Durante la emisión de su programa dominical, este 23 de abril, Nicolás Maduro volvió a amagar con elecciones.

No obstante, lejos de referirse a los comicios regionales, pendientes desde el año pasado, o a una oferta de elecciones generales, planteamiento que cobra fuerza en al menos 12 de los 34 miembros activos de la OEA, Maduro asomó la posibilidad de convocar un nuevo proceso constituyente, anuncio que podría ser el “detonante histórico” (¿?) que ahora ofrece para el 1 de mayo.

Como, en nuestra entrega del 24 de junio de 2016 (“Volver al futuro: ¿Vientos constituyentes? Tempestad de incertidumbre”), se advirtió sobre ese eventual escenario con suficiente detalle, tras el anuncio dominical, ahora sólo se retomará el tema procedimental de manera sucinta. Entonces, habría que responder ciertas preguntas clave:

1.     ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y para qué sirve?

Según la Constitución venezolana y el antecedente de 1999, se trata de un órgano colegiado plenipotenciario, capaz de disolver al Poder Público constituido y designar mandatarios y representantes provisionales, mientras se convoca elecciones para relegitimar los poderes en cada nivel de gobierno. En paralelo, su principal función debería ser elaborar y sancionar una nueva Constitución.

 2.     ¿Cuáles son las prioridades de agenda pública en una Venezuela en crisis? ¿Su solución amerita la intervención de una ANC?

En ausencia de boletines epidemiológicos y otras estadísticas oficiales, se desconoce cuánto se ha retrocedido en materia de control y tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas, venéreas, tropicales y crónico-degenerativas; sin embargo, es vox populi el rebrote significativo de la malaria y el dengue, al parecer a niveles propios de hace 80 años cuando fue creado el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. También alarma el incremento de casos de desnutrición infantil y embarazo adolescente, aunado a la escasez de medicamentos y preservativos.

La pobreza general afecta a 82 de cada 100 venezolanos y en promedio habría tres asesinatos por hora. En contraste, el estamento militar y las corporaciones policiales están politizados y muy corrompidos, el arsenal de guerra ya no es su monopolio y grupos pro-oficialistas en las ciudades o células de la guerrilla colombiana en las zonas rurales fronterizas operan con absoluta impunidad; a su vez, las cárceles son auténticos cuarteles generales del crimen organizado. No es gratuito que haya tantos casos de secuestro, extorsión y sicariato. Otro fenómeno preocupante es la ocurrencia de linchamientos. No hay comida, pero sí balas por doquier.

El sector petrolero, hasta hace poco principal fuente de divisas, está quebrado. Se importa y subsidia (o regala) dos tercios de la gasolina consumida diariamente en el país mientras que incluso el petróleo aún no extraído ya pertenece a China, debido a la incontrolable deuda contraída con ese país. El Arco Minero sólo representa un crimen ecológico de impacto mundial y la sustitución del rentismo petrolero por el del oro, el coltan y otros minerales.

La producción agropecuaria, el sector construcción, la industria textil, el sector farmacéutico, la industria automotriz o la aviación comercial están casi paralizados por falta de insumos y divisas. La deuda con los laboratorios farmacológicos y las aerolíneas supera en cada caso los 4 mil millones de dólares.

Precisamente el mercado cambiario –junto al precio irrisorio de la gasolina- es uno de los principales factores de distorsión de la economía. Mientras que una cúpula privilegiada accede a dólares casi gratuitos, éstos surten el mercado negro ganando miles de bolívares por dólar. Lo anterior y la emisión incontrolada de billetes sin respaldo –aunado a la incertidumbre- se ha traducido en hiperinflación.

La infraestructura hospitalaria, educativa, vial y de servicios colapsa por falta de mantenimiento (preventivo, correctivo y proyectivo). Ello se agrava por el crecimiento demográfico y la ausencia de políticas de desarrollo urbano.

Por poner un ejemplo, la ANC de 1999 ya había sancionado la Constitución cuando ocurrió la tragedia del estado Vargas. No obstante, sus plenos poderes sólo sirvieron para otorgar facultades de emergencia al gobierno de Hugo Chávez y decretar otras normas. Incluso la Comisión Legislativa (“Congresillo”) que sustituyó a la ANC (un sexto de sus miembros) no se dedicaba a planificar ni proponer medidas para reconstruir Vargas. Hoy, 17 años después, el litoral central evidencia lo útil del poder constituyente originario para reconstruir o resolver problemas cotidianos. De paso, el mercado, más allá de la ley de la oferta y la demanda, requiere seguridad jurídica (respeto a los derechos de propiedad) y certidumbre (estabilidad política) para operar con eficiencia.

 3.     ¿A quiénes y cómo beneficiaría un eventual proceso constituyente?

El argumento de “refundar la República” podría convertirse en un cheque en blanco para cualquier convocante de la ANC, como el Presidente en Consejo de Ministros. Además, se trata de un proceso de varias fases, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría exhibir mayor “autonomía”, exigiendo requisitos inauditos sobre elegibilidad según escaño por estado, región o circuito nacional, e innovando en materia de ingeniería electoral (con circuitos donde el régimen gane el doble de escaños con un tercio de los votos totales). Tras la convocatoria y definición de las bases comiciales, al menos habría que elegir a los diputados y luego celebrar un referendo ratificatorio de la Constitución.

Suponiendo un corto plazo de sesiones para redactar y sancionar la Constitución, sólo la elección del órgano y el referendo demorarían un año. Eso sin contar la celebración de elecciones generales o parciales para renovar los poderes en los tres niveles de gobierno. Un lapso que oscilaría de 12 a 24 meses, lo suficiente para anular y eliminar cualquier instancia opositora. Obviamente, el hambre, la inseguridad, la enfermedad, el desempleo y la hiperinflación no esperan ni se inmutan porque alguien les recite un nuevo texto constitucional.

4.     ¿Cuáles salidas constitucionales podría proponer la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en una mesa de negociación con respaldo interamericano?

Aunado al autogolpe judicial de fines de marzo, la cruenta represión ha desprestigiado muchísimo al régimen en el seno de la OEA, MERCOSUR y UNASUR. De hecho, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay han mostrado preocupación por los recientes sucesos. Incluso la Cancillería del Perú ha propuesto que El Vaticano integre un grupo de 12 países para mediar en la crisis venezolana, lo cual descartaría la continuidad de los “acompañantes” avalados por el régimen: Ernesto Samper, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos.

La mediación internacional tendría como propósitos:

a) establecer una salida pacífica a la crisis política (elecciones generales);

b) atender con urgencia la crisis humanitaria in situ –frenando el éxodo masivo e incontrolado-; y

c) sentar las bases para el otorgamiento de créditos multilaterales tendentes a la reconstrucción y modernización del país.

Nuestra crisis es tan grave que Portugal evalúa evacuar a sus ciudadanos (seguro que Estados Unidos y Canadá están en igual sintonía) y hasta Marruecos, donde también llegan inmigrantes venezolanos, ha cuestionado al régimen. Es tanto el descrédito del régimen que Verónica Alonso, senadora uruguaya, ha planteado que se negocie un gobierno de transición en Venezuela a cambio del correspondiente salvoconducto para Maduro y colaboradores.

Recuérdese que buena parte de la cúpula (si no toda) tiene abiertos expedientes por presunto narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, y ahora sumaría otros por violaciones de derechos humanos. En otras palabras, tal como lo ha reiterado Luis Almagro, secretario general de la OEA, urge elecciones generales para que se instale un nuevo gobierno, legitimado y reconocido dentro y fuera del país (requisito indispensable para refinanciar la deuda externa y acceder a nuevos préstamos).

Ante tales desafíos, de integrarse una nueva mesa de diálogo –algo que luce remoto y sólo será factible si la estrategia opositora no agotase ni llevase a la desesperación a sus partidarios (cosa que se pretende ocurra con el régimen)-, la MUD debería negociar con firmeza, comenzando por exigir el reconocimiento de la mayoría calificada del parlamento; sí, reincorporando a los diputados de Amazonas y la Región Indígena Sur. De este modo, la Asamblea Nacional podría declarar vacantes las magistraturas de la Sala Constitucional por incumplimiento de requisitos y vicios de procedimiento, para designar los jueces respectivos conforme a la norma. También haría lo propio con el CNE, cuyos rectores han sido nombrados provisionalmente por la Sala Constitucional, bajo supuesto de omisión legislativa.

Especificadas las condiciones y alcance del salvoconducto, Maduro designaría a un nuevo vicepresidente ejecutivo, propuesto por la MUD, quien asumiría tras la renuncia del primero para convocar a elecciones presidenciales, de gobernadores y consejos legislativos en corto plazo (de 45 a 60 días). La MUD, tras consulta con las universidades y gremios, nombraría a los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Finanzas; el resto del Gabinete debería incluir a representantes destacados de los gremios, organizaciones no gubernamentales y el chavismo, particularmente de Marea Socialista.

La transición culminaría el 10 de enero de 2018, día de inicio del próximo mandato. Sería recomendable que el presidente de transición funja como vicepresidente ejecutivo del próximo gobierno, al igual que la continuidad de esos cuatro ministros, en los primeros seis meses del período, para así dar seguimiento a los planes de ajuste fiscal, programas sociales, planes de seguridad y proyectos de infraestructura que deben arrancar desde ahora.

Pensando en voz alta, alguien no presidenciable, pero con la experiencia política y legislativa que requiere encabezar un gobierno de transición, es justo el arquitecto de la MUD: Ramón Guillermo Aveledo. A diferencia de Henry Ramos, por citar otro político experimentado, Aveledo no despertaría el mismo rechazo por parte del electorado chavista ni sería visto con recelo por los eventuales candidatos. Otra opción interesante podría ser Eduardo Fernández.

Habría que acotar la inconveniencia de pensar en Lorenzo Mendoza como presidente de transición, por dos razones: a) el antecedente fallido de su tío Eugenio, miembro de la Junta de Gobierno en 1958; y b) lo que sería más grave, la concentración del Poder Ejecutivo y el monopolio del sector alimentos (con riesgo de reeditar los vicios de CASA, MERCAL, PDVAL y CLAP). Mendoza es eficiente como empresario y, por las circunstancias, hay que respaldar su predominio en el sector; lo otro sería darle un cheque en blanco (la estabilidad política y la seguridad jurídica atraerían nuevos inversionistas a mediano plazo, la competencia deseable que aumente la oferta de alimentos y nuevas plazas de empleo). Y tampoco está de más advertir: ¡a nadie se le ocurra negociar salvoconductos para designar como presidente interino a José Vicente Rangel o a Hermann Escarrá!

Finalmente, cabe agregar que la versión preliminar fue escrita antes de escuchar las declaraciones del alcalde Gerardo Blyde en “Vladimir a la 1” este lunes 24. Dicha entrevista es útil para acotar ciertos puntos:

a) Blyde recalcó que no hace falta un proceso constituyente sino rescatar el funcionamiento de las instituciones democráticas;

b) para evitar la eventual expansión de estallidos anárquicos por hambre e inseguridad (Cabruta en 2013, Cumaná y Ciudad Bolívar en 2016), hay que negociar con el chavismo –el propio alcalde advirtió que hasta ahora la cúpula gobernante luce intransigente (diría su fundador: “una revolución pacífica pero armada”);

c) que la MUD negocie no significa la capitulación ante el régimen; por el contrario, si lo hace con verdadera mediación internacional (el grupo de países amigos que propone Perú) y garantías para el régimen, podría vislumbrarse una pronta salida pacífica, lo que implica cohabitar con el chavismo moderado y disidente (por eso –acotación personal- las elecciones municipales no deberían concurrir con las presidenciales y regionales; además, preservando el actual parlamento, el chavismo aún tendría un tercio de diputados);

d) la democracia consiste en resolver civilizadamente las diferencias entre sectores con distintas convicciones e intereses, no se limita a elegir autoridades y representantes con cierta frecuencia; más bien la convivencia democrática exige asumir responsabilidades y rendir cuentas de lo que se hace; por tanto, reconocer las virtudes y necesidades del otro, así como los propios errores, es el primer paso que debe dar un verdadero demócrata;

e) el hostigamiento hacia reporteros que tratan de hacer su trabajo –y no son responsables de la línea editorial de sus empleadores- por parte de quienes protestan, o el acoso cibernético de la periodista Nitu Pérez Osuna a Blyde por expresarse en favor de “un pacto de gobernabilidad con el chavismo”, evidencia muchísima intolerancia, un comportamiento ajeno a la cultura democrática y tendente a la violencia sociopolítica, la anarquía o la guerra civil; y

f) una opinión muy personal, lástima que Blyde no sea carismático y carezca de mercadotecnia política, pues entre los políticos forjados en lo que va del siglo XXI venezolano quizá sea el único con talla de estadista; aunque no luce presidenciable (él dijo a una televidente que no le quisiera tanto por hacer esa sugerencia), sí habría que considerarle para vicepresidente ejecutivo.