La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda pretende proteger a los inquilinos y pequeños arrendadores. En la práctica, el exceso de controles impuestos a los propietarios, sin duda hará desaparecer la ya escasa oferta de viviendas en alquiler.

La nueva ley contiene una serie de disposiciones que hacen casi imposible que el arrendador recupere su vivienda alquilada. Además, el desalojo final sólo será posible cuando el Estado garantice vivienda o refugio para el inquilino.

Se pretende no solamente controlar los costos de los alquileres, sino también determinar los precios de venta de los inmuebles.

Además, los constructores estarán obligados a ceder un porcentaje de las nuevas viviendas para ser alquiladas, lo que sin duda inhibirá aún más la inversión privada en este sector, ya severamente afectado por la escasez de insumos y la inseguridad jurídica imperante.

Actualmente, el mercado de alquileres que pretende regular la ley, se ha reducido casi a cero. Los propietarios prefieren vender o dejar la vivienda vacía, antes que correr el riesgo de perderla si la alquilan. Muchos de ellos optaron por pagar grandes cantidades de dinero a los inquilinos para negociar el desalojo de su propiedad: montos seguramente mucho mayores que los que percibieron por concepto de alquileres, en un contexto donde el gobierno los mantiene congelados desde el año 2002.

Para muchos propietarios, las cantidades que recibían por el alquiler de sus viviendas, no alcanzaban ni para cubrir sus cuotas de condominio.

Esta situación que se impone en el sector formal de la vivienda, contrasta terriblemente con la realidad que se vive en los barrios. El negocio de la vivienda florece en estos sectores urbanos, donde habita aproximadamente un 40% de la población y donde se continúa construyendo, vendiendo y alquilando ranchos, sin ningún control del Estado.

Allí no importa si un propietario alquila más de cinco ranchos. Tampoco si el canon de arrendamiento aumenta todos los años.

Normalmente, se establecen acuerdos entre arrendatarios y arrendadores que no se firman en notarías, ni tampoco son (ni serán nunca) declarados a ninguna superintendencia u otra instancia pública. Esto es lógico: tampoco los propietarios tienen ningún título legal sobre sus ranchos, que, muchas veces, además, están ubicados en terrenos invadidos. ¿Quién podría expropiarlos? Sin embargo, estos acuerdos en los barrios se respetan y tienen más validez que cualquier contrato que pretenda regular la ley en el sector formal. En muchos casos, porque existe una buena relación entre propietarios y arrendadores; en otros, porque los malandros se encargan del desalojo de manera más expedita que cualquier tribunal o cualquier abogado.

Son las curiosas paradojas de este socialismo del siglo XXI: se intenta acabar con el libre mercado, pero el capitalismo salvaje resiste en los sectores populares, al margen de la ley.

TC