¿Privatizar o no privatizar? ¿Reformar al Estado para que recupere capacidades y responda a sus obligaciones, o minimizar dramáticamente su influjo?

¿Es lo estatal inherentemente ineficiente, o existen alternativas para perfeccionar su desempeño en contextos democráticos? Son preguntas que, en el caso venezolano, resucitan una y otra vez. Lo cierto es que determinar si el Estado debe gestionar o no sectores estratégicos no se reduce a una problemática puntual, sino que remite a un debate más profundo sobre la naturaleza del poder y la gobernanza. ¿Qué camino tomar, entonces? La tesis de que la solución a su incompetencia está en desvincular al Estado de cualquier manejo directo de empresas, encuentra un eco poderoso en la teoría política contemporánea. En Venezuela, a santo de las distorsiones de ese modelo que Asdrúbal Baptista calificó como Capitalismo Rentístico (drenaje de capitales, "ilusión de armonía", hipertrofia estatal, rent-seeking, Enfermedad Holandesa), es lo que quizás dictaría el sentido común. Sin embargo, no son insignificantes los ejemplos de países que han logrado desafiar los determinismos en este campo. No se trata entonces simplemente de privatizar (o no) para adecuarse al rígido abecé de una ideología, sino de entender que un Estado puede ser un árbitro eficaz siempre que se comporte, al mismo tiempo, como un jugador contenido por la brida que aplica la sociedad.

Acá vuelve a cobrar protagonismo una palabra: instituciones. Es decir, reglas de juego, limitaciones, normas y restricciones ideadas para estructurar la interacción política, económica y social, según apunta Douglass North; pautas que reducen la incertidumbre al definir incentivos/ castigos y determinar los costos de transacción. Hablamos, básicamente, de prácticas y procedimientos predecibles, del sistema de pesos y contrapesos que obliga al Estado a ponerse al servicio de la población en lugar de responder exclusivamente a los intereses de élites o de determinados stakeholders. Las instituciones democráticas actúan así como factor moderador que evita que la riqueza natural se convierta en “maldición” o enfermedad, e impidiendo que la discrecionalidad conspire contra los equilibrios.

Lo anterior invoca las tesis de Acemoglu y Robinson en El Pasillo Estrecho (2019): la libertad y la eficiencia florecen cuando el Estado es lo suficientemente fuerte para administrar con solvencia, y la sociedad lo suficientemente fuerte para vigilarlo. Para ilustrar sus afirmaciones, los ganadores del Nobel de Economía 2024 optaron por contrastar el papel de las instituciones extractivas (propias de democracias débiles o de autoritarismos, diseñadas para absorber la renta y repartirla entre círculos de afines) vs las instituciones inclusivas, vinculadas a la optimización democrática. Una democracia robusta crea instituciones que imponen reglas de juego claras, lo cual descarta el capricho personalista del líder de turno o la hegemonización de un partido, y prioriza el debate parlamentario transparente, las auditorías independientes y el rol de una prensa libre capaz de denunciar manejos opacos y ejercer vigilancia social permanente.

Fukuyama matiza también los enfoques del todo-o-nada (típicos de visiones atizadas por esta suerte de “gran rechazo” que aplica hoy la derecha, minarquismo o anarcocapitalismo, y no por una serena revisión de debilidades y fortalezas) al considerar que, más allá del tamaño del aparato burocrático, importa la calidad de su acción y alcance. Una buena gobernanza necesita un Estado con alta capacidad administrativa, algo que las instituciones democráticas protegen mediante criterios como los de la meritocracia. Fue justo eso lo que llevó a PDVSA a convertirse en referente de buena gestión durante las décadas de los 80 y 90, gracias a la barrera que entre el Ministerio de Energía y la directiva de la empresa evitaba que los ascensos dependiesen no de conexiones partidistas, sino de un riguroso sistema de evaluación por desempeño. Una cultura corporativa que, por otra parte, PDVSA heredó de concesionarias internacionales como Shell, Exxon y Mobil y que supo adaptar al contexto local, creó una estructura afín a esa burocracia que Weber describe como profesional, impersonal, eficiente. Una capaz de aplicar esquemas de asociación con capital privado (“tanto mercado como sea posible…” Brand dixit) como de neutralizar la tentación del clientelismo, la de convertir la empresa en botín del político. A merced de tales premisas, para 1997 la empresa había logrado expandirse y ser propietaria de una veintena de refinerías en Europa, Estados Unidos, el Caribe y Venezuela, llegando a ser la segunda petrolera más importante a nivel global luego de Saudi Aramco, según datos de la Petroleum Intelligence Weekly, y con los costos de extracción más bajos del mundo.

Un factor crucial en dinámicas tendientes a optimizar ese aprendizaje previo, a favorecer la adaptación a nuevos contextos y reducir fragilidades estriba en abrazar la necesidad de la rendición de cuentas. La famosa accountability es, prácticamente, una alcabala inexistente en materia de gestión de recursos en contextos disfuncionales como el venezolano, allí donde la lógica de la “caja negra”, la opacidad en la obtención y divulgación de cifras no es la excepción, sino la regla. Des-autocratizar el sistema y, con ello, favorecer una lógica contraria a la del Estado depredador, depende también de lograr transparencia activa mediante la publicación de contratos, auditorías de reservas y flujos de caja; de tener un poder judicial autónomo e independiente que permita procesar, sin miedo a represalias, a los corruptos; de contar con un parlamento fuerte que evite el gasto discrecional del Ejecutivo, o de facilitar la participación y auditoría ciudadana mediante canales idóneos.

Aspirar a esa clase de eficiencia obliga a pensar más en soluciones integrales y de largo plazo que en movidas atadas a la coyuntura, a los prejuicios y compulsiones, a los fatídicos “idus” y modas políticas. Optimizar la gobernanza no parece sólo un problema de "buenos gerentes", pues, sino de buenas reglas y esquemas que aseguren su cumplimiento. Sin estas cadenas institucionales, cualquier reforma administrativa será vulnerable al próximo ciclo político. Ello exige pensar no en un Estado ausente, debilitado o excluido a priori de la ecuación administrativa, sino en uno fortalecido en su rol supervisor.

Casos como los de Equinor (Noruega), QatarEnergy (Qatar), Petronas (Malasia) o Saudi Aramco (Arabia Saudita), por cierto, disputan la idea de que el Estado no es apto, por naturaleza, para la gestión de recursos petroleros. Los resultados de estas empresas sugieren que el éxito no depende exclusivamente de quién funge como dueño de los commodities, sino del tipo de gobernanza al que se acogen. Al explorar fórmulas basadas en los marcos descritos -transparencia y ética, escala y eficiencia técnica, visión de largo plazo, diversificación, agilidad, flexibilidad estratégica y comercial- los Estados dejan de ser Leviatanes “de papel" para convertirse en estructuras con capacidades técnicas de élite. Ora actuando como socio mayoritario que cotiza en bolsa y compite bajo reglas de mercado, como ocurre en Noruega; ora manteniendo una cultura corporativa aislada de la burocracia ministerial común, a pesar de tener un núcleo 100% estatal, como en Arabia Saudita; ora apelando a modelos híbridos, como hace Qatar, lo que supone especialización y alianzas estratégicas con privados que aportan tecnología e innovación; o bien permitiéndose reinvertir utilidades en el extranjero en vez de entregar todo el flujo de caja al presupuesto nacional, como en Malasia, las vías para conjurar las trampas de la corrupción, la ineficiencia o la captura de rentas han sido tan elásticas y pragmáticas como altamente efectivas.

Allí donde los cuadros técnicos hacen carrera de décadas, donde la fiscalización de los mercados funge de látigo que el Estado, por sí solo, no está en condiciones de aplicar; donde la separación de roles lo obliga a actuar a la vez como regulador y accionista, o donde hay finanzas diversificadas o fondos soberanos que sirven de colchón, la propiedad estatal funciona no como hándicap, no como patrimonio de un dueño desesperado, sino como palanca de desarrollo. Eso lleva a entender por qué países como Venezuela exhiben una brecha de resultados tan abismal. La dependencia patológica de la renta petrolera para financiar el gasto corriente ha dejado un boquete crónico, cada vez más inmanejable. De cara a esas reformas que pudieran favorecer una democratización, vale la pena preguntarse entonces si el nuestro, más que a un problema de ingeniería, no obedece a uno de diseño institucional: si la falta de un pasillo de reglas claras o de una sociedad civil fortalecida y capaz de exigir cuentas, no es el verdadero meollo al cual apuntar a la hora de distinguir esas anclas que vuelven elusivo cualquier avance.