En los últimos días, las alertas por las amenazas contra la libertad de prensa en varios países de América Latina se han disparado. El caso más preocupante se está presentando en Venezuela. Desde la semana pasada, tres alarmantes hechos en la nación vecina materializan algunos de los más difíciles desafíos para el derecho a la libre expresión de las sociedades de la región.
En primer lugar, la Fiscal General venezolana introdujo al Legislativo un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos. La iniciativa chavista busca penalizar hasta con cuatro años de cárcel la transmisión o divulgación de información que "atente contra la paz social, la salud mental y la seguridad del Estado". La publicación de contenidos informativos que el Gobierno califique de "falsos", "tergiversados" o "manipulados" configuraría un delito. El polémico proyecto les daría a las instituciones estatales un enorme poder discrecional para calificar las noticias.

De aprobarse esta propuesta, que opositores del régimen chavista han calificado de "dictatorial y totalitaria", la publicación de informaciones sobre una huelga de trabajadores o sobre protestas en barrios populares podría interpretarse como una amenaza a la "paz social". Investigaciones de corrupción, por ejemplo, que involucren a altos funcionarios también serían un "delito mediático" por atentar contra la "seguridad del Estado". En otras palabras, el margen para silenciar a la prensa -y a cualquier ciudadano- sería de una amplitud peligrosa e inaceptable. Aunque el trámite del paquete legislativo esté en suspenso por razones de forma, sus consecuencias para la democracia venezolana son desastrosas.
Segundo, el ente regulador de comunicaciones en Caracas sacó del aire a 34 emisoras privadas de radio y amenazó a otras 240 estaciones. Para Diosdado Cabello, jefe de la Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela, "hay que acabar con el latifundio mediático". Los críticos de la medida afirman que la verdadera razón de esta decisión está en que muchas de estas radios retransmitían un famoso programa de la cadena opositora Globovisión. El tercer hecho preocupante de la semana tiene que ver con este canal, la única voz contraria al régimen que queda en el espacio electromagnético público. Seguidores del Gobierno irrumpieron armados en la sede de la entidad y arrojaron bombas lacrimógenas. A este nivel de violencia y represión ha llegado la frágil situación de los medios opositores en el vecino país.

Estas fórmulas gubernamentales de acoso a la prensa no son exclusivas de Chávez. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, no cesa de lanzar agresivos epítetos y amenazas contra los periodistas en momentos en que su gobierno reglamenta el articulado de la nueva Constitución que trata de la libertad de expresión. Aunque algunos medios puedan llevar su oposición más allá de los límites, es labor de los gobiernos proteger esa libertad y no restringirla. El 'kit' de ataques a la prensa desde el Estado se repite en otros territorios, como Bolivia, Nicaragua y hasta Argentina: bloqueos al trabajo periodístico desde los gobernantes, creación de una poderosa red estatal de medios de comunicación, entrega de licencias a leales al régimen y uso del poder regulador para imponer sanciones, multas y revocatorias de permisos.

A las amenazas gubernamentales se suman las presiones y atentados de grupos al margen de la ley, como los carteles de la droga de México, América Central y Colombia, así como los asesinatos de periodistas por corruptos denunciados en sus artículos. Si bien Venezuela concentra casos alarmantes de persecución oficial, una amplia gama de restricciones y amenazas acechan el trabajo de los medios de comunicación en varios países de América Latina. Aunque menos patentes que la ley de "delitos mediáticos", las otras mordazas a la libertad de expresión no son menos preocupantes.