En el marco del Día del Maestro 2026, la educación venezolana enfrenta el desafío de implementar el nuevo decreto de regulación de tareas escolares.

Esta medida, anunciada por el Ministerio de Educación, busca limitar las asignaciones fuera del aula para garantizar el tiempo libre de los estudiantes y reducir el impacto negativo en la dinámica familiar.

Celsa Afonso, directora de la Escuela de Educación de la UCAB, califica la medida como necesaria pero insuficiente si no se aborda la crisis sistémica del sector. Según Afonso, el éxito de esta reforma depende de tres pilares fundamentales:

• Dignificación salarial: La pérdida de más de 166,000 docentes por salarios críticos impide cualquier avance real.
• Actualización profesional: Los maestros necesitan nuevas herramientas didácticas para transformar la tarea de una "carga repetitiva" a un "aprendizaje significativo".
• Mejora de infraestructura: Las condiciones materiales de las escuelas deben permitir un acompañamiento pedagógico de alta calidad.

Diagnóstico de la situación actual

La consulta nacional, que involucró a más de 68,000 estudiantes y diversos expertos, reveló datos preocupantes extraídos de la Evaluación Nacional de Aprendizaje (ENA 2025):

• Agotamiento: El 46% de los alumnos dedica más de dos horas diarias a deberes, lo que genera agotamiento cognitivo.
• Dependencia: El 67% de los estudiantes requiere apoyo constante de sus padres.
• Tercerización: El 30% de las familias contrata tareas dirigidas ante la falta de herramientas en el hogar, anulando la autonomía del joven.

Hacia una nueva didáctica

El decreto propone pasar de la cantidad a la calidad. Las nuevas directrices prohíben asignar contenidos no vistos en clase y fomentan que las tareas sean retos creativos y útiles. Afonso insiste en que la tarea no debe ser punitiva, sino orientadora, sirviendo para que el alumno aplique lo aprendido en su entorno real.

Desde la UCAB, se reafirma el compromiso de no dejar solo al docente, ofreciendo talleres y un "Decálogo de Acción Didáctica" para operativizar el decreto. La conclusión es clara: la calidad educativa requiere un pacto social entre familia, Estado y escuela para que cada asignación sea un verdadero acto de crecimiento.

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Nota original: Mariana Pérez | Fotos: Manuel Sardá (Comunicaciones UCAB)