En lo que va de siglo XXI, la praxis política ha terminado por desfalcar importantes esfuerzos en torno al propósito de asentir la consciencia ciudadana en una sociedad zarandeada por los fantasmas de la consternación en todas sus manifestaciones. Desde los que asoman la inseguridad jurídica, hasta los que muestran las carencias, las tribulaciones y las injusticias. Y si a esto se suma el maniqueo derivado del cuadro de salud del presidente de la República, quien valiéndose de la situación busca azuzar emociones e incitar sensibilidades que busquen comprometer actitudes proselitistas que tiendan a favorecerlo en su afán por mantenerse en el poder, el cuadro político nacional pinta sombrías expectativas. Sobre todo después de jugarse “a Rosalinda”. O de apostar al hecho que podría significar su reelección mediante el solapado soborno de la fuerza militar  representado en el aumento de sueldo a dicho sector en un 50% y con efecto retroactivo.

Un sucinto análisis más allá del tiempo presente, deja ver la repugnante muestra de adulancia en el discurso de encumbrados oficiales en altas esferas gubernamentales quienes se han atrevido a desafiar otro resultado electoral distinto de aquel que pueda resultar de una decisión popular que devenga en la derrota del actual presidente de la República. Indudablemente, esto desbordó el malestar de la población venezolana toda vez que rechaza tan impúdicos anuncios que no reflejan otra cuestión distinta de lo que en política se denomina: régimen dictatorial.

Al lado de esta situación, el país político ha vivido recurrentemente el problema de anuncios de aumentos salariales cuyo monto, además de ser producto de una determinación que desconoce necesidades planteadas por el trabajador, reproduce una realidad humillante. Particularmente pues no sólo termina incumpliéndose, sino también luce insatisfactoria en términos de la aguzada inflación que afecta toda posibilidad de mejorar la calidad de vida del venezolano en cualquiera de las ocupaciones y oficios en los que modesta y abnegadamente labora.

Es así como maestros, profesores universitarios, profesionales de la salud, policías y demás actores sociales al servicio de la administración pública, en posiciones de mediano y bajo rango, pese a sus protestas y huelgas de hambre, son vapuleados por la verborrea presidencial al momento de prometer condiciones salariales que escasamente rayan en meras dádivas. Igual sucede con los situados, presupuestos universitarios y de corporaciones estatales toda vez que el alto gobierno no respeta la justa y necesaria distribución que debe realizar en función de deberes constitucionales y derechos políticos.

Comparar el grosero aumento del sueldo del sector militar, ya incrementado en un 30% (2008) y en 40% (2010) con el menguado salario del sector civil, incita un descontento atroz que termina creando una rotura social, aparte de la polarización política y sus nefastas consecuencias. Es pues que encubriéndose en ridículas argucias como las aludidas por “el arduo trabajo de los militares” (¿cuál), que “no tienen horario” (para qué), porque “no tienen sindicato” o porque ello obedece al “odio de la burguesía”, el presidente sólo está zanjando más aún la diferencias que ahogan este país entre hechos exclusión, corrupción, discriminación y perversión que han caracterizado la gestión política emprendida con la aviesa intención de derrumbar la democracia para sustituirla por una autocracia. Acaso ¿no es esto una traslúcida incitación al odio? ¿O es que sembrar discrepancia o disparidad en un país que supuestamente “es de todos”, no es incitación al odio?