La tercera persona que ocupa el cargo de Defensor del Pueblo desde que fuera instituido por la Constitución de 1999, la ex-diputada baruteña del Psuv Gabriela Ramírez, ha dado unas declaraciones que no sorprenden pero sí entristecen, y no tanto por ella sino por la investidura que ostenta.
Ha dicho en rueda de prensa que debe reducirse la "sensación de inseguridad" que tiene el pueblo, ya que en Venezuela más que un incremento real de la delincuencia lo que hay es una percepción de que aumentó...

Se hace oportuno, por lo tanto, recordar algunos indicadores básicos sobre el drama de la criminalidad nacional de la última década. En 1998, el número de homicidios perpetrados en el país fue de 4.500, y 10 años después, en el 2008, esa cifra se había elevado a más de 14 mil. Es decir, un incremento mayor al 300%, siendo que la población sólo experimentó un crecimiento cercano al 20%.

Nada más en Caracas, el número se asesinatos por año se aproxima al total nacional de hace un decenio. Y ello a pesar de que el aumento de la población capitalina es inferior a los niveles nacionales. En el primer semestre de este año, se han reportado casi 8.000 casos de muertes violentas en todo el país, lo que permite suponer que al final del 2009 la estadística roja arroje la cantidad de 16 mil homicidios en apenas 12 meses.

Todo esto representa un brinco bárbaro de la criminalidad, y por ende de la inseguridad que agobia a la generalidad de los venezolanos. La percepción social correspondiente no puede ser distinta a la que es: el hampa desbordada, el Estado incapacitado y los 28 millones y medio de venezolanos, desamparados.

También afirmó la Defensora Ramírez que "el problema de la inseguridad trasciende las fronteras nacionales y está motivado por las desigualdades sociales que existen en Venezuela y otros países latinoamericanos". Si su palabra fuera por delante, entonces se derrumbaría la retórica oficial sobre la disminución acelerada de nuestras inequidades  gracias a la Revolución bolivariana, porque a mayor criminalidad, mayor desigualdad.

Los "argumentos" de la joven Defensora del Pueblo, además, tenían el piquete de atribuirle a los medios de comunicación no-oficialistas la responsabilidad principal por la "sensación de inseguridad".

Ello sería potable si los índices de criminalidad no reflejaran una erupción volcánica en la década 1999-2009. Más de 120 mil muertes violentas en el tiempo que lleva en el poder el señor Chávez, son motivos mucho más persuasivos para entender el clima de angustia que envuelve a las familias venezolanas, que cualquier cobertura periodística al respecto por más insistente que sea.

Por cierto que al día siguiente de las referidas declaraciones de la Defensora Ramírez, se reportó un asalto y robo de armamento en una de las dependencias oficiales más custodiadas de Venezuela, el Fuerte Tiuna. ¿Qué nos queda a los demás?

Si la Defensora del Pueblo se dedicara a cumplir sus responsabilidades constitucionales, a lo mejor contribuiría a aliviar la sensación muy justificada de indefensión de la abrumadora mayoría de sus compatriotas.