No pueden existir dudas que tanto EEUU como Europa atraviesan una crisis económica importante con repercusiones políticas claras. Las democracias más estables del mundo presentan desequilibrios evidentes, con movilizaciones sociales importantes y cambios cualitativos de la opinión pública. El movimiento de los “indignados” en España ha sido quizás el más sonado en nuestro país, en parte por tratarse de la “madre patria”, pero también por su persistencia, fuerza y combatividad. Hemos visto también la ocurrencia de este tipo de demostraciones en otros países europeos e incluso en Israel, teniendo todos como denominador común la lucha de la gente por mantener sus condiciones de vida.

En la primera potencia capitalista los cambios se han percibido a través de estudios de opinión pública. Casi un 80 por ciento de los estadounidenses está convencido que sus congresantes no actuaron responsablemente en el caso del techo de la deuda y una proporción todavía mayor opina que el Congreso, en su conjunto, no lo ha hecho bien. Entre las causas de esta situación están las distorsiones de la democracia americana inducidas por la influencia determinante del dinero privado, que lleva a una acción preponderante de los grupos económicos de presión en función de sus intereses y a una actuación de diputados y senadores condicionada por estos y por la necesidad de dinero para sus campañas electorales.

Pero la causa fundamental del alejamiento del pueblo del sistema político radica en el rechazo actual a la existencia de sólo dos equipos políticos: Demócratas y republicanos, que deja fuera del juego a cualquier tercero. Se trata de un sistema bipartidista que se impone a los deseos de los ciudadanos, quienes en un 70 por ciento preferiría tener otra opción en las elecciones. El duopolio o, como lo llamamos nosotros: la polarización, ha dejado sin representación a una importante masa de estadounidenses, que se transforman en excluidos políticos.

En esta antidemocrática situación, juega un papel importante la manipulación de los distritos electorales que, en algunos estados, deja en los mismos partidos todos los cargos que se presentan.

Esta polarización, como toda polarización, es vista como totalmente contraria a los intereses de la mayoría y sólo favorecedora de los dos grandes partidos. En respuesta a la misma, en ciertos estados ha comenzado un movimiento de ciudadanos dirigido a terminar con esta situación y garantizar una mayor democracia y la posibilidad real de elegir candidatos no pertenecientes ni al partido demócrata ni al republicano.

Lo que me llama la atención en relación con Venezuela, es la ausencia de conciencia sobre la necesidad de enfrentar este mismo problema, por parte de grupos y partidos supuestamente democráticos y de izquierda. Modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para rescatar la proporcionalidad constitucional, debería ser una tarea de primer orden.