La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que favorecía a los venezolanos desde 2021 y 2023,

representa un giro más en la política del Gobierno de Donald Trump, dirigida a acabar con los beneficios migratorios proporcionados por su archienemigo Joe Biden. Ese corte abrupto sataniza a los inmigrantes, no solo a los que se encuentran ilegales, sino en general a los extranjeros, especialmente a los provenientes de América Latina, y en particular a los venezolanos. La disposición se concretó, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 7 de noviembre, día fatídico para los más de 60o.000 compatriotas que quedaron a la intemperie. A partir de esa fecha, esos ciudadanos podrán ser deportados, quedarán sin permiso de trabajo y serán presas de la policía de inmigración, el temible Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, también por sus siglas en inglés).

Los efectos negativos de la decisión de Donald Trump ya han comenzado a manifestarse en algunos condados de Florida. En Miami Dale, donde se concentra un elevado número de venezolanos, los restaurantes y comercios están quejándose por la escasa asistencia de comensales. Lo mismo está ocurriendo en los comercios, tanto por parte  del público como de los empleados, muchos de ellos venezolanos, que se inhiben de acudir a sus trabajos por miedo a ser capturados. Igual queja plantean los dueños de pequeñas, medianas y grandes empresas, y productores agrícolas en distintas áreas rurales de Estados Unidos.

Los argumentos invocados por el gobierno trumpista cuestionan la laxitud con la cual, supuestamente, Biden trató a los inmigrantes.  Los funcionarios señalan que la permisividad excesiva del anterior Presidente permitió que se filtraran numerosos delincuentes, traficantes de drogas y asesinos, que terminaron por convertirse en una seria amenaza para la seguridad nacional. Este es uno de los argumentos favoritos de Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Esas acusaciones se han formulado sin aportar pruebas ni datos concretos que certifiquen las afirmaciones de esos funcionarios. Los lamentables episodios de violencia y criminalidad en los que se han visto envueltos venezolanos, han sido magnificados de forma interesada con la finalidad de difundir una imagen distorsionada de ese enorme contingente de compatriotas, que se vieron lanzados al exterior en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias.

Los datos estadísticos no sustentan esa visión tergiversada de los venezolanos. Al contrario, la inmensa mayoría de las personas que se fueron de Venezuela para instalarse en Estados Unidos y en diversos países de América Latina, se han convertido en importantes factores de cambio y enriquecimiento de los países receptores. Los migrantes venezolanos han contribuido de forma notable a dinamizar la actividad productiva, aumentar el consumo y mejorar los procesos productivos de las empresas a las cuales se incorporaron. Los números proporcionados por el Observatorio Venezolano de la Diáspora (OVD), dirigido por el sociólogo Tomás Páez desde hace más de una década, evidencian de forma categórica la contribución de nuestros compatriotas en los países de acogida. Entre ellos, desde luego, Estados Unidos.

En el comportamiento agresivo contra los venezolanos que se desplazaron hacia Estados Unidos pueden apreciarse rasgos xenofóbicos, racistas y de un claro contenido supremacista. El gobierno de Trump terminó quedando atrapado por un discurso proclamado por la ultraderecha norteamericana, que reivindica en esa nación mestiza una pureza étnica que nunca ha existido. La grandeza de Estados Unidos no puede explicarse sin el aporte de decenas de millones de extranjeros, entre ellos los venezolanos, que con su ingenio, constancia y disciplina han colaborado en la construcción de ese país. El imperio económico levantado por Trump –entre los que hay que incluir las torres, gigantescos hoteles y casinos- no hubiese podido edificarse sin la fuerza de trabajo, incluso ilegal, de los miles de trabajadores que han pasado por sus empresas.

Trump y sus seguidores sucumbieron de forma oportunista a un mensaje de odio fomentado por grupos de fanáticos religiosos, que reivindican una pureza de sangre que no se dio jamás en Estados Unidos ni en ningún país desarrollado. En el discurso de esos exaltados se notan claros rasgos de aporofobia, concepto acuñado por la filósofa española Adela Cortina para referirse al desprecio a los pobres que sienten algunos sectores sociales. En el caso de Trump, resulta evidente ese desdén. El magnate les ofrece visas doradas a los millonarios que quieran invertir y crear empleos en Estados Unidos. Estos tienen la puerta franca para entrar en el territorio norteamericano. En cambio, el humilde trabajador que llega a colaborar con sus destrezas al crecimiento de una empresa o un comercio, es acusado y condenado de antemano. Se le obliga a padecer el acecho y la persecución de los cuerpos de seguridad del Estado. A ese modesto inmigrante puede levantársele un expediente, acusársele de criminal y, ahora, quedar desprotegido por la justicia.

Frente a tanta hostilidad, afortunadamente, se han movilizado las organizaciones de defensa de los derechos humanos, tan activas en algunas áreas de Estados Unidos. También, algunos tribunales y jueces han estado muy activos en la custodia de los ciudadanos que quedaron inermes. A pesar de los ataques a la democracia, en Estados Unidos existen numerosos sectores que la defienden.