De todos es del conocimiento que nuestra delegación diplomática (agente y coagentes) intentó por muchos medios e instrumentos jurídicos

(una fue la Excepción Preliminar) para  que la Corte Internacional de Justicia no admitiera la demanda que introdujo Guyana contra Venezuela, el 29 de marzo de 2018, porque consideramos que tal acción no reunía los más mínimos elementos asimilables a un juicio de esta naturaleza y carácter, donde ahora nos encontramos.
No hubo forma ni manera de evitar que la cosa llegara tan lejos.
La Sala abrió el Proceso y se autoconfirió competencia y jurisdicción para examinar integralmente este asunto litigioso.

Sin embargo, todavía tenemos la reserva y persiste la inquietud; por cuanto, hay un denso cúmulo de preguntas que para la representación guyanesa han resultado difíciles de explicar por carecer de asideros.
Comencemos. ¿Sobre qué elemento obligacional o compromisorio la excolonia británica ha deducido la Causa de pedir ante el precitado Alto Tribunal de La Haya? ¿El Laudo arbitral que nunca nació a la vida jurídica? o ¿El supuesto acuerdo de demarcación de 1905, derivado del nombrado documento ignominioso firmado en París el 03 de octubre de 1899?

Se conoce Suficientemente que cuando se negoció, suscribió y ratificó – a cargo de las delegaciones estatales- el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, por   la representación del Reino Unido (Sr. Michael Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la Guayana Británica) y por nuestro país, el excelso canciller Ignacio Iribarren Borges. En ese acto e instante quedó sepultado –por saecula saeculorum— el laudo tramposo, gestado mediante una tratativa perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
 El “laudo” constituye en sí mismo un forcluído documento. Ineficaz.  Jamás puede llegar a tener la fortaleza de petitorio. Nunca ha tenido la resistencia para ser oponible en nada.

Ya hay algunas opiniones, a lo interno del Ente Juzgador, que señalan el desacierto procesal de Guyana, por insistir con el “laudo”; igualmente, señalan que con tales recursos argumentativos jamás ganarían este juicio, en justo derecho.
 No tienen la menor posibilidad jurídica para salir airosos; por eso la desesperación de los representantes de la cancillería guyanesa al ejercer presión a todos los niveles; incluso solicitar a las plataformas Facebook, Instagram y X (antes Twitter) que se abstengan de publicar la cartografía de la Guayana Esequiba en tanto referida como extensión territorial de Venezuela. Por eso no quieren reuniones conforme al Acuerdo de Argyle.
Vistos y analizados así los acontecimientos, calificamos de muy mala fe y de temeridad procesal de Guyana al insistir en sostener su Pretensión, en este juicio, en el reposicionamiento de un Laudo que quedó desterrado – ipso jure-, sin validez. 

Ellos están impelidos a mostrar y demostrar –en la fase probatoria-- los elementos estructurantes de su pretensión; y hasta el día de hoy no tienen con qué ni cómo.
Todo lo pretendido requiere pruebas, y no las tienen. 
Quienes están asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.

Allí lo que ha prevalecido (sobre todo desde el 2015 para acá) es un juego de intereses dinerarios entre los gobiernos de cualquier signo político; llámese del PPP o del CNP y el enjambre de empresas transnacionales que están esquilmando nuestros recursos en el territorio y en su proyección atlántica.
La doctrina nos sigue diciendo que Guyana incurre en un hecho conocido como temeridad procesal.
La conducta que han observado a lo largo del proceso es reiterativa de abuso de la ley y del proceso jurídico, en cuanto tal, con mala fe. Realiza acciones infundadas.
 ¿Cómo se les ocurre afirmar en la interposición judicial contra Venezuela –en procura de acreditación de la Sala Juzgadora-- que el inefable “Laudo” es cosa juzgada y debe configurarse (y aceptarse) como válido y vinculante para nosotros?
 Con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho.

Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo.

Estamos obligados a probar, el 11 de agosto de este año,   por ante  la Corte Internacional de Justicia ---desprendidos  de posiciones elusivas, de aprovechamientos ideológicos interesados o reticentes--- un hecho de suma trascendencia para la vida de la nación: la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido.

La séptima parte de nuestra geografía territorial, 159.500 km2, la que nos arrebataron con vileza, no es poca cosa. Puede corresponderse, en extensión, superior a bastantes países y a mucho más que todo el occidente de Venezuela.
Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Los reclamos que hemos sostenido, hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.