Justo al día siguiente de los comicios presidenciales, vi y escuché por la televisión a uno de esos “acompañantes” internacionales

que de elección en elección trae el gobierno para que hable maravillas del sistema electoral venezolano. Entre otras linduras y con todo el cinismo del mundo, el señor aseguró que los llamados puntos rojos donde el oficialismo extorsiona y  compra el voto a los electores, estaban situados a una distancia de los centros de votación que no violaba la normativa vigente y los acuerdos suscritos por los candidatos en el Consejo Nacional Electoral. 

Imposible mayor descaro de este sujeto al que, en vez de acompañante u observador, cabe más bien el calificativo de mercenario internacional.

Fueron por montones los puntos que el oficialismo instaló a muy pocos pasos de los centros electorales a todo lo largo y ancho de la república, cosa que no solo está vedada por la normativa, que los permite a más de 200 metros de distancia, sino que además estuvo expresamente proscrita en el acuerdo firmado por el gobierno y los candidatos que compitieron en el proceso del 20 de mayo. Y no era solo la ubicación ilegal de esos puntos, sino que además en ellos se estaba materializando, a los ojos de las autoridades electorales y de los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional, la asquerosa operación de compra-venta que el Presidente de la República había anunciado desde días atrás que haría con el escaneo del llamado “carnet de la patria”. Se concretó, justamente, todo lo contrario de lo que la presidenta del CNE aseguró ante el país que no iba a ocurrir 

Lo que el oficialismo hizo ese día fue una operación delictiva de marca y calado mayor. Si la compra de votos es un delito, lo es doblemente hacerlo con dineros del tesoro público. Y tanto más grave, gravísimo, si lo hace un Presidente de la República. Es el malandreo elevado a la más alta cúspide estatal.

Ilegal lo que hizo el régimen al burlarse y aprovecharse del hambre del pueblo. Y muy mal negocio para sus víctimas: la platica les sirvió para comer unos días, pero a cambio se tienen que calar al hambreador Maduro por seis largos años más.

Mala operación también la de quienes se abstuvieron de ir a votar a la espera de que, producto de su ausentismo electoral, se produzca algún malabarismo o acto de magia que saque a Maduro de Miraflores. Tal como era previsible si la abstención era masiva, la proclamación de Maduro por el CNE como Presidente Electo para el periodo 2019-2025 es la primera y tangible consecuencia de esa decisión. Si preferían al candidato del hambre antes que al cambio pacífico y democrático de la mano de Henri Falcón, pues ahí tienen a su Maduro. Disfrútenlo.

En definitiva, cuchillo para la garganta de quienes votaron por Maduro seducidos o chantajeados por el “premio” en metálico, y cuchillo para la garganta de quienes, víctimas también, se quedaron en casa en atención al llamado de los sectores ultrarradicales de oposición. 

Tristemente, la oportunidad dorada que teníamos los venezolanos el 20M de salir de Maduro y su combo represivo y hambreador la hemos dilapidado olímpicamente. Basta hacer unas simples operaciones aritméticas con los resultados dados a conocer por el CNE para confirmar que Maduro era electoralmente derrotable. Faltó una sabia y oportuna decisión política que sintonizara con esta protuberante realidad electoral, en sintonía a su vez con las condiciones políticas, económicas y sociales prevalecientes en la actual coyuntura nacional, todas favorables al cambio democrático.

Participar en esas elecciones era lo políticamente correcto. Las muy diversas fuerzas políticas y movimientos sociales que lo hicieron en apoyo a Falcón, así como el sinfín de individualidades que adhirieron la candidatura y su propuesta política y programática, continuarán luchando por el cambio democrático, constitucional, pacífico y electoral. 

Nuevas jornadas de lucha nos esperan. 

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