Ante la comunidad internacional se denuncia la absoluta inoperancia de la ONU al permitir que una presidenta intina, impuesta y no electa por los ciudadanos, pretenda hablar en nombre de los venezolanos.

Este foro, que históricamente ha servido de tribuna para dictadores, terroristas y violadores de derechos humanos, convalida hoy una representación espuria que profundiza su crisis de legitimidad global.

Cuando los mandatarios del mundo escuchan a una figura sin respaldo soberano, demuestran que en la geopolítica actual los negocios petroleros, de oro y gas son superiores a la democracia y a la dignidad de los pueblos. Queda en evidencia que la ONU opera como una estafa estructural, utilizada por grandes corporaciones transnacionales para imponer las agendas económicas y los cambios políticos que requieren para sus inversiones.

Bajo esta ilegalidad, los ciudadanos venezolanos enfrentan el grave peligro de perder sus riquezas nacionales. Los convenios energéticos y mineros que actualmente se suscriben carecen de validez jurídica, al ser firmados por una autoridad no facultada constitucionalmente, lo que constituye un desvalijamiento encubierto del patrimonio del país bajo la mirada complaciente de la diplomacia internacional.

Asimismo, se denuncia el fracaso de la intervención de los Estados Unidos, cuya estrategia supuestamente orientada a deponer la tiranía ha derivado en un escenario donde la nación sigue gobernada por la gran mayoría de ese mismo régimen. Los venezolanos hoy padecen una burda reorganización de la revolución bolivariana, manejada por los mismos actores que destruyeron el país durante los últimos 28 años.

Es inadmisible que quienes ejecutaron la ruina nacional, siguiendo un proyecto ideológico foráneo, pretendan hoy liderar una reconstrucción. La verdadera transición debe comenzar con elecciones presidenciales libres para recuperar la democracia; un objetivo ante el cual la ONU, OEA, OMS, OIT y el Vaticano han guardado un mutismo cómplice, asumiendo la misma apatía de los partidos políticos locales, y los políticos tradicionales venezolanos.