En este artículo el Dr. Claudio Briceño Monzón indica que "en muchas regiones del país, los apagones se han convertido en una suerte de reloj de la pobreza".

“La esperanza de un gran destino está viva en la gente venezolana,

de un destino sin término que salga de la tierra y de los hombres.” (Uslar, 1965: p.255)

Hay experiencias que no pueden comprenderse plenamente a través de las estadísticas. Una de ellas es vivir en el interior de Venezuela entre apagones, salarios de miseria y una incertidumbre que, poco a poco, se ha convertido en parte de la rutina cotidiana.

Una cosa es escuchar que existen cortes de electricidad; otra, muy distinta, es sentarse en medio de la oscuridad y experimentar cómo se apaga el ventilador, cómo el calor comienza a hacerse insoportable y cómo el teléfono celular deja de funcionar, dependiendo de la zona en la que uno se encuentre. Muchos proveedores de telefonía necesitan que las antenas repetidoras mantengan con carga las baterías que alimentan los equipos encargados de garantizar la señal de comunicación cuando falla el servicio eléctrico.

Entonces, el trabajo se interrumpe, las actividades cotidianas quedan suspendidas y solo queda esperar, además, hay una particularidad que ya forma parte de la rutina. Se sabe que, aproximadamente cinco horas después, la electricidad volverá. Y mientras tanto, la vida queda en pausa, como si durante ese tiempo también se apagaran las posibilidades de hacer aquello que, en cualquier sociedad normal, damos por sentado.

En muchas regiones del país, los apagones se han convertido en una suerte de reloj de la pobreza. Cinco horas diarias sin electricidad —o incluso más en determinados lugares, circunstancias, y a cualquier hora del día de forma desquiciada— no representan solamente la ausencia de un servicio público. Son horas en las que se paraliza la vida: el pequeño comercio deja de vender, el trabajador pierde tiempo y productividad, los alimentos corren el riesgo de dañarse y las familias vuelven, por unas horas, a una oscuridad que parecía desterrada por la modernidad.

La paradoja resulta dolorosa. Un país que durante buena parte del siglo XX construyó una importante infraestructura eléctrica hoy tiene regiones donde la electricidad se ha transformado en un servicio intermitente. Y mientras las autoridades ofrecen explicaciones técnicas, culpan a terceros o anuncian soluciones que rara vez llegan a los hogares, la población aprende a vivir con linternas, velas, baterías y paciencia.

Pero detrás del apagón eléctrico existe otro mucho más profundo; el de las oportunidades.

Los salarios pulverizados han obligado a millones de venezolanos a practicar una economía de supervivencia. La alimentación, la salud, la educación, el transporte y la vivienda se convierten en problemas cotidianos que deben resolverse con ingresos insuficientes. La pobreza deja de ser una circunstancia temporal y comienza a convertirse en una forma de vida.

De allí que la oscuridad eléctrica sea apenas el símbolo visible de un abandono institucional mucho mayor. Durante más de dos décadas, la corrupción, el centralismo, el autoritarismo, la militarización de la administración pública y el deterioro de los servicios han contribuido a debilitar las capacidades del Estado. El problema, por tanto, no es solamente que se vaya la luz: es que también se ha ido apagando la confianza en que las instituciones puedan resolver los problemas de los ciudadanos.

Y, cuando un gobierno se preocupa más por conservar el poder y responder a los intereses extranjeros y no los del país, cuando no hay interés por garantizar el bienestar colectivo, la sociedad termina pagando la factura.

La expresión «socialismo del siglo XXI» prometió justicia social, prosperidad y dignidad para los sectores históricamente excluidos. Sin embargo, la experiencia venezolana muestra una profunda contradicción entre aquella promesa y la realidad de una población que debe enfrentar salarios insuficientes, servicios deteriorados y una creciente desigualdad. Mientras una minoría vinculada al poder exhibe privilegios difíciles de conciliar con el discurso igualitario, buena parte de la sociedad civil sobrevive contando cada bolívar y esperando que vuelva la electricidad.

Sin embargo, sería un error pensar que Venezuela está condenada para siempre a esta oscuridad. Los apagones no son una fatalidad histórica. Tampoco lo son la pobreza, la corrupción ni el autoritarismo. Las sociedades pueden reconstruirse cuando recuperan sus instituciones, fortalecen la ciudadanía, transparentan el manejo de los recursos públicos y vuelven a colocar el bien común por encima de los intereses particulares.

La electricidad puede regresar en 6 horas. Reconstruir un país, en cambio, puede tomar una generación.

Por eso, el verdadero desafío venezolano no consiste únicamente en encender las plantas eléctricas, reparar las redes o aumentar la generación de electricidad. Consiste en volver a prender las instituciones, la confianza, el trabajo, la educación, la producción y la esperanza.

Un país puede acostumbrarse a vivir algunas horas a oscuras; lo verdaderamente peligroso es acostumbrarse a vivir sin esperanza. Porque cuando se apaga la electricidad, basta con reparar el sistema para que vuelva la luz; pero cuando se extinguen las instituciones y la dignidad ciudadana, la oscuridad puede convertirse en una forma de gobierno.

Hoy podemos especular que Venezuela se encuentra cada vez más condicionada por los intereses políticos y estratégicos del Gobierno de los Estados Unidos. En estas circunstancias, resulta indispensable avanzar hacia la estabilización política e institucional del país y a una solución democrática construida, en la medida de lo posible, por los propios venezolanos.

Entre los principales temores que suscita una intervención extranjera en Venezuela está la posibilidad que el país pierda lo poco que le queda de independencia, aunque esta se ha visto limitada por la injerencia política de Cuba y por los intereses económicos y estratégicos de China, Rusia e Irán. La autonomía continúa siendo un componente esencial de su soberanía. La eventual sustitución de unas formas de dependencia por otras no debería conducir a una nueva subordinación del Estado venezolano a intereses externos, cualquiera que sea su procedencia.

Una transformación de esta naturaleza tampoco debería implicar la desaparición o el desconocimiento de la Constitución, de las instituciones republicanas ni del ordenamiento jurídico vigente, pues ello supondría una alteración profunda de la condición política de la República y de las bases sobre las cuales se sustenta su soberanía. La intervención de terceros, en lugar de resolver los problemas estructurales del país, podría terminar debilitando aún más su capacidad de decidir sobre su propio destino. Cualquier proceso de cambio político en Venezuela debería, por el contrario, preservar la continuidad del Estado, el marco constitucional y la autonomía de sus instituciones, evitando que la búsqueda de una solución termine convirtiéndose en una nueva forma de tutela extranjera.

El caso de Puerto Rico constituye, en este sentido, un referente que merece ser observado con atención en el contexto del Caribe. No sería descabellado preguntarnos si, ante determinadas circunstancias, Venezuela podría terminar siendo conducida hacia alguna fórmula de asociación política con los Estados Unidos, incluso hacia un modelo semejante al de un Estado Libre Asociado.

Venezuela continúa siendo formalmente un Estado soberano y autónomo, aunque durante las últimas décadas sus instituciones han experimentado un profundo deterioro y la vigencia efectiva de los principios establecidos en la Constitución han sido seriamente comprometidos. A ello se suma una progresiva presencia e influencia de los Estados Unidos, desde el 3 de enero de 2026, en los asuntos políticos, económicos y estratégicos venezolanos.

El desafío fundamental consiste, por tanto, en recuperar la institucionalidad, restablecer el orden democrático y preservar al mismo tiempo la soberanía nacional. Cualquier solución para Venezuela debería procurar que la necesaria cooperación internacional no termine convirtiéndose en una sustitución de la voluntad nacional ni en la renuncia a la condición de República.

Parafraseando la máxima de Arturo Uslar Pietri: “La esperanza de un gran destino permanece viva en el alma de los venezolanos”, actualmente debemos recuperar el anhelo de construir un futuro sin término, nacido de la tierra y, sobre todo, de la voluntad, el esfuerzo y la dignidad de sus ciudadanos. Un porvenir que no dependa de la fortuna ni de los mesianismos, sino que surja de la capacidad de los venezolanos para reencontrarse con su tierra, con su memoria y con sus raíces. La democracia es una construcción permanente que exige aprendizaje, participación y compromiso ciudadano. Recuperar y enseñar esa conciencia democrática constituye una de las tareas más importantes para fortalecer y refundar la cultura cívica del venezolano.

Referencias

Arturo, Uslar Pietri. Tierra Venezolana. Caracas: Ediciones del Ministerio de Educación, 1965.