Después de la extracción de Nicolás Maduro, aún es temprano para hablar de una primavera al estilo de los países árabes o de una revolución democrática.

Incluso, es prematuro señalar el inicio de un proceso de transición inequívoco y sostenido. No nos encontramos aún en la etapa en la que entró el país luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, cuando comenzó un tránsito lento, pero sostenido hacia un nuevo régimen, luego de 27 años de tiranía gomecista (por cierto, por estos días están cumpliéndose también 27 años del régimen instalado el 2 de febrero de 1999). Tampoco nos encontramos en una etapa similar a la que vivió la nación luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, cuando las organizaciones integrantes de la Junta Patriótica junto al ala más progresista de la Fuerza Armada, lograron tejer un proceso de transición que promovió la firma del Pacto de Punto Fijo el 31 de octubre de1958; las elecciones generales en diciembre de ese mismo año; la participación de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante que había conducido la transición, en esa consulta comicial; y la instalación del nuevo Gobierno a comienzos de 1959.

Sin embargo, el país entró en un estadio distinto desde el 3 de enero. La fase más militarista y represiva está llegando a su fin. Ya el régimen no puede seguir gobernando a partir de la coerción, a pesar de que su aparato represivo no ha desaparecido ni menguado de forma sustancial. A partir de ahora, el Gobierno tendrá que construir consensos. Tomar en cuenta los intereses y opiniones de grupos que antes ignoraba o despreciaba. La situación del régimen presidido por Delcy Rodríguez cambió radicalmente luego de la forma implacable e impecable como actúo el ejército norteamericano; la eficiencia demostrada en la Operación Determinación Absoluta; la fragilidad e inoperancia exhibida por la FANB; y la tibieza con la que han reaccionado China, Rusia e Irán, aliados internacionales del Gobierno.

A este cuadro, hay que agregar la llegada hace pocos días de la Encargada de Negocios norteamericana, Laura Dogu.  En la reunión sostenida con Delcy Rodríguez en Miraflores fue clarísima: su presencia en Venezuela obedece a la necesidad de llevar a cabo el plan esbozado por el secretario de Estado, Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y transición democrática. En el mensaje que colocó en sus redes sociales, luego del encuentro, se aprecia un dato llamativo: al referirse a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge, también presente en el encuentro, se refirió a ambos por sus nombres, sin mencionar los cargos que detentan. Una sutileza, que en una diplomática tan experimentada encierra un claro mensaje: la legitimidad de esas dos autoridades de dos poderes tan distintos como el Ejecutivo y el Legislativo, está cuestionada.  Laura Dogu ratificó las palabras de Rubio ante el Congreso: el gobierno de Venezuela carece de legitimidad. Ahora, Miraflores y la Asamblea Nacional se encuentran bajo la mirada atenta de la Casa Blanca y tendrán que someterse a los dictámenes que emanen de allí. El Poder Ejecutivo y el Legislativo deberán portarse bien. Alinearse con los intereses de Donald Trump.

Ese es el nuevo marco de acción de Delcy Rodríguez y el equipo que la acompaña. Por ese aro deberán entrar Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Más el primero que el segundo, ahora muy disminuido luego del fiasco del 3 de enero. Cabello tendrá que jugar cuadro cerrado con los Rodríguez, si quiere continuar siendo una figura importante del régimen. Todo indica que basta con una orden de la Casa Blanca para que salga eyectado del Gabinete y corra la misma suerte de Álex Saab, otrora favorito del régimen.

Las fisuras, debilidades, pugnas y contradicciones del chavismo deben aprovecharse para que la oposición y los ciudadanos se conviertan en protagonistas estelares de la transición. Para que esta se acelere y tome el curso de un conjunto de cambios dirigidos a recuperar la normalidad democrática, que incluye la discusión sin cortapisas de proyectos políticos diferentes; la libertad de asociación, información y expresión; la libertad de tránsito; la vigencia plena del estado de Derecho; el respeto a los derechos humanos. Esas, entre oras de las numerosas prerrogativas que establece la Constitución de 1999, convertida en papel mojado por sus propios promotores.

Los familiares de los presos políticos, los estudiantes y profesores universitarios, los dirigentes de los diferentes partidos políticos que han comenzado a aparecer públicamente y a organizar jornadas pacíficas de protesta y reclamos, han entendido que para exigir los derechos ciudadanos, no hay que pedir el permiso del Gobierno ni esperar que la oposición se fortalezca hasta alcanzar el nivel de 2015, cuando obtuvo dos tercios de la Asamblea Nacional; o de julio de 2024, cuando arrasó en las elecciones del 28 de julio. La fuerza va adquiriéndose en la medida en que las aspiraciones democráticas van expresándose. De ese modo se ha logrado, con la ayuda de Estados Unidos, la excarcelación de un grueso número de presos políticos, y el anuncio del cierre de El Helicoide y de una ley de amnistía.

Es verdad que en Venezuela no puede hablarse de un movimiento que pueda calificarse de ‘primavera’, pero existen las condiciones y están dándose los pasos para reconquistar la libertad y la democracia plenas. El régimen actual no podrá impedirlo si la oposición actúa con claridad y audacia.