Tras años de aplastamiento de la disidencia, no es inusual que quienes piensan en la posibilidad de una democratización en Venezuela

tiendan a poner énfasis en la adopción inmediata de prácticas y procedimientos asociados a la llamada democracia mínima, la democracia electoral. Hablamos de indicadores que remiten a las reglas de acceso al poder, más que a las garantías de igualdad social, económica o justicia sustantiva que esa democracia podría y debe favorecer. Tales rasgos homologan aquello que Schumpeter, al incorporar la lógica del sistema de mercado, describe como un método: un sistema institucional para llegar a decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo (1963). O aquello que Dahl definía como un sistema social pluralista competitivo -o Poliarquía-, donde prevalecen unas reglas consensuadas de negociación de los intereses en conflicto de grupos políticamente organizados, reglas que a su vez evitan la oligarquización. Para ello, la igualdad en el voto, la participación en procesos de deliberación y elección, la autonomía y control sobre la administración pública resultan aliños esenciales.

Sí: es necesario que un proceso de tránsito a la democracia responda a temas críticos acerca de cómo se toman decisiones y quién tiene la potestad para hacerlo. Que defina procesos de elección de los gobernantes mediante la lucha competitiva por el voto. Que fije y se acoja a reglas de juego predecibles, normas para el funcionamiento del sistema, y que lo haga aferrándose a principios como la alternancia, la posibilidad de cambiar a los gobernantes de manera no-violenta. La casuística de las transiciones confirma que dicho proceso, no obstante, es todavía más abarcador y complejo, va incluso mucho más allá de esa crucial operativización de mecanismos sin los cuales es imposible pensar en una democracia funcional y moderna.

Actitudes, valores, cultura

De allí que a preguntas forzosas como las que se hace Dahl (cuánta autonomía debe permitirse a qué actores, con respecto a qué acciones y en relación a cuáles otros actores; cuánto control debe ejercerse mediante qué actores, y de qué medios de control deberían servirse), habría que agregar cuestiones menos conmensurables, pero igualmente relevantes para garantizar que un nuevos ethos conquiste y se posicione en el lugar vaciado por el Viejo Orden. Combinar ciertos factores “subjetivos” con los cambios estructurales, liderazgo asertivo y decisiones estratégicas tendería así a mitigar los peligros de la regresión.

Estabilización, Recuperación, Transición. La terna que describió el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio -suerte de solvente manager asignado al asunto venezolano- contempla tres fases que no tendrían que ser vistas por separado, aunque ciertamente hay tareas en cada una que tendrían prelación sobre otras. En lo que respecta a la transición, por ejemplo, está visto que los audaces Strategos conciben la celebración de elecciones competitivas como un corolario -sin fecha- del proceso de ajuste institucional previo. La gradualidad dotaría a ese edificio de una dimensión que no sólo descarta la impulsividad, sino que permitiría a los venezolanos (a nadie más interesa tanto este punto) incorporar aspectos relativos a la construcción de una consciencia para y por la democracia, de una cultura política que sirva de asiento a esos y otros desarrollos.

Atendiendo a enfoques metodológicos y multidisciplinarios que no descuidan el contexto histórico ni las precondiciones económicas, sociales y culturales de la democracia política, cabe recordar que las tesis de Almond y Verba (1989) dedican particular atención a esa mediación cultural entre los procesos de socialización básicos y el nivel político. Esto es, la serie de actitudes, intenciones y prácticas propias de una cultura que, en su variante cívica o participativa, tenderían a sostener, normalizar y consolidar la democracia, Así, las reformas económicas y sociales impulsadas incluso por un régimen autoritario en busca de eficacia no serían suficientes, sino que además requerirían de la comunicación, difusión y arraigo de unos valores contrarios al ethos autoritario.

Nombrar la nueva realidad

Hablamos de valores que dependerían no sólo de la supervivencia de tradiciones históricas (los 40 años de la democracia de consenso, en nuestro caso, cada vez más diluidos en los referentes de nuevas generaciones). También de un adiestramiento diseñado y fundado desde fuera de esa memoria, de ese remoto saber-hacer (habilitar una sociedad civil casi inexistente en la Venezuela del 58, por ejemplo, dependió de la premeditada acción de los partidos). Apelar a un “ADN democrático” de venezolanos que han sido privados de un relacionamiento dialéctico virtuoso, entonces, ayuda pero no basta para afianzar una democracia sustantiva y acorde a los tiempos. Toca reaprender a insertarnos en un espacio público forzosamente signado por la paradójica pluralidad de los seres únicos (Arendt). A reconfigurar esa noción del entre-nos que se resiste a la homogeneidad, a la apatía, el resentimiento, la unilateralidad, la des-ciudadanización, y que prefigura esa reconciliación que (para nuestra sorpresa) también ha reivindicado el muy pragmático discurso de Rubio.

¿Cómo hacerlo? Acá interesa volver al caso español que hemos referido en entregas previas. La “transacción” luego del periodo de tensión que, según Josep Colomer, se da entre la continuidad del régimen franquista y la necesidad de homologación democrática europea, no se libró de inquietudes en cuanto a esa adopción de valores para la gradual concienciación democrática. En ese campo, en especial tras el asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973, el foco sobre la utilización de cierto lenguaje, la creación de una red semántica y un vocabulario ad-hoc luce vital; factor “subjetivo” que, por cierto, tal vez no haya sido suficientemente atendido en materia del estudio de la democratización.

La voz de la democracia

Poco a poco, “la libertad creció en España como crece la hierba entre las rendijas de un patio enlosado”, escribe Julián Marías. Se lidiaba entonces, por un lado, con la resistencia del franquismo a la modificación del statu quo; por otro, con la obcecación de grupos empeñados en la ruptura brusca con lo anterior y la mudanza inmediata a una nueva situación. En medio, fuerzas políticas muy diversas -desde reformistas que habían servido al régimen hasta la llamada oposición democrática, entre ellos el PSOE y el PCE- pujaban por un entendimiento nacido de la necesidad de nombrar la nueva realidad política. De este modo, el lenguaje se vuelve intérprete y herramienta primera del cambio político. La moderación y sustitución progresiva de vocablos y conceptos (en especial a través de la prensa) refleja la necesidad de limar asperezas, procurar la concordia y la reconciliación “que impidan despertar las iras de las facciones del ejército y de aquella parte de la sociedad civil proclive a una vuelta a la ortodoxia franquista”, apunta Francisco de Santiago Guervós. Así, “todas aquellas palabras que suponían enfrentamiento, resentimiento, humillación, odio, rencor entre los ‘dos bandos’, entre las ‘dos Españas’” fueron desapareciendo. (Gregorio Bartolomé Martínez et al, 2006)

Si, como explica Platón en su carta a Pérdicas III de Macedonia, los regímenes políticos son como seres vivos, cada uno con una voz distintiva y útil para moldear el alma de los ciudadanos y la estructura del Estado, entonces encontrar la voz de la democracia no puede ser un asunto menor. De allí la importancia de levantar los diques que impone la censura, lo que en España habilitó el paso del anacronismo a la poderosa sociedad civil de instituciones sólidas descrita por Vargas Llosa. La tarea también es hablar, pues, y hacerlo bien.