Ya hemos dicho que las elecciones, y en especial las presidenciales, en los países democráticos, se caracterizan por lo que se denomina igualdad de oportunidades.
En la práctica no faltan los abusos de quienes detentan el poder. Pero, en la actualidad, ni siquiera en teoría existe esa igualdad de oportunidades. Todo lo contrario: la obsesión de un hombre de perpetuarse en el poder porque sí, porque le da la gana, para decirlo coloquialmente, lo lleva a pasar por encima del ordenamiento jurídico establecido.

Tomemos como referencia de esta actitud cada vez más recurrente, la valiente denuncia del rector del CNE Vicente Díaz (El Nacional, 15 de marzo 2012), quien acusa al Presidente de desacato a la Constitución y las leyes electorales al promover su opción política y llamar a votar por sus partidarios y por sí mismo en actos oficiales donde actúa como Jefe del Estado y, para colmo, en cadena nacional, sin que nadie lo penalice. En segundo lugar, la ola de promesas y la utilización de programas demagógicos, de mera propaganda electoral en cadena de radio y TV, casi a diario.

El CNE para nada considera la reciente experiencia vivida en Brasil y Colombia donde el candidato-presidente actuó en los meses de campaña sometido a un reglamento que le impedía realizar proselitismo político como Jefe de Estado.

Esta conducta presidencial induce a otros funcionarios públicos a transgredir la ley, como es el caso del presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, ratificando que Pdvsa es roja rojita y que sus empleados tienen que incorporarse al esfuerzo electoral para lograr la reelección del actual autócrata. Es la política de que "el fin justifica los medios", sin límites de ningún tipo, no importa si se pasa por encima de la institucionalidad y se burla cualquier intención del CNE o de sus integrantes por ponerle coto a semejante abuso.

Repito, la condición indispensable de cualquier elección en un país democrático, que es la igualdad de condiciones entre los contendientes, no tendrá lugar en nuestro caso si no oponemos la debida resistencia al abuso de quien es Jefe del Estado, del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de toda la Administración Pública, pues estamos ante una autocracia: todos los poderes en manos de un individuo. De hecho, estamos ante una competencia de un candidato contra el Estado nacional.