La trama de corrupción descubierta en Pdvsa alrededor de Tareck El Aissami resulta un nuevo capítulo de la larga historia de corruptelas,

negocios turbios y comisiones ilícitas que han marcado  a la principal industria del país desde el comienzo de la era chavista-madurista. Los orígenes se remontan al Plan Bolívar 2000, cuando comenzó el saqueo de la petrolera. En aquella oportunidad el escándalo fue tan obsceno, que hasta el Contralor General de la época, un señor tan complaciente como Clodosbaldo Russián, llegó a declarar que el plan era “inauditable”. Los recursos los proporcionaba Pdvsa. Algunos altos oficiales de la FAN fueron sus máximos beneficiarios. Luego vinieron los excesos de Rafael Ramírez y sus socios, entre los que destacaba ‘Diegito’ Salazar, un caballero que acumuló una inmensa fortuna a la sombra de Ramírez, el hombre que proclamó la Pdvsa ‘roja, rojita’.

La particularidad de la denuncia actual es que, según numerosos indicios, las acusaciones en las que están envueltos dirigentes del PSUV, diputados  y funcionarios de distintos organismos del Estado, forman parte de una purga impulsada por Nicolás Maduro y el círculo de hierro que lo rodea, con el fin de garantizar que el actual mandatario no tenga rivales que lo reten en su afán de mantenerse en el vértice del poder.  

Así son las disputas en los regímenes de corte totalitario. Lo que realmente les interesa no es acabar con el morbo de la corrupción, sino demoler contrincantes incómodos que poco a poco han ido escalando y concentrando poder y riqueza. Este es el caso de El Aissami, quien fue vicepresidente de la República en 2017 y, además, al parecer es ficha de importantes grupos terroristas del Medio Oriente en Venezuela. Esa conexión pareciera explicar su designación como ministro de Petróleo, cargo en el cual se mantuvo durante casi tres años, a pesar de no poseer ninguna experticia en el área petrolera.

Para diversificar un poco el espectro y evitar que los focos del país se dirijan solo a Pdvsa y al PSUV, el Gobierno destapó simultáneamente otras ollas. Acusó a jueces y miembros del Poder Judicial de estar en connivencia con el Tren de los Llanos, grupo delictivo  que aterroriza a comerciantes, industriales, productores agrícolas y ciudadanos en el occidente de Venezuela. Algo similar desató contra varios militares. Con esa onda expansiva el Gobierno aspira eludir aparecer como el único protagonista de la descomposición. No sería extrañó que en los días por venir señale que algún alcalde, gobernador o dirigente opositor está involucrado en algún delito. Ya Maduro atacó con saña a Juan Guaidó, señalando que convendría ‘ponerle los ganchos’. Ante esa eventual embestida hay que estar atento y preparado.

El andamiaje de la corrupción develado en Pdvsa muestra, además de la falta de supervisión y controles internos, otro aspecto poco analizado hasta ahora. Me refiero a los efectos perversos de  la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, o, simplemente, Ley Antibloqueo, instrumento propuesto por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el fin de brindarle al Gobierno herramientas jurídicas que le permitieran mitigar los efectos de las sanciones internacionales contra Venezuela. Los abogados expertos en Derecho internacional, en negociaciones y en evitar y combatir la corrupción administrativa, le advirtieron a la AN y al Ejecutivo acerca de los peligros que corría la Nación, el Estado y Pdvsa, si se aprobaba esa ley sin tomar todas las precauciones que evitaran la discrecionalidad y la falta de garantías en la comercialización internacional del crudo. El Gobierno de Nicolás Maduro hizo caso omiso a esos prudentes consejos. Ahora están viéndose las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

De acuerdo con las informaciones que circulan en distintos medios especializados, además de los 3.600 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de TEA y sus muchachos, hay alrededor de 25.000 millones de dólares que no pueden ser recuperados por la Nación debido a que los compradores se esfumaron. Son compradores ‘fantasmas’ que no pagaron en su momento, no ofrecieron ninguna garantía, no firmaron ningún contrato, ni hay manera legal, de acuerdo con los convenios internacionales, de obligarlos a honrar su deuda. A lo mejor toda la improvisación no constituye ningún error, sino que forma parte del guion para asaltar un bien nacional como el petróleo. Sin embargo, cuesta creer que tal insensatez haya sido deliberada, pues hasta sus potenciales beneficiarios se han quedado sin poder recuperar el crudo que ya se distribuyó. Y digo distribuyó porque nunca se vendió: el dinero jamás entró a Pdvsa ni a las cuentas bancarias de los filibusteros que promovieron esos ‘emprendimientos’.

El corolario de toda esa sangría es que Maduro ha salido de algunos enemigos, se ha atornillado más en Miraflores y la nación ha dejado de recibir unos ingresos que, bien aprovechados, habrían servido para aumentarle a los maestros y profesores, elevar el sueldo de médicos y enfermeras, y, en general, mejorar un poco la calidad de vida de la gente. La corrupción acabó con Pdvsa, pero no con el madurismo.