Leímos con cierta alegría el pasado fin de semana una noticia que reseñaba la agencia EFE, en la que informaba que la Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Doña Elsa Casas, con motivo de su primer viaje oficial a Venezuela, le solicitaba formalmente al Instituto Nacional de Tierras de ese país (INTI), que resuelvan con la mayor agilidad posible los expedientes de casi cincuenta ciudadanos de origen canario, afectados por las invasiones, expropiaciones y confiscaciones de sus tierras. Los casos mas recientes de confiscaciones fueron el pasado 20 de abril 2009, en el Valle de Tucutunemo en el Estado Aragua.

Y decimos que leímos con alegría, porque en anteriores oportunidades las autoridades autonómicas canarias siempre han argumentado que estas quejas escapan a su ámbito de acción, y que las mismas le corresponden atenderlas únicamente al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, dirigido por el ministro Miguel Ángel Moratinos.  

Y es que a pesar que en el año 2007 se creó una comisión entre el Consulado General de España en Caracas y el INTI para resolver los pagos de las expropiaciones a los ciudadanos españoles, que se sepa, a día de hoy no se ha producido ningún pago por indemnización.

Para más ilustración sobre este tema me contaba un amigo gomero, que vive en Venezuela hace muchos años, que a él le expropiaron una pequeña finca en el Estado Falcón y que luego de agotar las vías legales con las autoridades venezolanas, se acercó al embajador de España en ese momento –Raúl Modoro- buscando apoyo (dado que mi amigo tiene la doble nacionalidad, es decir, pasaporte venezolano y pasaporte español).

El Embajador le contesto que “si él tenia pasaporte venezolano y vivía en Venezuela, que se las arreglara con los venezolanos”; como se dice en Canarias, “búscate la vida”. Y eso fue lo que hizo mi amigo, “habló” con el chavísta mandamás de la zona y luego de un “acuerdo” logró cobrar parte de sus bienes.

Ahora bien, esta historia se une a la más reciente visita que ha hecho a Venezuela el ministro Moratinos. Visita que deja bastante que pensar, dado que pareciera que al Gobierno de España no le importaran las continuas violaciones a la Constitución venezolana por parte de Hugo Chávez.  Pareciera que para el Sr. Moratinos los derechos humanos de los hondureños, que apoyan a Manuel Zelaya, son más derechos que los de los venezolanos y españoles residentes en Venezuela; que están siendo despojados de sus bienes, de sus derechos como ciudadanos, sin recibir justicia ni nada que se le parezca.                                    

Entiendo y apruebo que todos los gobiernos del mundo estén legítimamente dispuestos a velar por sus intereses, los de sus empresas y los de sus conciudadanos, pero eso no puede justificar hacer negocios con gobiernos forajidos como el de Hugo Chávez. Si todo vale ¿entonces España debería participar en el negocio de las drogas? Como España tiene empresas que fabrican armas, ¿debe seguir vendiéndole armas a Chávez para que siga amenazando a todos los venezolanos y a los países vecinos? Prueba fehaciente de las violaciones que sufren todos los empresarios venezolanos son precisamente los casos de los españoles afectados.

Al parecer el Sr. Moratinos ha tenido que incluir en su agenda el caso de los agricultores canarios, presionado por la queja del Gobierno del Archipiélago, y uno de los acuerdos firmados ha sido crear ¡otra! comisión para que siga estas indemnizaciones. La primera reunión de la misma se realizará el 13 de agosto. Estará encabezada por el Canciller de Venezuela –Nicolás Maduro – y el embajador de España –Dámaso de Lario. Supuestamente se reunirán cada quince días para revisar caso por caso estas circunstancias particulares.

En verdad, no creo que el ministro Moratinos sea tan ingenuo como para pensar que Hugo Chávez cumplirá estos acuerdos; el de esos… pequeños agricultores; pero como el dicho dice que “Se cazan más moscas con la miel que con el vinagre”, el Gobierno de España aprovechará para que Repsol YPF compre un millón de barriles de petróleo venezolano o para que Iberdrola venda una gran central eléctrica para la zona oriental venezolana; o que al BBVA le garanticen vivir en paz los próximos años.

Y es que no es lo mismo llamarse Emilio Botín (BSCH) o Antoni Brufao (Repsol YPF), que llamarse Orencio Marante, Nelson Martínez, Agustín González o Antonio Pérez (agricultores del valle de Tucutunemo).

Chávez chantajea a todo el mundo con sus petrodólares y no respeta a nadie. Y si no, pregúntenle a Moratinos y a la delegación de empresarios que le acompañaron. Tuvieron que llegar tarde a su cita en Brasil porque el teniente coronel decidió no recibirlos el día que estaba previsto, porque estaba de cumpleaños y congelando las relaciones diplomáticas con Colombia.

Los agricultores españoles afectados en Venezuela tienen la esperanza de que, por poseer el pasaporte español, cobrarán algún día sus bienes arrebatados, como si tuvieran un salvoconducto para que la revolución bolivariana no les toque a ellos. Ojala así sea. Lástima por el pueblo venezolano que, quizás, debería tener un pasaporte de una potencia extranjera amiga para tener a alguien que lo defienda de su propio gobierno…

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