Durante su reciente comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio,

insistía en la significación de los cambios en Venezuela luego de transcurridos cinco meses del polémico 3E.

“Venezuela está en una trayectoria mejor que hace cinco meses… Han visto una reforma sistémica: personas involucradas en el gobierno han sido reemplazadas por gente nueva… ¿Está donde necesita estar? Por supuesto que no. Para una transición verdadera tienen que tener elecciones multipartidistas, libres y justas”, con condiciones como libertad de prensa, partidos políticos organizados y movilizados y un nuevo árbitro electoral. “No estoy diciendo que sea dentro de cinco años, pero han pasado cinco meses”.

La comunicación se acoge a la misma línea que han desplegado otros funcionarios de la administración: elecciones lo antes posible, pero no antes de lo posible, Chris Wright dixit. Por lo menos, no antes de que se materialice la compleja fase de recuperación económica y participación de empresas occidentales prevista en la tríada Rubio (incluso la congresista María Elvira Salazar, endosando las razones del secretario de Estado, admitía que si la elección es “en el año 2028, está bien"). El tiempo cronológico, el de Cronos, en sabio acompasamiento con el tiempo cualitativo, el Kairós, de nuevo juegan un rol crucial en este terreno. Amén de consideraciones de índole política, de lucha pura y dura por el poder, digamos que esa previsión luce razonable a la luz de los datos que arrojan estudios de opinión recientes. La encuesta Latam Pulse de Atlas-Intel/ Bloomberg (mayo 2026) indica que para los venezolanos el primer problema es la corrupción (60.7%), seguido de la pobreza, desempleo y falta de oportunidades (35.6%). Tales variables, de hecho, probablemente están emparentadas en el imaginario común: a mayor corrupción, menos recursos para responder a las demandas sociales. Junto con hallazgos relevantes como la percepción de que el statu quo se mantendrá sin mayores amenazas internas en los próximos seis meses (eventos como la renuncia o destitución de la presidenta, protestas violentas/ anarquía social o golpe de Estado se ven como poco-nada probables), problemas como el "debilitamiento de la democracia" queda en tercer lugar con 34.9%, y el “autoritarismo” en el puesto 16, con 3,7%.

El panorama es revelador. Con 79% evaluando la economía del país como mala y 60% diciendo lo mismo acerca de la economía familiar, lo natural es que la mejora personal figure como prioridad. Bregando con tales cifras, el riesgo político se asocia en todo caso a la inestabilidad institucional, al conflicto social por razones económicas y la corrupción. Incluso la preocupación más política del repertorio de preocupaciones está formulada en términos de un problema estructural, no como demanda electoral inmediata. La realidad de la calle no es precisamente apolítica, claro está, pero sigue enfocada en la gestión de las urgencias. Pensar en transiciones, negociaciones o candidaturas es hasta cierto punto un lujo cognitivo, un ejercicio que requiere cierto umbral de seguridad material.

Todo ello asoma un desfase entre demandas ciudadanas enfocadas en el presente y el interés de actores políticos por el adelanto de comicios a favor de una “transición” que, por instantes, parece más asociada a un cambio de elenco y traspaso de poder que a la transformación institucional previa y sustantiva. Desde ya puede olfatearse, de hecho, cierto despliegue de comunicación pre-electoral, con actores de oposición y del chavismo tomando parte de la dinámica no declarada, con promesas de negociaciones para agilizar la elección (según se lee en el Manifiesto de Panamá), por un lado; y de rectificación y “gestión eficaz” de la crisis, por otra. Un dato en la encuesta Latam Pulse quizás pueda explicar un apremio que no parece conciliarse con el cuadro de preocupaciones antes expuestas, la paradoja de esa intensificación de la actividad proselitista en ausencia de elecciones definidas: a pesar de las urgencias del aquí y ahora, las expectativas del venezolano siguen siendo positivas. El índice de esta variable alcanza +20, y alrededor del 45% cuenta con que la economía del país mejore en los próximos seis meses. La gente sufre la precariedad del presente, pero al mismo tiempo proyecta esperanzas de cara al futuro. La paciencia ciudadana no es inagotable (la desaprobación del gobierno subió de 44.3% a 58.7% en 4 meses), pero ese anhelo contiene de algún modo la desesperación. Algo que, en materia de posicionamiento, suma aliños a la gestión de decisiones para el largo plazo. Capturar esa materia prima con un programa creíble podría convertir la esperanza flotante, pre-politizable, en apoyos concretos.

En este sentido, hay que recordar las condiciones del contexto. En medio de la situación de incertidumbre generada por la salida de Maduro, ningún actor puede darse hoy el lujo de pausar su actividad política. Conocidos de sobra los costos de perder presencia, recursos simbólicos y capacidad de influencia en momentos clave, el modo de “campaña permanente” parece más una respuesta racional a dicha incertidumbre, no a la certeza de elecciones. En este juego, además, la movilización social visible podría ser un argumento que pese en una eventual mesa de negociación, asumiendo que la medición de fuerzas “simbólicas” ofrecería alguna ventaja a la oposición frente a la contundencia del poder fáctico.

Está visto que a expensas de la fatiga de representación, la altísima desconfianza ciudadana en relación a partidos prácticamente inexistentes, y de las movidas de Machado para preservar su ventaja, la competencia intra-opositora introduce presiones adicionales por coaliciones y alianzas para definir quién liderará la transición, quién negociará con los factores de poder. A eso sumemos que el plan de tres fases crea una situación interesante para el chavismo en el poder, generándole incentivos para posicionarse como interlocutor confiable y privilegiado ante Washington; eso, mientras la oposición intenta demostrar que cuenta con legitimidad popular. Así que ambos bandos hoy están hablando y actuando no tanto para un mercado electoral interno, sino para un mismo árbitro externo, el gobierno de Trump.

Con el tiempo como aliado o enemigo en cada caso, dos discursos antagónicos y en abierta competencia están a la orden del día. Alineado con su nuevo socio externo, el gobierno de Rodríguez apunta a una estrategia retórica que tiene a la recuperación como prelación: atado a la expectativa ciudadana de mejora, el reencuadre del debate pasa entonces de lo político-electoral hacia lo técnico-económico, "primero estabilizar, luego elegir". La oposición, al contrario, insiste en que la prioridad es política, no solo económica: "la única forma de estabilizar al país depende de la legitimidad electoral”. De este modo, la política de posicionamiento ante una transición cuyas condiciones todavía no están claras, que todavía están por negociarse, responde a la necesidad de dominar una narrativa que determinará quién llegará con más o menos ventajas cuando los dueños del calendario de la transición decidan que es tiempo de medirse en las urnas.

Frente a un horizonte electoral abstracto, en ausencia de un llamado puntual a la acción o un mecanismo claro de participación que permita encauzar la frustración, lo cierto es que la política pierde capacidad de movilizar a las mayorías. Las alternativas para una oposición sin presencia vinculante en el terreno se ven especialmente afectadas por dicho paisaje; de allí el afán por cultivar el capital de imagen. Pero eso no es lo mismo que capacidades de gobierno. De cara a una transición, amén de atinar en el diagnóstico, importa quién tiene una propuesta realista y creíble para gestionar el cambio de paradigmas políticos y socioeconómicos. Hasta ahora, una cohesión construida sobre el antagonismo al chavismo ha sido útil para resistir, sí, pero de cara a los nuevos decisores, intereses y dinámicas, luce insuficiente para gobernar.

Más que un problema de comunicación, el desfase entre agendas alerta contra la amenaza de una desconexión de fondo: el capital social se erosionará si se percibe que el activismo se distancia de las urgencias cotidianas. Aunque el llamado por elecciones puede ser visto como jugada racional, útil para evitar el borrado político, al no acompañarse de un discurso que responda al presente con propuestas operativas, corre el riesgo de quedarse en el plano de las élites movilizadas. Conscientes de eso, evaluar costos y beneficios de distintas hojas de ruta -¿cooperación táctica con las autoridades? ¿Profundización del antagonismo identitario, apuesta a la lógica de polarización en espera de una elección sin fecha cercana? ¿Construcción de un centro político capaz de ofrecer una vía de síntesis para lo institucional?- luce como tarea forzosa. Sobre el dilemático “qué hacer” valdrá la pena seguir reflexionando en lo adelante.

@Mibelis