El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa suscribía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, momento estelar para el reconocimiento de principios individuales y colectivos inalienables, como la libertad, la igualdad, la propiedad, la resistencia a la opresión y la seguridad.

Han transcurrido 222 años de la aprobación de este documento universal pero la situación actual de los derechos humanos está muy lejos de ser óptima en Venezuela y en el mundo.

La violencia se ha instalado en la cotidianidad y ocupa todos los espacios. La universidad, como casi todas las instituciones venezolanas, también se ha convertido en blanco de la delincuencia que amenaza la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, sometidos a la zozobra y a los riesgos de la inseguridad. Devolver la tranquilidad y el sosiego a la casa de estudios se ha convertido en el principal desafío de nuestra gestión como autoridades universitarias.

Hemos convocado el consenso institucional para buscar respuestas, y solicitamos el apoyo de los organismos de seguridad regional y nacional para atacar de raíz el problema y garantizar el derecho supremo a la seguridad que estamos perdiendo peligrosamente.

Si la comunidad universitaria no cuenta con el resguardo y garantía de su integridad, será imposible alcanzar las metas y la productividad esperada. Nos tocará batallar unidos, con apoyo de la comunidad y de los gobiernos regional y nacional, porque a la inseguridad tenemos que enfrentarla con decisión, coraje y unidad, contando con el apoyo de los expertos.

No podemos vivir en la cultura del terror y el miedo porque nos acostumbramos a ser víctimas permanentes de la inequidad y del irrespeto a uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos: la seguridad.

(*): Vicerrectora Académica de LUZ

LV