Venezuela, como proyecto de país, ha tenido en la educación uno de sus pilares fundamentales.

Desde la caída de la dictadura en 1958, el sistema educativo nacional ha transitado un camino marcado por la ampliación democrática del conocimiento, la lucha contra la ignorancia y la convicción de que solo a través de una ciudadanía formada puede edificarse una república verdadera. Con el retorno de la democracia, se emprendió una cruzada política y estructural para garantizar la educación como un derecho humano, no como privilegio. Fue en ese contexto donde figuras como Luis Beltrán Prieto Figueroa, auténtico faro del pensamiento pedagógico venezolano, trazaron el camino. Su concepción de la educación como acto político, orientado al despertar de la conciencia y la transformación del individuo, sigue estando vigente y necesaria.

En su obra La educación como proceso político, Prieto Figueroa expresó con claridad meridiana: “Educar no es instruir. Es formar ciudadanos para la vida social.” Y esa premisa, profundamente democrática, orientó la expansión del sistema en los años 60 y 70, con reformas curriculares, profesionalización docente y la creación de instituciones como el INCE, el Centro de Mejoramiento de la Educación Rural (CMER), y nuevas universidades nacionales. El país abrazó, en ese  entonces, el pensamiento de pedagogos universales como John Dewey, con su defensa de una escuela activa y democrática; Jean Piaget y Lev Vygotsky, que pusieron al niño y al proceso evolutivo en el centro del aprendizaje; Paulo Freire, cuya pedagogía del oprimido caló en programas de alfabetización popular; y María Montessori, que inspiró enfoques en educación inicial. Estas influencias no llegaron como doctrinas extranjeras, sino como ideas vivas que nuestros educadores supieron adaptar y aplicar a nuestra realidad.

No puede entenderse la Ley Orgánica de Educación de 1980 sin este sustrato ideológico ni sin la voluntad política de crear un país educado. Sin embargo, lo que una generación construyó con esfuerzo y compromiso, hoy enfrenta un deterioro alarmante. Hoy, el sistema educativo venezolano atraviesa una crisis estructural y funcional profunda, cuyas manifestaciones más visibles son la deserción estudiantil, la fuga del talento docente y el colapso institucional. Los maestros, otrora respetados como arquitectos de la república, hoy sobreviven con salarios de miseria y condiciones indignas. La deserción del personal docente —tanto en educación básica como en universidades— alcanza cifras sin precedentes. Docentes y profesores con maestrías y doctorados emigran o abandonan las aulas por necesidad. La fuga de cerebros no es solo externa, sino también interna: un país que desincentiva la vocación, debilita su propia posibilidad de futuro.

A esto se suma la creciente deserción estudiantil, causada por múltiples factores: pobreza, inseguridad, falta de transporte, déficit alimentario, deterioro de la infraestructura escolar y pérdida del valor simbólico de la educación como camino de movilidad social. En estos momentos, muchos jóvenes ven más útil un empleo informal que años de estudio sin garantía de estabilidad ni ingreso digno. El resultado es devastador: desarticulación del tejido educativo, pérdida de capital humano y una generación cada vez más desconectada del conocimiento científico, histórico y ético que requiere una sociedad moderna. El empobrecimiento del sistema educativo no es neutro. Tiene consecuencias directas en el tejido social, político y económico del país. La ignorancia funcional —aquella que sabe leer pero no interpretar, que repite sin comprender— es caldo de cultivo para el autoritarismo, la manipulación mediática y la apatía cívica. Una nación que no educa a su gente está condenada al atraso y, por supuesto, al consabido futuro incierto. Sin pensamiento crítico, no hay ciudadanía, y sin ciudadanía, no hay democracia. Así de simple.

No hay soluciones mágicas, pero sí decisiones impostergables. Es urgente revalorizar la profesión docente, con salarios dignos, formación continua y condiciones adecuadas. Es imprescindible rescatar la infraestructura escolar, hoy en ruinas, y fortalecer la educación pública y gratuita, no como gasto, sino como inversión estratégica. Se debe reactivar la alfabetización crítica, la educación popular y la reconstrucción del currículo bajo un enfoque que una la tradición y la modernidad, con un saber local y un pensamiento global. Más allá del gobierno de turno que se ha dedicado a destruirla, la educación debe ser una política de Estado. Porque cada aula cerrada es un paso atrás en el camino de la república. Y porque, como dijo Simón Rodríguez, maestro de Bolívar: “Enseñen y tendrán quien sepa; civilicen y tendrán quien obedezca con razón.”