La institucionalidad no es un concepto abstracto reservado a juristas o académicos;

es, en esencia, el conjunto de reglas, prácticas y valores que ordenan la vida pública y hacen posible la convivencia democrática. En el caso venezolano, su deterioro no solo explica la crisis política, sino también la fragilidad social que hoy se experimenta. Comprender este proceso implica mirar tanto su construcción como su progresiva desarticulación, desde una perspectiva que combine teoría política y experiencia histórica.

En su momento, Rómulo Betancourt entendió que la democracia no podía sostenerse sobre liderazgos individuales, sino sobre instituciones capaces de canalizar el conflicto político dentro de roles compartidos. Su apuesta fue clara: sustituir el caudillismo por partidos, normas y procedimientos que garantizaran estabilidad y alternancia. En esa lógica, la institucionalidad no era un accesorio del poder, sino su límite y su fundamento. La política, bajo este enfoque, debía someterse a reglas que trascendieran a los propios actores. Este insigne político siempre creyó que las personas pasan, pero las instituciones duran.

Sin embargo, como advertiría décadas después Guillermo O’Donnell, las democracias pueden degradarse cuando quienes acceden al poder mediante elecciones populares comienzan a gobernar como si encarnaran de forma absoluta la voluntad de todo un pueblo. En estos casos, las instituciones dejan de ser contrapesos y pasan a ser vistas como obstáculos. Venezuela ha transitado precisamente por esa senda desde finales del siglo XX: una progresiva concentración del poder, acompañada de la politización de las estructuras del Estado, con el objetivo de vaciar de contenido a la institucionalidad formal.

Este proceso ha tenido consecuencias profundas. La sustitución de normas por lealtades, la fusión entre partido y Estado, y la subordinación de los poderes públicos han generado una cultura política donde la legalidad pierde valor frente a la conveniencia. En términos sociológicos, esto se traduce en desconfianza ciudadana, debilitamiento del tejido social y normalización de prácticas informales. La institucionalidad deja de ser un marco de garantías y se convierte en una estructura percibida como ajena o instrumental.

Es en este contexto cobran especial relevancia los roles que juegan el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Para estos cargos, diseñados como garantes del equilibrio institucional y de los derechos ciudadanos, se requiere no solo competencias jurídicas, sino también independencia política, solvencia ética y compromiso moral. No obstante, cuando su designación responde más a criterios de lealtad que de mérito, se produce una distorsión de su función: el primero deja de ser garante de la justicia para convertirse en operador del poder, y el segundo abandona la defensa del ciudadano para asumir la legitimación del sistema. Así, el problema no radica únicamente en las normas que regulan estos cargos, sino en el uso político que se hace de ellas.

La reconstrucción institucional de Venezuela pasa, inevitablemente, por revertir esta lógica impuesta para fines partidistas y poder total. Implica restablecer la primacía de la norma sobre la voluntad, profesionalizar el acceso a funciones públicas y reconstruir una cultura política donde la ética no sea una excepción, sino una condición. No se trata solo de reformar leyes, sino de formar actores comprometidos con el valor de las instituciones como garantía de libertad y justicia. En este sentido, la institucionalidad debe volver a ser entendida como un bien público, no como un instrumento de dominación.

En medio de este panorama, la coyuntura también abre una oportunidad. Toda crisis institucional contiene en sí misma la posibilidad de su superación si existe voluntad política y conciencia ciudadana. La reconstrucción no será inmediata ni sencilla, pero posible si se coloca nuevamente al ciudadano en el centro y a las instituciones como su principal resguardo. En tiempos de Semana Santa, marcados por la reflexión y la renovación, el país tiene ante sí la posibilidad de repensarse, no desde la resignación, sino desde la convicción de que el cambio comienza por restituir aquello que hace viable la vida en democracia, en otras palabras, en el diseño y sostenimiento de instituciones al servicio de la gente y no del poder.

IG,X: @freddyamarcano