El reinicio de la ronda de conversaciones con la oposición en México evidencia que el régimen de Nicolás Maduro

cedió ante las presiones políticas y diplomáticas internacionales, y frente al efecto de las sanciones económicas. No pudo seguir ignorando las iniciativas de los mandatarios Emmanuel Macron, Gustavo Petro, Alberto Fernández, y las declaraciones de Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, entre otros presidentes de la región y del planeta, que se han pronunciado a favor de que Venezuela supere en términos pacíficos la crisis política que la sacude desde 2018, cuando Maduro rompió el hilo constitucional al convocar unas elecciones ilegítimas; además, retorne al modelo democrático, cuyo epicentro se encuentra en la convocatoria de elecciones libres y equilibradas, con supervisión internacional, y exista la alternancia en el poder con períodos presidenciales finitos. 

El Gobierno tuvo que ceder a la persistente exigencia de actores internacionales, a pesar de haber construido –con la ayuda de Irán, Turquía y Rusia- mecanismos que le han permitido evadir y atenuar el peso de las  sanciones. Podría decirse, incluso, que el régimen se ha acostumbrado a vivir con las penalizaciones. Esta adaptación y reacomodo le han posibilitado lograr que la economía haya detenido, a partir de 2021, la caída y empezado a crecer a tasas moderadas, tal como lo registran distintos centros de investigación y empresas consultoras.

El mérito de haber obligado a Nicolás Maduro a regresar a la mesa de negociaciones se encuentra fundamentalmente en factores internacionales como los que he mencionado, más que  condiciones internas, nacionales. Es una verdad irrebatible que la oposición por sì misma no se encuentra en circunstancias de imponerle nada al Gobierno. Los distintos  grupos que la integran se han fragmentado en pequeñas parcelas. El régimen ha llevado a cabo una labor de zapa, comprando, dividiendo y judicializando a las pequeñas agrupaciones que se resisten a desaparecer. Numerosos dirigentes han sido obligados a marcharse del país porque, de haberse quedado en Venezuela, estarían presos o habrían corrido la suerte del asesinado Fernando Albán. Además de la crisis secular de los partidos políticos, el país ya no cuenta con el entramado de organizaciones sociales que tuvo en el pasado. Los sindicatos, gremios, federaciones campesinas y estudiantiles, se encuentran muy debilitadas. La ciudadanía se desmovilizó porque, además de que se ha extinguido ese factor tan poderoso de agitación y organización que son los partidos y las organizaciones sociales, la gente está preocupada esencialmente por sobrevivir a la inflación galopante y a la miseria que afecta a la inmensa mayoría de la nación.

En este cuadro de debilidad global –conocido tanto por los países amigos de la democracia como por el Gobierno y la oposición- fue que Maduro aceptó concurrir a México. 

Lo que allí se logró fue significativo. El acuerdo firmado integra parcialmente las expectativas de cada uno de los interlocutores. Los agentes que intervinieron asumieron el encuentro desde la perspectiva de sus propios intereses. El Gobierno ganó tiempo. El tema de las condiciones electorales y los aspectos relacionados con la violación de los derechos humanos y la amnistía para liberar los presos políticos y levantar las inhabilitaciones, quedaron postergados para el futuro. Además, consiguió que Chevron, atenazado por numerosas restricciones, vuelva a operar en Venezuela y contribuya a elevar la producción de petróleo, aunque ni el Gobierno ni Pdvsa puedan lucrarse de esa presencia. La oposición, consiguió la creación de un fondo social con tres mil millones de dólares pertenecientes a los venezolanos, administrado por la ONU, que servirá para aliviar un poco la grave situación de los grupos más pobres. Los opositores pueden exhibir un resultado concreto que los aproxima a las franjas más deprimidas del país. Estados Unidos, protagonista entre bambalinas, logró –a muy bajo costo- aumentar un poco el abastecimiento interno de crudo sin tener que apelar a las reservas estratégicas ni aumentar la producción interna.

La primera ronda en México se llevó a cabo dentro de los límites de lo posible. Nada de programas maximalistas, como algunos radicales pretenden. Se impuso el gradualismo sensato y racional, explicado muy bien por Gerardo Blyde frente a algunos periodistas, entre ellos Román Lozinski, con quien sostuvo una extensa entrevista.

Las redes sociales, algunos analistas y comentaristas improvisados han cavado trincheras para atacar un acuerdo que, hasta ahora, resulta inobjetable. También descalifican a Estados Unidos por haber levantado en parte las sanciones contra el Gobierno. Los lugares comunes y las frases destempladas abundan. Ninguna proposición de cambio factible se sugiere. Se establecen demandas inauditas que no toman en cuenta las condiciones específicas del país, de la oposición, de las organizaciones sociales y de los ciudadanos. Esos juicios confunden los deseos y caprichos con lo objetivamente posible. 

Los negociadores de la oposición deben continuar el plan evitando que el Gobierno tome por la tangente y eluda cumplir con lo que todo el país espera: que tengamos en 2024 elecciones que permitan sustituir a Maduro sin mayores traumas. En México se dieron pasos hacia adelante. Hay que continuar.