La publicidad consume cada vez más segundos del programa televisivo dominical del presidente venezolano, Hugo Chávez, desde que se ha propuesto hacerse con el control de los medios de producción del país, bien creando "empresas de producción social" o confiscando empresas privadas "capitalistas". "Tome refresco de Uvita para ser padre a los 100 años". "El que no tenga un Vergatario [teléfono móvil fabricado por la telefónica estatal, nacionalizada hace dos años] es un cero a la izquierda". "Use el Guayuquito [un pañal desechable fabricado por el Estado] para que se vea el carajito [niño] más bonito".

El Gobierno venezolano ha emprendido un viraje hacia la economía socialista y el último paso ha desatado todas las alarmas: se trata del proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada.

En el último año, Chávez ha convertido a más de 12.000 firmas contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela en "empresas de producción social", gracias a la entrada en vigor de una nueva Ley de Contrataciones Públicas y a la aprobación, en mayo de este año, de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos. Por decreto o mediante expropiaciones, el presidente venezolano también ha ordenado la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y la ganadería. Su última gran compra fue la de la filial venezolana del Banco Santander, que otorga al Estado el dominio del 25% de las captaciones de la banca nacional.

Si bien la Constitución establece la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública y expropie una propiedad, la revolución desea ir más allá en los supuestos que justifican la medida. El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta al Gobierno a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población". El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo "podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización", de los bienes "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".

El proyecto ha despertado una gran inquietud. Las encuestas recientes, incluso las encargadas por el Gobierno, reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.

Ante la presión de la opinión pública, la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, que está a cargo de la redacción de la ley, ha elaborado decenas de proyectos: un total exacto de 42, según el diputado chavista Ulises Daal, coordinador del equipo técnico que trabaja esta materia. Pero en todos hay un espíritu que se mantiene: "En la medida que empresas no cumplan su verdadero objetivo de participar activamente en el proceso económico, (...) claro que el Estado estará en la obligación de tomar los correctivos para encauzarlas, por cualquier vía, para que respondan a los intereses de la población venezolana", dijo el 28 de junio el diputado Daal, en una entrevista al diario caraqueño El Universal. "Vamos a transitar un largo trecho con la propiedad privada capitalista y en el transcurrir del tiempo la idea es que todos los medios de producción sean socializados", agregó. En lugar de burócratas burgueses, serían los propios trabajadores -agrupados en "unidades de producción socialista" y dirigidos y financiados por el Ejecutivo- los que se harían cargo de la dirección de las fábricas.

Los redactores del proyecto también han hecho una lectura bastante literal de la idea de crear "ejércitos industriales", planteada por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Además de "asumir el compromiso del trabajo productivo por la patria" y de "formarse técnicamente para el manejo de las empresas socialistas", el proyecto de ley establece que será deber de los trabajadores "formarse militarmente para la defensa de la soberanía nacional".

La nómina petrolera debería ir a la vanguardia de este ejército, en caso de que a los marines estadounidenses se les ocurra desembarcar en puertos venezolanos. Lo ha dicho el presidente de Petróleos de Venezuela y, a su vez, ministro de Energía, Rafael Ramírez. "El comandante Chávez ha hecho un llamado a que los trabajadores se incorporen en la milicia nacional. Tienen que estar los trabajadores porque es importante que sepan los enemigos de la revolución, el imperialismo norteamericano, que la industria petrolera está al servicio de nuestro pueblo. No vamos a permitir que nos la quiten", arengó el ministro a sus empleados, durante el primer encuentro nacional de Comités Socialistas de Trabajadores de la industria petrolera, que se realizó el martes en el Estado de Zulia.

Pero esa clase obrera "revolucionaria" llamada a conducir las industrias no ha crecido al mismo ritmo que el capital de este Estado petrolero. A pesar de los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución no ha logrado, en 10 años, hacerse con una base sindical sólida, y las reivindicaciones laborales en el sector público, desde el magisterio hasta los petroleros, están a la orden del día.

Por eso, para cerrar el círculo, el Gobierno también se ha planteado sustituir a los sindicatos por "comités socialistas de trabajadores" con los que el Estado-patrón sí estaría en disposición de negociar contratos y salarios. Una figura a la que también se refirió el martes el ministro Ramírez: "Los comités socialistas son una línea del comandante Chávez, son una línea de nuestro partido. No puede haber ninguna empresa bajo control estatal que no tenga comité socialista. Quien no tenga comité socialista es sospechoso de estar conspirando contra esta revolución".