fe, Guyana omite – a todo evento-- el contenido y alcance del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, donde admiten los hechos denunciados por Venezuela (artículo I), los cuales proporcionan y sustentan la base de nuestra contención. El Acuerdo de Ginebra causó estado en la ONU, quedó firme conforme al Derecho Internacional.

Reitero que si en esa ocasión admitieron los hechos y asimilaron los merecidos calificativos al Laudo de nulo e írrito; como consecuencia, quedó cuestionado y desestimado, eo ipso, la supuesta intangibilidad de cosa juzgada, para esa sentencia arbitral.

Guyana se presenta, ante la Corte, con inanidad jurídica; sostenida en esa pobre fundamentación de derecho.

No es un empecinamiento de nuestra parte, sino que -exigiendo justicia- alegamos   que el Laudo de París adolece “de punta a punta” de error in procedendo (de forma) y de error in judicando (de fondo), que lo dejó, desde su origen, sin eficacia jurídica.

Tal documento siempre ha sido un triste y vergonzoso adefesio que jamás debió considerarse recurso oponible contra Venezuela, y menos intentar darle la categoría de jurisprudencia y peor valorarlo como doctrina en el Derecho Internacional Público.