En los últimos años las cifras de pobreza en Venezuela han mejorado, cosa por demás lógica en una economía que mostró altísimas tasas de crecimiento durante la bonanza petrolera (2004-2007), período en el que también se implantaron una serie de programas sociales que coadyuvaron a mejorar el ingreso real de los estratos más desposeídos de la población, y a mitigar la enorme pobreza que se padecía en los primeros años de esta década. Sin embargo, estamos aún muy lejos de poder cantar victoria en materia de abatimiento de la pobreza. Por el contrario, creo que en el futuro inmediato se notará un retroceso, no sólo como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, sino también por una serie de acciones gubernamentales que lejos de coadyuvar a la solución del problema lo empeorarán.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística presentó los últimos datos sobre las realidades sociales en el país, notándose en ellas algunos aspectos que preocupan, tales como una reducción de la población que habita en viviendas con eliminación de excretas, una disminución del porcentaje de los hogares con acceso al agua, y un aumento del número de familias pobres que habitan en viviendas inadecuadas, todo ello producido en los últimos meses. Esto lo que indica es el agravamiento del problema de la pobreza, proceso que tenderá a profundizarse en los meses por venir.

Desde hace ya varias décadas nuestros líderes políticos insistieron en la transmisión de un mensaje perverso a nuestra población, particularmente a las clases más desposeídas, a las que se les decía que Venezuela era un país rico, por lo que los venezolanos teníamos el derecho de exigirle al Estado la solución de nuestros problemas, y éste la obligación de solventarlos. Eso dio origen a la política clientelar tan explotada por las pasadas y por la actual administración, caracterizada por la dádiva gubernamental a la masa poblacional más desposeída, transferencias que si bien ayudan a aliviar las penurias y estrecheces que se padecen a diario, no contribuyen a superar el problema de la pobreza. Tan sólo lo mitiga.

Dado que esas dádivas se materializan en los tiempos que corren a través de varias misiones, y las mismas dependen de la disponibilidad de recursos financieros del gobierno, es lógico inferir que la caída de los precios petroleros restringirá su dimensión y difusión, profundizando las penurias de los que menos tienen.

Poco se avanzará en el logro del objetivo de erradicar la pobreza mientras se insista en la implementación de esos programas sociales como el mecanismo para alcanzarlo. Lo que hay que hacer es implantar un plan de desarrollo nacional integral y sustentable, basado en un acuerdo social amplio que busque como objetivo central la eliminación de la pobreza y la inclusión social, y en el que participen activamente los diversos sectores de la vida nacional.

Al Estado le toca jugar un papel crucial en ese proceso, pues sobre él recae, entre otras cosas, la responsabilidad de establecer reglas de juego claras, permanentes y creíbles, y asegurar su cumplimiento en un ambiente de libertades y protección de los derechos de los ciudadanos, dar acceso universal a la salud y a una educación de calidad, promover los valores y principios éticos que busquen la superación del ser humano a través del esfuerzo personal y de la autoestima, y fomentar la inversión reproductiva que diversifique la economía y genere abundantes fuentes de empleo permanente y bien remunerado. Sólo así podremos aspirar avanzar decididamente en el abatimiento de la pobreza.