“La historia está llena de ironías”, escriben Maggie Haberman y Jonathan Swan en la introducción a Regime Change, su reciente libro sobre la segunda presidencia de Donald Trump.

Su lectura tiene interés para los venezolanos porque reconstruye, desde dentro de la administración estadounidense, cómo se estudió y planificó durante meses la operación militar del 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El libro expone también las distintas posiciones que se enfrentaron en Washington sobre qué hacer con Venezuela y quién debía gobernarla después de Maduro.

Haberman y Swan muestran que la operación militar no fue la primera ni la única alternativa considerada. Antes de recurrir a la fuerza, Donald Trump buscó una salida negociada y utilizó como intermediario al empresario brasileño Joesley Batista, quien conocía personalmente a Maduro. A petición de Trump, viajó a Caracas para convencerlo de que renunciara. Maduro se negó y la gestión fracasó.

Luego Trump recurrió a Tucker Carlson, una personalidad de mayor peso político por su cercanía, en ese momento, con el presidente y por su pegada en la opinión pública estadounidense. Carlson pensaba que una intervención militar destinada a producir un cambio de régimen podía provocar consecuencias imprevisibles, como había ocurrido en Irak. Por eso recomendó mantener la estructura del gobierno para preservar la gobernabilidad.

A esa preocupación se añadió la mirada de Marco Rubio. El secretario de Estado llevaba algún tiempo considerando que la alternativa menos mala para Estados Unidos era sustituir a Maduro por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Para la víspera de Navidad, el plan estaba definido. Maduro debía salir y después Washington negociaría con Rodríguez. Rubio consideraba que ella podía mantener la estabilidad del país.

Estos antecedentes permiten entender una de las ironías de la historia venezolana reciente. Durante años, un sector de la oposición sostuvo que la salida del chavismo solo sería posible mediante una intervención de Estados Unidos. El chavismo sostenía lo contrario. Convirtió la amenaza de una invasión estadounidense en uno de los argumentos centrales de su discurso político. Al mismo tiempo, el sector militar aseguraba que estaba preparado para responder al ataque, que Venezuela se convertiría en otro Vietnam, y que, de ocurrir, no entregaría “ni una gota de petróleo” a Estados Unidos. Al final, la intervención ocurrió con asombrosa facilidad. Maduro fue capturado, pero quienes habían esperado aquella acción no recibieron el respaldo de Washington para gobernar. Al contrario, el gobierno de Estados Unidos decidió trabajar con Delcy Rodríguez, figura fundamental del chavismo. Y esta ironía no puede pasar inadvertida.

Regime Change permite comprender que esa situación no fue simplemente el resultado de lo sucedido el 3 de enero. Mientras Estados Unidos preparaba la operación para sacar a Maduro, ya pensaba en el día siguiente. El propósito era remover al gobernante sin desmontar de inmediato las vigas maestras del régimen. La estrategia combinó la negociación con la presión militar. Cuando las alternativas negociadas fracasaron, quedó abierto el camino para ejecutar la operación que llevaba semanas preparándose.

La operación, sin embargo, resolvía solamente una parte del problema. La otra comenzaba esa misma noche. Mientras Delcy Rodríguez condenaba públicamente la acción estadounidense y exigía la liberación de Maduro, Washington tenía indicios de que estaba dispuesta a cooperar. Rubio habló con ella y le señaló dos prioridades inmediatas: mantener la estabilidad del país y evitar una nueva migración masiva.

The New York Times completó posteriormente la historia de Haberman y Swan. Según su reconstrucción, Rubio planteó a Rodríguez la alternativa entre colaborar con Estados Unidos o afrontar una mayor presión militar. Después de negociar, Rodríguez aceptó, tal como lo reporta The New York Times (11.07.26). Se entiende, entonces, mejor la estrategia estadounidense. Derribar un gobierno mediante una superioridad militar abrumadora puede ser mucho más sencillo que reconstruir el Estado que queda después. La cuestión fue decidir quién podía mantener funcionando el país al día siguiente.

Siete meses después, el escenario comienza a cambiar. Las perspectivas de una transición democrática han mejorado y Marco Rubio ocupa una posición central en la estrategia. Esta ha pasado por dos etapas. La primera estuvo dirigida a evitar el vacío de poder y apoyar a Delcy Rodríguez para mantener el control del Estado. La segunda plantea un desafío más complejo. Se trata de transformar aquella estabilización en un camino hacia la democracia y comenzar a desmontar la estructura institucional del chavismo. En este nuevo escenario adquiere otra dimensión la negociación. Esta vez Jorge Rodríguez no negocia con la misma libertad de maniobra del pasado. El gobierno venezolano está bajo tutela estadounidense, lo que reduce considerablemente su capacidad para desconocer los acuerdos alcanzados.

El 13 de agosto apareció un primer resultado concreto. Las dos delegaciones acordaron dejar atrás el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia iniciado por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y comenzar uno nuevo para designar a todos sus magistrados. También convinieron en reiniciar el Comité de Postulaciones Judiciales, que deberá estar integrado por nuevos miembros capaces de evaluar con independencia de criterio las credenciales de los candidatos.

El objetivo de la renovación no puede limitarse al cambio de magistrados. Un nuevo Tribunal exige también una nueva jurisprudencia, capaz de restablecer el Estado de derecho y la seguridad jurídica que Venezuela necesita para recuperar la inversión nacional y extranjera. Las inversiones pueden regresar, pero necesitan garantías. La propiedad debe ser respetada, los contratos deben cumplirse y ningún dirigente chavista puede litigar con ventajas para torcer la aplicación de la ley. Los conflictos deben ser resueltos por tribunales imparciales.

Estos cambios empiezan a darle contenido institucional a un proceso político que hasta ahora había avanzado con cautela. A la renovación completa del Tribunal Supremo y al reinicio del mecanismo de postulaciones se suma la liberación, el 14 de agosto, de ciento treinta presos políticos. Son hechos distintos, pero apuntan en una misma dirección. No significan que el régimen haya sido desmontado ni que la democracia esté reconstruida, pero muestran que algunas de sus estructuras comienzan a ceder.

Maduro cayó en unos minutos. El régimen terminará cuando sean sustituidas las instituciones que hicieron posible su autoritarismo. Y esto requiere tiempo.