Julio ha traído buenas y malas noticias. Entre las primeras está la presentación de sendos libros bien informativos y argumentados sobre el tema de la justicia y la revolución que debemos a los profesores Chavero y Louza. Son análisis distintos pero concluyen en mostrar cómo el Tribunal Supremo no ha sido guardián del estado de derecho ni los derechos humanos, sino que se ha puesto al servicio de la revolución Si suponemos que los magistrados están conscientes de las críticas, cabría esperar que disimulen su sumisión, pero en julio hicieron lo contrario. Tras la alocución postoperatoria del presidente Chávez y su regreso de Cuba, la Presidenta del Tribunal, a nombre de los magistrados declaró formalmente: "Nuestra institucionalidad se encuentra arraigada, de tal modo establecida, que un solo Poder representa cada uno de los Poderes Públicos y por supuesto su dirección, su inspiración, su concepción de República es lo que inspira constitucionalmente el desarrollo de nuestras actividades" (www.tsj.gov.ve/infor- macion/notasdeprensa ). La línea a veces fina entre la lealtad institucional y la sumisión personal fue saltada con desparpajo.

Para no dejar dudas, el Tribunal admitió una denuncia contra el Gobernador Capriles y lo comunicó a la Fiscal General para que ésta iniciara el antejuicio de mérito. La decisión permite discutir si los jueces pueden dar cabida a iniciativas privadas para iniciar juicios, pero no hubo tiempo: bastó el señalamiento de que el denunciante había sido expulsado del PSUV para que el Tribunal revocara la medida. ¿Era esto jurídicamente relevante? Se comenta que no es tema de juristas sino que ante un error político, no quedó más remedio que agregar disparate al error.

Por último, el presidente Chávez, súbitamente mejorado del corazón, decidió exhortar a los responsables de la justicia para que liberara enfermos graves. Jueces, fiscales y defensores atendieron de inmediato la exhortación y unas pocas liberaciones han ocurrido. Parece haber sido necesaria esta exhortación para darse cuenta que el Código Orgánico Procesal Penal prescribe el enjuiciamiento en libertad.

¿Estas conductas se deben a compromisos ideológicos o al declarado amor por Chávez? Otra noticia introdujo un nuevo elemento: los magistrados reciben un bono alimenticio mensual de Bs. 10.000.

Ante el escándalo se aclaró que no tenía que ver con alimentación sino con gastos de representación. Nuevas interrogantes: ¿A quiénes deben agasajar los magistrados? ¿Qué cabildean? No vayamos más allá.

Remitamos a los excelentes libros de Chavero y Louza y no envidiemos a los magistrados. Ante los signos de cambio de régimen les conviene mostrarse independientes, pero en lo inmediato el Enfermo puede cortar cabezas a quien no declarare su sumisión.

TC