Únicamente lo niegan los beneficiarios del actual orden de cosas: las grandes mayorías aspiran a un cambio político y también social, frustrado en distintas circunstancias del pasado,

al que la violencia abierta y descarnada ha pretendido responder con una suerte de extorsión a perpetuidad. Empero, el poder despótico se degrada y, cuando advierte la proximidad de su agonía, procura prolongarla a costa de los demás.

No es una peculiaridad venezolana, sino que expone una experiencia universal: la del cambio resistidos, cuyos costos políticos suelen intentar compensarse con los de la vida y la integridad de los inocentes; acumuladas demasiadas amarguras que alimentan el revanchismo, una ruptura precipitada puede traer riesgos inimaginables, incluso con el mantenimiento o regreso del régimen desplazado. De allí la gravísima responsabilidad que recae sobre la conducción política de la oposición, obligada a procurar el cambio sin convertirlo en una nueva fuente de frustración e inestabilidad.

Afortunadamente, la academia estudió desde los años ochenta del siglo pasado las experiencias de cambio producidas en distintos continentes, delimitó su naturaleza, identificó características y fases, y hasta se aventuró a promediar su duración bajo una denominación que pudo ser cualquier otra: transición política. Las ciencias sociales ofrecen perspectivas para aproximarse al éxito o al fracaso, a la tentativa o a la frustración, pero ninguna ha conseguido inventar una receta infalible ni garantizar que pensar una transición equivalga a hacerla.

No otro es el contexto del inmenso problemario judicial que recibirá Venezuela, después de haber sacrificado la noción más elemental de justicia y comprometido la honestidad, competencia y eficacia de sus operadores, desde el magistrado hasta el bedel del despacho. Ya se ha llegado, incluso, a generalizar la desconfianza y el temor en los condominios hacia la figura de los jueces de paz para resolver el pleito vecinal que alguna vez encontró salida, quizá con mayor sencillez y eficiencia, en la antiguas jefaturas civiles.

Ya está fijada la oportunidad para afrontar —o pretender afrontar— la indispensable renovación que ojalá sea integral del Tribunal Supremo de Justicia, y diremos que peor es nada, particularmente después de tantos fracasos en los que la oposición no dispuso de la fuerza que ahora impone Estados Unidos, como tampoco la tuvo cuando pudo invocarse oportunamente el TIAR, tardíamente diligenciado durante el anterior interinato, el de Juan Guaidó.  Esta circunstancia no debería hacernos olvidar a los magistrados que la mayoría de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015 designó oportunamente y que, por aceptar aquel nombramiento y juramentarse ante la plenaria, sufrieron persecución e injusto exilio.

Conviene aclarar que la fracción parlamentaria a la que pertenecía quien suscribe no formó parte del comité que procesó, postuló y promovió aquel conjunto de juristas, y ni siquiera participó directa o indirectamente en la consulta políticamente aconsejable de sus nombres; tampoco tenía relación de vista, trato y comunicación con ninguno de ellos, y nuestra posición fue la de una prudente abstención. Precisamente por ello, sin afán de postulación alguna, y menos aún cuando no tenemos influencia directa sobre las negociaciones, parece justo recordar a quienes no abandonaron sus responsabilidades bajo las inclemencias del destierro y continuaron aportando a la causa venezolana.

Por ejemplo, señalemos a Luis Manuel Marcano Salazar, a quien conocimos personalmente en la sede de la embajada de Chile donde encontró refugio y desde la cual, junto a otros compatriotas, pudo salir hacia ese gran país del sur que tan generosamente lo acogió; jamás se desprendió de la tragedia venezolana y, con un extraordinario testimonio académico, contribuyó a pensar su reconstrucción. Su exigente bibliografía que combina inquietudes jurídicas y literarias, nos condujo primero al entonces novedoso principio de la responsabilidad de proteger (R2P), cuyo libro fundamentó nuestras intervenciones a cámara plena, y luego a una muy pertinente investigación sobre la transición política venezolana este mismo año; ahora, en fecha recentísima, tenemos  El paradigma de la disolución judicial, obra de enorme trascendencia prologada por Luis Almagro y Jörg Alfred Stippel, que llevamos a medio camino. Por eso, cuando se hable del llamado “TSJ en el exilio”, conviene recordar que no se trata de una abstracción ni de una instancia judicial completa, sino de personas concretas que pagaron muy caro aquel juramento y que, más allá de cualquier decisión sobre la futura integración del Tribunal, merecen no ser olvidadas.