Nada más peligroso para una sociedad democrática, que negar los riesgos que la asechan.

Y es aún peor, cuando se intenta callar las voces que colocan las evidencias en el torrente de la opinión pública. En Venezuela estamos atravesando una situación sin precedentes históricos. Sin embargo, mientras esto ocurre y se empeora, el régimen se empeña en negar o minimizar los hechos a través de su permanente montaje mediático.

Es vergonzosa la actuación del Consejo Nacional Electoral a partir del mes de enero de 2016, cuya sesgada y descarada conducta se hizo patética en el semestre que culmina en este mes (octubre 2017), al montar dos procesos electorales delincuencialmente amañados, llevándose en los cachos la Constitución, las leyes y la probidad que norman la función electoral.

Demás está decir que la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente fue un acto ilegítimo desde que fue pensado. Y las elecciones de gobernadores han sido los comicios más viciados en la triste historia de los fraudes electorales. En este aspecto sólo resta decir que todas las consecuencias, aún impredecibles, que se deriven del comportamiento fraudulento del CNE, tienen que ser imputados a las cuatro operadoras principales de dicho organismo.

A todo ese agravamiento de la tragedia, se le agregan cada día nuevas calamidades para el pueblo. Llegó el momento en que una familia de cinco miembros, que es el común de los hogares donde sólo trabaja una persona, necesita ocho salarios mínimos, por lo menos, para hacer sólo dos comidas diarias. Por supuesto, el hambre que está matando a la población venezolana es culpa de las “damas ceneístas”, en primer lugar, porque intencionalmente le han cuidado el cargo al dictador de turno hoy en Venezuela.

Así lo percibe la gente de todos los estratos sociales y económicos, hasta hace poco. Pero ahora la colectividad nacional ha sentado a otros cómplices en el banquillo de los acusados. Confieso que me apena hacerme eco del clamor popular, pero me sentiría culpable también si lo callara. Se trata del juicio que el pueblo le está haciendo a la Fuerza Armada Nacional. Me apena porque, más de una vez, me he rasgado las vestiduras por defender a los ciudadanos uniformados.

Lamentablemente se me han agotado los argumentos que, incluso, hasta la semana pasada, podía esgrimir. Parece que la gente se cansó de esperar la reacción de la mayoría de la oficialidad castrense. El pueblo sabe que, ante las descaradas y provocadoras violaciones a la Constitución, los militares, más que nadie, pueden activar el artículo 333 constitucional. El comentario que se recoge en la calle contiene un signo apocalíptico contra la FAN: la sociedad considera que los militares son los cómplices más comprometidos, en esa cadena de delitos del régimen. ¡Aún apuesto a que los ciudadanos uniformados, puedan levantar su imagen, desde el piso en que hoy se encuentra! Tengo entendido que la destrucción moral de la FAN, fue un propósito medular del dictador fallecido.