El núcleo de la crisis venezolana radica en el uso utilitario de la Constitución, invocada por conveniencia e ignorada sistemáticamente cuando limita al poder.

Esta manipulación instrumental despoja a la república de seguridad jurídica, configurando las condiciones de un Estado tanto fallido como forajido. Tras la tragedia del doble terremoto del 24 de junio, el aparato estatal ha actuado de espaldas al derecho internacional; mantiene secuestrada a una nación cuya supervivencia colectiva fue relegada en función de la permanencia del régimen.

Ante la profunda devastación institucional y la evidente incapacidad del interinato para gobernar bajo el imperio de la ley, la instalación inmediata de una Junta de Gobierno Transitoria constituye una necesidad histórica impostergable. Esta Junta, integrada por civiles de conducta honorable, tendrá el objetivo primordial de convocar a elecciones presidenciales legítimas a la brevedad. Solo un mandatario surgido de un proceso transparente podrá suscribir contratos válidos, restablecer nexos comerciales formales con los Estados Unidos y atraer la inversión privada indispensable para la reconstrucción económica.

Por otra parte, la criminalidad arraigada en el territorio plantea desafíos de gran escala que impiden soluciones mágicas. Si bien la oportuna acción de la administración de Donald Trump a inicios de año logró destrabar un nudo político interno insuperable, la desarticulación de las bandas delictivas tomará tiempo. Hoy, este esfuerzo coincide con las tareas críticas de estabilización y asistencia humanitaria requeridas tras los destructivos sismos que afectaron severamente a la región centro-norte.

Pese a la emergencia sismológica, el país exige una hoja de ruta clara para mitigar la parálisis social. La publicación formal e inmediata del cronograma electoral y el retorno seguro de quienes desean participar renovarían las esperanzas democráticas de la sociedad. Fijar la fecha electoral devolverá la confianza en el voto, consolidará el plan de tres fases conducido con el apoyo de EE. UU. Y guiará, de forma menos traumática, la refundación ética y la restitución definitiva de la soberanía. De lo contrario, cualquier pacto con un gobierno tutelado ahuyentará los capitales que buscan un marco jurídico genuino.

Bajo el principio de la coherencia democrática, es imperativo entender que no se puede fundar la libertad utilizando las herramientas del opresor. Si para liberar a una nación se viola su norma suprema, el nuevo gobierno nacerá con la misma mancha de ilegitimidad que intentaba combatir, perpetuando el ciclo de la arbitrariedad jurídica y vulnerando el fin último de la transición.