En los últimos días hemos visto al que hace de fiscal general practicando sus mejores poses frente a las cámaras de televisión

anunciando la apertura de juicios contra los adolescentes que presuntamente han cometido acoso escolar. Eso no es que esté mal, sino que no es la solución al problema de fondo como es la prevención. Cuando en 2011 debido a la violencia verbal en cadenas de radio y televisión tocó en parte a la población estudiantil de primaria y educación media, desde la administración de la alcaldía metropolitana de Caracas de Antonio Ledezma, se impulsó el Programa de Conciliadores Escolares para ir formando progresivamente al nuevo ciudadano desde esa raíz, pero inmediatamente fue saboteado por el resentido social Hugo Chávez y la asamblea nacional de mayoría chavista de la cual formaba parte Tarek William Saab, quien formó parte de esa perversidad y ahora viene a darse golpes de pechos. 

Este programa sería desarrollado por la Gerencia de Convivencia Ciudadana y Justicia de Paz, a través de psicólogos, pedagogos, especialistas en derechos humanos y resolución de conflictos, entre otros, lo que garantizaba un buen perfil para su desarrollo. Recuerdo clarito que ejerciendo el cargo de jefe de prensa de la Gerencia de Convivencia Ciudadana, acompañe a la delegación de instructores a una escuela ubicada en el barrio Artigas, muy cerca de la avenida San Martín de Caracas, y cuando estaban conversando con la directora del plantel para explicarle el alcance del programa, de pronto aparecieron unos tipos muy violentos que se identificaron como colectivos bolivarianos con armas largas gritando que debíamos abandonar las instalaciones de la escuela y diciéndole a la directora que estaba destituida. Y efectivamente la directora fue destituida por el propio ministro de educación. Acciones de violencia como esa se repitieron en todas las escuelas donde la alcaldía metropolitana de Caracas proyectaba impulsar el Programa de Conciliadores Escolares.   

En los últimos días hemos visto como en algunas escuelas primarias o liceos de bachillerato se han presentado casos de violencia física con mucho ensañamiento y odio de unos contra otros y acoso escolar llamado también bullying por algunos mas “refinados”. Como por ejemplo lo ocurrido en un colegio católico en la ciudad de Puerto Ordaz del estado Bolívar, cuando un alumno con mucha rabia patea a otro mientras estaba en el suelo indefenso. En este caso ya el que actúa de fiscal general anunció muy diligentemente que hicieron varias imputaciones. Ojalá aplicara la misma energía contra las bandas y megabandas que azotan a los ciudadanos en el país.    

Los Conciliadores Escolares eran una especie de Jueces de Paz Escolares, que eran formados en cursos que duraban unas cuatro o seis semanas por instructores como ya dijimos especialistas en Derechos Humanos, psicólogos en orientación escolar y profesores de secundaria. Estos alumnos que terminaban exitosamente los cursos recibían el certificado como Conciliadores Escolares o Jueces de Paz Escolar, y un librito con algunas normas para aplicar fundamentalmente en la conciliación entre esos compañeros de estudios con diferencias, y cuando detectaban o recibían alguna denuncia de acoso escolar o de cualquier diferencia entre compañeros de estudios, inmediatamente actuaban porque estaban autorizados por la dirección del colegio para citar a las partes y con el librito de la conciliación en mano, eran leídas en las “audiencias” una y otra vez hasta que se lograba el entendimiento entre esos compañeros de estudios. Ese programa diseñado por la administración de Antonio Ledezma buscaba frenar la violencia comenzando por las aulas escolares para llegar a formar a los nuevos ciudadanos venezolanos.

Pero, lamentablemente este programa como ya dijimos fue saboteado por el propio resentido social que en mala hora para Venezuela nació en Sabaneta de Barinas, cuyo código era la violencia. Primero ordenó que en las escuelas dependientes del ministerio de Educación negaran el ingreso del programa, luego amenazó con quitarle el subsidio a los colegios católicos si seguían dando entrada en sus instalaciones a los funcionarios de la alcaldía metropolitana de Caracas encargados del programa Conciliadores Escolares, y los privados que no tenía subsidios fueron amenazados con abrirles juicios y cerrarlos aunque fuese por una coma mal puesta en algún documento. Es la codificación de no hacer nada pero tampoco dejar hacer.

Es la implantación de la violencia como política de estado. Un discurso encendido sembrado a través de las cadenas de radio y televisión, donde acusan de todo a todo aquel que no comulga con la mal llamada revolución chavomadurista. Es la política de violencia implantada a través de los círculos bolivarianos desde 1999, que continuó con el despido de 22 mil trabajadores petroleros, seguida con actos como el de Rafael Ramírez cuando dijo que “ahora PDVSA es roja rojita y el que no le guste se tiene que ir” y cuando el resentido social dijo: “Si no estas conmigo estas contra mí”.

Ahora vemos al que hace de fiscal general con sus mejores “poses” frente a las cámaras de televisión diciendo que está aplicando justicia en los casos de violencia escolar que se producen en algunos colegios. Sin embargo, la verdad verdadera es que, si el Programa de Conciliadores Escolares no hubiese sido saboteado hasta acabarlo, y en su lugar lo hubiesen copiado y aplicarlo en todo el país a través del ministerio de Educación, hoy muchísimos de esos actos de violencia en escuelas y liceos no se hubiesen producido.

|*|: Columna de opinión “Nuestra óptica”